El escenario de Panamá frente a la implementación del impuesto mínimo global

En el 2021, Panamá formó parte de los más de 130 países que respaldaron los dos pilares del Marco inclusivo sobre la Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS por sus siglas en inglés), que fue propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el Grupo de los Veinte (G20), para abordar la evasión fiscal y el traslado de beneficios.

Según la Ocde, con el Pilar Uno se espera reasignar a estas jurisdicciones el derecho de imposición sobre más de $125,000 millones de beneficios anuales. Mientras que el Segundo Pilar se habla de la introducción de un impuesto mínimo global (IMG) sobre sociedades del 15 %, que superan el límite de los $842,520,000.00 (750 millones de euros), con lo que se calcula que se generará una recaudación tributaria adicional, en todo el mundo, de unos $150,000 millones anuales.

Para adaptarse a este marco regulatorio, “Panamá, como otros países, deberá revisar sus regulaciones tributarias actuales y evaluar sus incentivos fiscales”, comentó Publio De Gracia, director general de la DGI.

Hasta el momento, se realiza una revisión integral de las empresas multinacionales (EMN), que podrían entrar como parte de los dos pilares del BEPS. “Esta evaluación incluye cifras, sectores económicos, zonas económicas especiales y los incentivos fiscales existentes”, informó Tiffany Reyes, jefa de Precios de Transferencia de la dirección General de Ingresos (DGI).

Frente al cumplimiento del Segundo Pilar, De Gracia comentó que entre las ventajas principales, está el hecho de que el Gobierno de la República de Panamá, al participar activamente en las discusiones sobre el IMG, “tiene una perspectiva más amplia del impacto en la recaudación, la cual es una oportunidad de nuevos ingresos , y a su vez podría crear nuevos incentivos para la atracción de la inversión internacional de empresas multinacionales”.

Reconoció que ante un escenario de “fuerte” cambio a nivel global fiscal, el IMG “implica retos para las administraciones tributarias, como la evaluación de las normativas nacionales actuales, que requiere un esfuerzo por parte de estas administraciones que deben involucrar a los contribuyentes, a fin de evitar una percepción de inseguridad e inestabilidad”.

Mencionó que la dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (Deffi) será la facultada para definir y adecuar la estrategia nacional adoptada en cuanto a los estándares internacionales fiscales y financieros, como también de elaborar, mediante redacción, presentación y sustentación de la política fiscal nacional relacionada al cumplimento de estándares internacionales, tanto financieros como fiscales.

No obstante, De Gracia dijo que “el equipo de tributación internacional, en especial el departamento de precios de transferencia de la DGI participa activamente de las reuniones de la Ocde que abordan los dos pilares y las discusiones sobre las guías de implementación, por lo tanto, dan sus recomendaciones a Deffi, a fin de concretar una estrategia país y poder dar respuesta a las dudas que mantienen actualmente las empresas multinacionales”.

La jefa de Precios de Transferencia de la DGI entiende que existen preocupaciones, por parte, de los contribuyentes sobre las implicaciones de hacer una revisión completa de las leyes nacionales, en materia de estabilidad jurídica de las EMN, los incentivos fiscales y las leyes de las zonas económicas especiales, por mencionar algunas. Rescató que la “incertidumbre” que existe no es solo de Panamá, sino de todos los países que adoptaron los dos pilares del BEPS, ya que a todos les preocupa los temas relacionados a las posibles afectaciones a la recaudación tributaria y al status quo.

“Por lo menos, Panamá tendrá que hacer una revisión de las leyes a nivel local y regional para hacer un análisis comparativo de cómo puede implementarlo y cuál es la mejor manera porque la Ocde espera que la implementación del pilar uno y dos se dé para el 2024 de manera completa”, manifestó Reyes.

“Para poder dar respuesta a estas inquietudes, constantemente nos mantenemos participando en capacitaciones y foros para no solo comunicar lo que establece la Ocde, sino también para discutir el impacto y el nivel que va a tener el IMG en la recaudación y en la competitividad regional con otras jurisdicciones”, añadió.

La jefa de Precios de Transferencia de la DGI aclaró que con el establecimiento del IMG los países pueden hoy mismo aplicarlo, pero todo depende de los avances que hagan en materia de sus legislaciones domésticas. Otro escenario, sostuvo, es que Panamá, por ejemplo, puede también optar por no acogerse al IMG, pero bajo el riesgo de dejar de percibir la recaudación de l 15%, que, muy bien, pudiera estar llevándose otra jurisdicción.

Actualmente, la DGI se encuentra evaluando cuáles serían esos ingresos que Panamá tendría que enfrentar si adopta el IMG. Por lo tanto, prefiere no dar una cifra completa porque el panorama todavía es “incierto”.

“La DGI está activamente haciendo la revisión, tanto en las zonas económicas especiales, los incentivos y las cifras. También estará realizando estudios de cada empresa que cumple con los requisitos de los dos pilares del BEPS. De esta forma, buscamos identificar cuál es ese 15% y cuánto representaría, una vez que logremos identificarlo se lo enviaremos al ministro de Economía, Héctor Alexander”, enfatizó Reyes.

“Creo que simplemente es ir paso a paso y no apurarnos a aplicar algo que pueda o no ser beneficioso, o, incluso, impactar a distintos sectores económicos o afectar a distintas empresas. Por eso la DGI se está tomando su tiempo de evaluar las cifras, de evaluar las áreas económicas especiales, de evaluar los incentivos, a fin de poder dar respuesta a los contribuyentes”, añadió.

La jefa de Precios de Transferencia de la DGI aclaró que adoptar el IMG “no implica que el país cambie su enfoque de territorialidad nacional a global, sino que recibiría ingresos que antes no contaba”. Defendió que el IMG tiene el enfoque de evitar la competencia desleal entre las grandes multinacionales. “Lo que se busca es un porcentaje neto para que todos sean competitivos en ese sentido, pero esto también involucra que como país tengamos que buscar nuevas herramientas y estrategias para ser competitivos a nivel regional”, concluyó.