Exministro de minas peruano: Situación de la mina panameña es ‘crítica’, hace falta ‘diálogo e institucionalidad’

Actualizado
  • 15/06/2024 09:10
Creado
  • 14/06/2024 17:54
Voces internacionales consideran que el país no debe apostar por cerrar la mina, sino por un proceso de ‘reapertura sostenible y transparente’ que traiga desarrollo al país

Para el exministro peruano de Energía y Minas (Minem) Luis Inchaustegui la situación por la que atraviesa la mina de Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón, es “crítica”. “Es necesario que el país tenga un diálogo abierto y profundo sobre el tipo de desarrollo que quiere tener. Si se decide que la minería forme parte de eso, está bien, pero si no también”, dijo a ‘La Decana’.

En caso de que el país decida apostar por el desarrollo minero, el también abogado cree que es necesario redefinir la concepción que se tiene de la minería, a nivel ambiental, social, jurídico y político, para poder tener “reglas más claras” que faciliten la reapertura de la mina colonense y otras que puedan iniciarse en el territorio local.

“El mundo actual necesita de minerales para su proceso de transición energética y digitalización, y uno de esos minerales es el cobre, que es clave en el desarrollo de energías renovables”, detalló.

El exembajador de Chile en Panamá Francisco Cruz, quien ha seguido de cerca la evolución de la mina de cobre, cree que las protestas que estallaron a finales de 2023 fueron producto de la acumulación de un “malestar social” que encontró su desahogo en la causa antiminera. “Tras pasar cerca de seis meses de aquellos acontecimientos, queda claro que el país debe tomar decisiones al respecto, dado que la inacción no es una acción”, indicó el jurista sudamericano.

“Panamá es soberano y las nuevas autoridades deben analizar cómo catalizar las nuevas circunstancias para determinar si es posible construir un nuevo entendimiento sobre la minería”, señaló.

Se trata de un entendimiento que puede pasar por distintas aristas, lo que no puede variar es el hecho de que “el Estado es el dueño evidente de todos los proyectos mineros que se realizan en él, no la compañía de turno, y eso no entra en discusión en Perú ni en Chile”, dijo el exdiplomático.

Al ser consultado sobre los factores que deben cimentar ese nuevo entendimiento, Cruz explicó que se debe basar en un claro “retorno social” de la inversión minera para los panameños. También hay que analizar el impacto financiero que produce e intentar vincular el concepto minero con un nuevo paradigma. “La minería no puede ser un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar el desarrollo”, indicó.

Datos del último informe de transparencia fiscal y contribuciones a los gobiernos, realizado por First Quantum Minerals Ltd., muestran que para 2023 el país recibió $754 millones en ganancias, producto de la suma del pago de impuestos, regalías y otros montos que representaron el 47% de todas las contribuciones económicas que la mina dio, en los países en donde tiene presencia.

Entre 2016 y 2023 la compañía generó una derrama de $1.529 millones en la economía del país, siendo el país que más ingresos recibió de la empresa, en 2023, a nivel mundial.

En el caso de Perú, Inchaustegui aseguró que la actividad minera produce cerca de 250.000 empleos directos y que la cantidad de empleos indirectos se multiplica por cinco.

“La minería representa el 60% de las exportaciones del Perú. Es cerca del 12% del producto interno bruto del país (PIB), ayudando a contribuir con el combate a la pobreza”, remarcó.

En relación con Chile, Cruz comparó el impacto de la minería en su nación con los aportes que el Canal de Panamá da a este país. “Es casi el 20% de los ingresos fiscales anuales de Chile, son cifras cercanas a los $10.000 todos los años”, detalló.

Estos datos hacen que, a juicio del abogado chileno, sea importante que se incremente la “legitimidad social de la minería” en Panamá, calculando en un “diálogo que le haga entender a las comunidades y al país entero por qué deben apostar por esta actividad ”, agregó el jurista, quien comentó que parte de la conversación pasa por entender que el cambio climático debe formar parte de los puntos a tratar, dando garantías reales y tangibles de qué se va a preservar y qué va a restaurar la naturaleza.

“El acercamiento del Estado y la empresa minera debe estar desde el origen de la concesión, no una vez que se permita, porque se debe hacer sentir a la ciudadanía parte de todo lo que se haga”, dijo.

Estas palabras fueron respaldadas por Inchaustegui, quien alegó que no puede haber desarrollo minero mientras exista la desigualdad e inequidad social. “De qué les sirve a las personas que abran una mina si siguen viviendo en pobreza, si las riquezas de esa inversión no se traducen en un mejoramiento de la calidad de vida”, cuestionó.

“Nadie puede negar que la minería genera un impacto adverso en el ambiente, lo que sí debe garantizar el Estado es que ese impacto sea mínimo y que sus beneficios (económicos) lo superen”, aportó el exministro.

Otro punto importante es que la construcción de confianza ciudadana pasa por generar un marco político, institucional y constitucional “robusto”, que sea independiente de presiones e ideas políticas, para que regule los procesos mineros, desde antes que se apruebe una concesión.

Inchaustegui puso como ejemplo un proyecto minero que impulsaron en Cajamarca, en Perú, el cual quedó paralizado por la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. “Después de un largo proceso de diálogo inclusivo, lo que se propuso fue crear una institución [el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles] que es independiente del ministerio que aprobaba las concesiones, para construir confianza, basándose en criterios técnicos”, y una vez establecido y en funcionamiento, se restableció el proyecto.

A este planteamiento hay que sumarle la implementación de procedimientos apolíticos al momento de nombrar las autoridades que se encarguen de liderar las instituciones fiscalizadoras. Cruz puso como ejemplo la experiencia chilena. “En Chile nos manejamos con el Sistema de Alta Dirección Pública, el cual es una agrupación público-privada que designa a todas las autoridades que intervienen en los sectores regulados, desde una perspectiva más amplia”, relató.

“Estas personas solo pueden ser reelegidas una sola vez y son escogidas bajo un proceso exhaustivo de sus competencias”, afirmó.

Chile también implementó la creación de tribunales ambientales, que permiten desconcentrar las decisiones en el renglón. “Son tribunales integrados por dos abogados y un ministro científico (especializado en el tema) que nos han permitido generar un largo precedente de decisiones jurisdiccionales”, asegura.

El problema de Panamá, a juicio del diplomático chileno, es que intentó generar su marco jurídico y técnico de regulación, en paralelo a la aprobación de concesiones mineras. “Es fundamental que cuenten con estos marcos regulatorios para que se incremente la credibilidad en el proceso, antes de plantear una potencial reapertura”, explicó.

El pasado 14 de junio, el titular designado al Ministerio de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dijo a los medios que la instrucción del presidente electo de la República, José Raúl Mulino, es efectuar un “cierre ordenado de la mina”. A juicio del próximo líder de la República, es reabrir la mina de Donoso para cerrarla con los ingresos que generó.

Desde finales de noviembre de 2023, Minera Panamá almacena más de 130.000 toneladas de concentrado de cobre en la mina, sin determinar qué se hará con eso.

A juicio de Inchaustegui, esta óptica debería ser una de las últimas opciones por las que apueste el país. “La cantidad de cobre y la oportunidad de desarrollo que esto puede traer para Panamá hace necesario conversar para intentar reabrir de la mejor forma”, valoró.

Sobre este asunto, Cruz cree que “no es prudente adelantarse a cómo abordarse el tema, pero está claro que la inacción no es una alternativa”, concluyó el especialista.

Luis Inchaustegui
exministro peruano de Energía y Minas
“Nadie puede negar que la minería genera un impacto adverso en el ambiente, lo que sí debe garantizar el Estado es que ese impacto sea mínimo y que sus beneficios lo superen”

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