Proyectos fallidos, rendición de cuentas, coimas y sobornos

Durante décadas, las contrataciones públicas en Panamá han sido foco recurrente de escándalos: sobreprecios, coimas, colusión y una alarmante opacidad en la ejecución de obras estatales. A pesar de la magnitud del daño económico y social que estos actos generan, muchas irregularidades han quedado impunes, normalizándose prácticas que socavan la confianza ciudadana y el buen uso de los recursos públicos. En este contexto, resulta urgente revisar la Cartera de Proyectos Públicos para identificar patrones que evidencien altos niveles de corrupción o ineficiencia administrativa.

La falta de transparencia, la ausencia de rendición de cuentas efectiva y la constante modificación normativa —como los cambios al Texto Único de la Ley No. 22 de Contrataciones Públicas— han generado un marco regulatorio confuso e inconsistente. Ante esta realidad, es imperativo impulsar reformas profundas que alineen la normativa con las necesidades reales del país.

De acuerdo con datos oficiales del sistema COBE (Control de Obras del Estado) de la Contraloría General de la República, al 17 de diciembre de 2024 —seis meses después del cierre de la administración 2019-2024—, se registran 3,217 proyectos públicos con una inversión total de $26,381 millones. De ellos, 1,232 ya están terminados ($6,261 millones), mientras que 1,985 continúan en ejecución ($20,120 millones). Además, se han registrado 1,376 gestiones de cobro por un monto acumulado de $14,331 millones, lo que revela serias dificultades en la liquidación financiera de las obras.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la antigüedad extrema de ciertos proyectos: algunos datan de hasta 21 años, según su fecha de orden de proceder. Esta prolongación injustificada contradice los principios básicos de eficiencia y gestión responsable, evidenciando un manejo deficiente por parte de las entidades estatales. Peor aún, persisten proyectos terminados sin liquidar y otros en ejecución cuyos plazos contractuales se ignoran como si el tiempo fuera un recurso ilimitado. Este desprecio por el costo de oportunidad no solo dilapida fondos públicos, sino que frena el desarrollo nacional. Estos datos deben servir como llamado de atención a autoridades, funcionarios y contratistas: la corrupción y la ineficiencia en las contrataciones públicas no son meros errores administrativos, sino actos que perjudican directamente al país. Urge una reforma integral del sistema, con reglas claras, sanciones ejemplares y mecanismos de control verdaderamente independientes.

En el ámbito de la gestión pública panameña, los proyectos de infraestructura de larga duración —tales como las represas de Bayano, Estrella- Los Valles y La Fortuna, la ampliación del Canal de Panamá, el Puente Centenario, la Cinta Costera o los corredores Norte y Sur— suelen requerir entre 48 y 60 meses para su ejecución óptima. No obstante, un análisis riguroso de la cartera estatal revela una anomalía preocupante: 1,174 proyectos contratados hace entre cinco y veintiún años permanecen inconclusos, habiendo consumido recursos por $14,091,622,203.77 sin generar beneficios tangibles para la población. Este desfase entre plazos razonables y realidades contractuales evidencia fallas estructurales en la planificación, supervisión y rendición de cuentas.

De los 1,985 proyectos oficialmente registrados como “en ejecución” —con un valor total de $20,120 millones—, solo 553 mantienen contratos vigentes (B/.14,627 millones). El resto, 1,432 iniciativas valoradas en $5,492 millones, operan bajo contratos ya vencidos. Dentro de este universo, la categoría más crítica corresponde a los proyectos fallidos: 903 obras con avances físicos inferiores al 35 %, que acumulan $1,739 millones en asignaciones presupuestarias y $188 millones ya desembolsados mediante gestiones de cobro. Estos recursos, al no traducirse en infraestructura funcional, representan una pérdida irrecuperable para las finanzas nacionales y un quebranto directo al interés público.

Particularmente alarmante es el subgrupo de 733 proyectos con 0 % de avance físico, pese a haber recibido $587,974,096.13 del erario. Paralelamente, se registraron 46 gestiones de cobro por $37,400,106.68, lo que confirma que se efectuaron pagos sin contraprestación material alguna. Este fenómeno no responde a imprevistos técnicos, sino a una combinación de deficiente planeación, supervisión laxa y posible negligencia administrativa.

El análisis estadístico por rangos presupuestarios muestra que el 99,34 % de los proyectos fallidos (897 iniciativas) recibieron asignaciones entre $90 y $24,1 millones, totalizando $854,6 millones. Destacan, no obstante, casos extremos: un proyecto único con asignación superior a $144,8 millones ($388,1 millones en total) y dos obras adicionales en rangos de $72 a $144 millones, que acumulan gestiones de cobro por más de $71 millones combinados. Estas cifras reflejan que el problema trasciende el monto: afecta tanto microproyectos como megainiciativas, evidenciando una falla sistémica en el ciclo de gestión contractual.

Este dispendio no solo implica pérdida financiera directa, sino también un costo de oportunidad devastador. Cada balboa malversado representa escuelas no construidas en zonas rurales, centros de salud sin equipar en comunidades vulnerables o vías de acceso no pavimentadas que aíslan a poblaciones enteras. En un país con brechas sociales persistentes, priorizar proyectos inviables sobre necesidades básicas constituye una distorsión ética y técnica de la función estatal.

Un hallazgo relevante del presente estudio es la dispersión actual de contratistas, a diferencia de periodos anteriores donde empresas como Odebrecht, FCC, MECO o Conalvias dominaban el mercado estatal, configurando lo que parecía un oligopolio compulsivo. Si bien esta fragmentación podría interpretarse como mayor competencia, no garantiza eficiencia ni transparencia. Por el contrario, exige investigar si el marco normativo —especialmente la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas y sus reformas— contiene vacíos que facilitan la fragmentación deliberada de obras o la selección de oferentes sin capacidad técnica real.

No se trata de señalar sin pruebas, pero sí de exigir rigor institucional. La Contraloría General de la República, el Ministerio Público y las unidades de auditoría interna deben activar mecanismos de fiscalización retroactiva: revisar expedientes, verificar cumplimiento de garantías contractuales, cuantificar daños al Estado y, donde corresponda, iniciar acciones resarcitorias y penales. La liquidación formal de contratos inviables es urgente para liberar partidas presupuestarias y cerrar ciclos administrativos inconclusos.

Este análisis cuantitativo —basado en datos oficiales de avance físico, estado contractual y gestiones de cobro— busca trascender la denuncia coyuntural. El problema no radica en la ausencia de talento profesional; Panamá cuenta con técnicos, economistas e ingenieros capacitados. La falla reside en la debilidad institucional: ausencia de sanciones ejemplares, rotación excesiva de funcionarios sin transferencia de conocimiento y una cultura administrativa que tolera la impunidad. La verdadera institucionalidad exige que cada entidad —desde el Ministerio de Economía hasta las autoridades locales— asuma su rol con autonomía técnica y compromiso cívico.

La responsabilidad última recae en tres actores: funcionarios públicos que priorizaron intereses particulares sobre el bien común, una clase política que no ejerció vigilancia efectiva y contratistas —nacionales y extranjeros— que aceptaron compromisos sin capacidad real de ejecución. Todos ellos traicionaron la confianza de un pueblo que, mediante sus impuestos, financia el desarrollo nacional. En la gestión pública, como en la ética, las malas decisiones siempre generan consecuencias.

El camino hacia la recuperación exige acciones concretas: reformar el sistema de evaluación de oferentes, implementar auditorías en tiempo real mediante tecnología blockchain, crear un registro público de contratistas sancionados y fortalecer la carrera administrativa para evitar politización de cargos técnicos. Países como Corea del Sur o Singapur demuestran que la transparencia en contrataciones no es un ideal abstracto, sino una práctica alcanzable mediante marcos legales robustos y voluntad política genuina.

Mientras los proyectos duermen en archivos burocráticos, Panamá pierde más que dinero: pierde tiempo, confianza ciudadana y oportunidades de desarrollo inclusivo. No basta con diagnosticar; urge actuar con determinación. Porque en la gestión pública, la indiferencia es cómplice del desastre, y la justicia sin discriminación —entre poderosos y humildes— es la única base para reconstruir el contrato social quebrantado. El momento de la rendición de cuentas es ahora.