¿La ‘reforma fiscal’ tiene futuro?

En forma peculiar, el extenso plan de reforma fiscal revelado recientemente por el representante Dave Camp, presidente republicano del Comité de Medios y Arbitrios, demuestra el motivo por el que las medidas a medias no funcionan. El impuesto a los ingresos se ha convertido, mediante los numerosos descuentos, créditos y exclusiones, en un baluarte de poder político por el que el congreso y la Casa Blanca premian y castigan a diversos grupos y causas. Si no eliminamos este sistema en forma decidida, sobrevivirá, a pesar de los enérgicos esfuerzos por hacerlo más eficiente. Eso es lo que ofrece Camp y pienso que no es suficiente.

Camp convertiría siete tasas fiscales (del 10% al 39.6%) en tres: 10%, 25% y 35%. Para financiar esas reducciones, se reducirían algunas exenciones fiscales. El descuento para impuestos estatales y locales desaparecería. El descuento de la tasa de interés de las hipotecas de viviendas se reduciría, limitando su aplicación a préstamos de hasta 500,000 dólares, mientras que ahora el límite es de 1 millón de dólares. (Se protegerían las hipotecas existentes.) Los descuentos para las contribuciones benéficas se aplicarían sólo a aquellas que excedieran un 2% del ingreso bruto ajustado del contribuyente.

El plan de Camp representaría una mejora. La porción de contribuyentes que debería presentar un detalle caería de aproximadamente un tercio a alrededor de un 5%. Ese cambio significaría una enorme simplificación. (Para alentarlo, el plan aumentaría el descuento estándar de 12,200 dólares por pareja, en 2013, a 22,000 dólares.) Aún así, el sistema fiscal de Camp sería similar al actual. Sería complejo y tendría tasas altas. Los descuentos para contribuciones benéficas e hipotecas que sobrevivirían son ejemplos de una complejidad duradera.

Por su diseño, el plan de Camp coincide con la carga fiscal actual sobre los ricos, la clase media y los pobres. También duplica aproximadamente la cantidad de rentas que se recaudan. Podrían alcanzarse esos objetivos con tasas más bajas —digamos, una tasa máxima del 25%— pero eso requeriría una gran ampliación de la base, que pienso que incluiría, al menos las siguientes medidas: la eliminación de todos los descuentos para las tasas de interés de hipotecas y para contribuciones benéficas; gravar el seguro de salud proporcionado por el empleador; y acabar con las tasas preferenciales a las ganancias de capital (ganancias de la venta de acciones y otros bienes).

Esta propuesta, se dice, sería un suicidio político. Camp ya se ha enemistado con poderosos grupos al apoyar recortes de preferencias ya existentes. Los constructores de viviendas y agentes de bienes raíces resistirán los límites al descuento de la tasa de interés de las hipotecas. Las iglesias, universidades y otras entidades sin fines de lucro denunciarán el enfoque más estricto para las contribuciones benéficas. Dudo que la oposición fuera más fuerte si Camp instara a una revocación completa de esas exenciones fiscales.

Si se va a librar esta batalla, más vale adquirir superioridad moral adoptando una posición de principios. Lo que está en juego es la naturaleza del sistema fiscal. ¿Queremos un sistema relativamente simple, que recaude rentas públicas en la forma más eficiente posible, mientras minimizamos la interferencia en la economía y en las decisiones privadas de familias y firmas? ¿O queremos un sistema que dé poder al Congreso para micro-administrar la economía y que convierta las exenciones fiscales —a menudo poco eficientes— en regalos políticos?

Alguien tiene que defender la simplicidad y el freno, porque la mayoría de los políticos abogan por la complejidad y el poder. Hemos estado anteriormente en esta situación. Bajo la Ley de la Reforma Fiscal de 1986, se eliminaron las exenciones fiscales y la tasa tope se redujo de un 50% a un 28%. La legislación fue patrocinada por ambos partidos, apoyada por el presidente Reagan y miembros del Congreso de ambos partidos. Pero el presidente Clinton saboteó ese sistema defendiendo con éxito una tasa tope del 39.6% y apoyando nuevas exenciones fiscales. El presidente Obama sigue el mismo guión: tasas más altas, más exenciones.

Por supuesto, la decisión no implica escoger o una cosa u otra. Aunque apoyo un sistema más simple, yo retendría algunas preferencias importantes que apoyan objetivos nacionales más amplios. Una sería el Crédito Fiscal al Ingreso Ganado (EITC, por sus siglas en inglés), que sirve de subsidio a los jornales para trabajadores de bajos ingresos. A todos nos conviene hacer que el trabajo sea más atractivo para los obreros no especializados. Otra sería las preferencias fiscales para contribuciones a cuentas de jubilación. Sin ese atractivo, millones de norteamericanos no ahorrarían para sus años de vejez.

Pero nuestro sistema está muy lejos de este enfoque básico. Hay exenciones fiscales para automóviles eléctricos, matrículas universitarias, adopciones, gastos de mudanza y eficiencia energética, entre otros rubros. Y, por supuesto, las empresas gozan de muchas exenciones (temas de una futura columna). Algunas preferencias promueven causas valiosas, pero colectivamente, imponen un considerable costo, ya que se dedica más tiempo y gastos a planificación, cumplimiento y lobbys fiscales.

Las preferencias fiscales están tan incorporadas en la urdimbre política, económica y social de la nación que, bajo cualquier circunstancia, la aprobación hasta del suave plan de Camp sería improbable. Los políticos no entregarán dócilmente esta forma de poder. Ni tampoco los electorados receptores cederán sus ventajas espontáneamente. Aún así, las probabilidades podrían ser mejores si fuéramos más audaces y tuviéramos que obtener apoyo público para una reorganización genuina, no sólo para pequeñas modificaciones.

ESPECIAL PARA LA ESTRELLA