Groenlandia y el Canal de Panamá: Soberanía Inteligente

Groenlandia y el Canal de Panamá parecen, a primera vista, dos debates sin relación: una isla ártica bajo soberanía del Reino de Dinamarca y una vía acuática en un istmo tropical que sostiene el comercio marítimo global. Pero ambos comparten una realidad: hay geografías tan decisivas que se vuelven infraestructura de seguridad internacional. En esos puntos, Estados Unidos actuará para proteger sus intereses, esperando de sus socios claridad, cooperación y capacidades.

En el caso de Groenlandia se olvida a menudo un hecho clave: Tras la Segunda Guerra Mundial, y en el marco de la OTAN, Dinamarca y Estados Unidos consolidaron acuerdos de defensa que permitieron una presencia estadounidense sostenida, hoy visible en la Base Espacial Pituffik. La soberanía danesa no desapareció; coexiste con un arreglo aliado pensado para evitar vacíos estratégicos. Lo que cambió fue el entorno: Rusia y China se han posicionado en el Ártico para influir rutas emergentes, recursos e infraestructura a medida que el hielo retrocede. Para Washington, la lógica es directa: impedir ambigüedad, negar ventajas de proximidad y mantener ese espacio anclado en una arquitectura de seguridad amistosa.

Por lo que respecta al Canal de Panamá, nuestro país enfrenta un momento y una premisa comparables: su soberanía e independencia son incuestionables. Precisamente, por eso debemos hablar sin consignas: cómo ejercer soberanía, para garantizar la operación neutral y segura del Canal, en un mundo donde la neutralidad no se sostiene sola.

Aquí conviene recordar, especialmente a ciertos “nacionalistas”, una distinción básica: la neutralidad es una obligación para la operación del Canal, no una camisa de fuerza para la política exterior de Panamá. El Canal es -y debe ser- neutral; Panamá no.

Para Estados Unidos, el Canal no es ni una administración local ni conveniencia comercial: es un interés de seguridad nacional porque determina la movilidad entre Atlántico y Pacífico y la sostenibilidad de sus rutas comerciales y de defensa. El Tratado de Neutralidad estableció un régimen permanente que exige credibilidad práctica. Su Artículo V dispuso que solo Panamá mantendría fuerzas militares en su territorio. Sin embargo, tras las reformas constitucionales de 1994, Panamá disolvió sus fuerzas militares. Internamente, podrá debatirse pero, internacionalmente, queda una tensión evidente: garantizar neutralidad requiere capacidades que hoy se perciben insuficientes.

Washington interpretaría esa brecha como vulnerabilidad, y la Reserva DeConcini sigue siendo relevante en su postura para asegurar la neutralidad. Estados Unidos mira a Panamá dentro de un Gran Caribe donde regímenes no democráticos han cultivado influencia y se suman amenazas transnacionales: carteles, tráficos que cruzan Colombia y presionan nuestra frontera, finanzas ilícitas, corrupción y ciber-vulnerabilidades. En este entorno, no hacer nada no es neutralidad; es permisividad, y la permisividad invita a la captura estratégica.

Hay, además, una dimensión geoeconómica que Panamá no puede minimizar: el deshielo ártico ya abre rutas comerciales que compiten con corredores tradicionales, incluido el nuestro. Esas rutas son valiosas para Rusia y China: Rusia gana palanca e ingresos y refuerza huella militar y China obtiene diversificación logística y menor dependencia. Con el tiempo, es previsible que ambos regímenes actúen para reducir la importancia relativa del Canal, porque debilitar un punto que beneficia a Estados Unidos y sus socios es una ganancia estratégica.

Por eso Panamá debe despertar con nacionalismo pragmático. Si queremos que el Canal siga siendo central, debemos priorizar su seguridad, la conciencia del dominio marítimo y la soberanía sobre nuestras aguas. Esto exige reconocer verdades incómodas: las unidades policiales panameñas, por sí solas, no pueden disuadir amenazas complejas; la competencia se libra con presencia comercial, infraestructura y datos; y Estados Unidos no tolerará ambigüedad cerca de un activo vital. Alinearse más con Estados Unidos no es ceder independencia; es fortalecer nuestra capacidad de decidir sin coerción de potencias externas ni de redes criminales.

El caso de Groenlandia refuerza una idea que he propuesto: un partenariado con la OTAN para Panamá, no como miembro formal, sino como cooperación institucionalizada. El respaldo de la OTAN a los intereses nacionales puede gestionarse sin erosionar soberanía, si se construye legitimidad. En Panamá, una iniciativa hemisférica liderada por Estados Unidos, con aliados de confianza, incorporando a miembros de la OTAN, que también sean signatarios del Tratado de Neutralidad, aportaría capacidad colectiva y legitimidad internacional. Ese enfoque debe abarcar nuestra soberanía marítima. Las zonas económicas exclusivas del Atlántico y el Pacífico son activos estratégicos, pero hoy sufren la pesca ilegal. La región ya ha visto presencias intensas de flotas chinas, como en Ecuador. Si no podemos vigilar y defender efectivamente esos recursos, la soberanía se vuelve simbólica.

El obstáculo principal sigue siendo político. El nacionalismo y la memoria histórica son comprensibles, pero el populismo que demoniza cualquier cooperación estructurada con Estados Unidos no protege el futuro: protege un eslogan. En la dinámica actual, -asociada también a la visión hemisférica de la doctrina “Donroe”-, la inacción aumenta la vulnerabilidad. Es por ello que vale la pena mirar sin prejuicios un ejemplo valioso: Israel. Una nación que sabe ser soberana y nacionalista y, a la vez, el aliado más cercano y consistente de Estados Unidos. Por lo tanto, la lección comparada es clara: la soberanía se fortalece cuando se construye capacidad real y alianzas fiables. Panamá será más soberana si elige, temprano y en sus propios términos, una alineación estratégica total con Estados Unidos y la OTAN que proteja el Canal, nuestras aguas y nuestra prosperidad.