El diputado Eduardo Gaitán, ha asumido una postura firme frente a lo que considera una “lección que no debe repetirse”.
- 25/02/2026 00:00
El aumento del arancel global de Estados Unidos del 10 % al 15 %, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, genera incertidumbre en el comercio internacional. La medida plantea desafíos adicionales para la industria panameña, en un contexto en el que el país proyecta fortalecer su crecimiento en 2026 y 2027.
La decisión fue confirmada el pasado 21 de febrero, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó un día antes el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como base jurídica para una parte sustancial de los gravámenes impuestos por la Casa Blanca.
En respuesta al fallo, el mandatario anunció en su red Truth Social que elevaría el arancel global al 15 % “con efecto inmediato”, mientras su administración redefine los instrumentos legales para sostener su política comercial.
La medida puede repercutir en las exportaciones de la industria panameña. Ayer, 24 de febrero, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, abordó el tema durante el lanzamiento del informe económico del gremio, titulado “Desempeño del sector industrial: perspectivas de la economía panameña, retos y oportunidades de la industria”.
Jurado explicó que el incremento representa un salto significativo frente al arancel previo del 10 % que ya pagaban las exportaciones.
“Pasar de 10 % a 15 % significa un aumento de 50 % sobre el arancel que ya estábamos enfrentando. Aunque formalmente quien paga el arancel es el importador en Estados Unidos, ese mayor costo termina reflejándose en el precio final del producto. Es un arancel que se aplica de manera general a todos los países, pero inevitablemente encarece la mercancía que llega al mercado y eso puede tener efectos sobre la demanda”, señaló.
El dirigente empresarial precisó que la medida no discrimina entre socios comerciales. Entre Panamá y Estados Unidos está vigente el Tratado de Promoción Comercial (TPC). Sin embargo, advirtió que en un entorno de consumo más cauteloso cualquier encarecimiento puede afectar los volúmenes de compra de importadores y consumidores.
La Corte Suprema, en una decisión de seis votos contra tres, determinó que el Ejecutivo se extralimitó al invocar poderes de emergencia en tiempos de paz para establecer aranceles generalizados. El tribunal recordó que la potestad tributaria corresponde al Congreso y que el uso de la IEEPA implicó una delegación excesiva.
No obstante, el fallo no impide que el presidente utilice otras herramientas legales vigentes, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 o la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, para mantener o rediseñar su estrategia arancelaria.
En su mensaje en redes sociales, el gobernante defendió la decisión como parte de su agenda de protección económica. Sostuvo que el nuevo nivel del 15 % está permitido legalmente y afirmó que no requiere autorización adicional del Congreso para aplicar aranceles.
También advirtió que cualquier país que cuestione la decisión podría enfrentar tarifas más elevadas.
Para Panamá, cuyo intercambio comercial con Estados Unidos se rige en buena parte por el TPC, el anuncio no implica automáticamente un cambio en todos los flujos comerciales. Sin embargo, sí genera presión sobre determinados productos que no estén amparados por preferencias arancelarias o que enfrenten medidas específicas.
Más allá del impacto directo sobre exportaciones puntuales, el SIP observa riesgos indirectos vinculados a las cadenas de suministro y al clima de negocios global.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Panamá, tanto como destino de exportaciones como proveedor de insumos, maquinaria y bienes intermedios utilizados por la industria local. Un entorno con mayores barreras arancelarias puede traducirse en ajustes de precios, renegociación de contratos y reconfiguración de flujos logísticos.
En sectores como alimentos procesados, manufactura liviana y productos industriales con componentes importados, el efecto puede sentirse tanto en las exportaciones como en los costos de producción.
El análisis del SIP surge en un momento clave para la economía panameña. El informe económico del gremio proyecta que Panamá podría crecer por encima del 4 % en 2026 y 2027, bajo un escenario base que contemple la reactivación de la mina de cobre y el avance de proyectos estratégicos vinculados al Canal como Río Indio.
Ese desempeño depende de factores como la inversión privada, la estabilidad institucional y la competitividad.
En 2025, la industria manufacturera creció 0.46 %, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 4 %, impulsado principalmente por el sector servicios. El sector industrial mantiene un peso relevante en el empleo formal, con más de 152 mil puestos directos, pero enfrenta presiones estructurales que incluyen el costo energético y la competencia regional por atraer inversión extranjera directa.
El arancel del 15 % se suma, según Jurado, a un contexto internacional más proteccionista que obliga a la industria panameña a fortalecer su productividad y diversificación.
El SIP advierte que Panamá compite cada vez más con economías como Costa Rica y República Dominicana en la captación de nuevas inversiones, en especial proyectos “greenfield” que implican la instalación de operaciones productivas desde cero.
En este escenario, la estrategia país cobra mayor relevancia. La consolidación de zonas francas, el aprovechamiento del estatus de Estado Asociado del Mercosur y la integración logística con el interior del país figuran como elementos clave para amortiguar choques externos y ampliar mercados.
El aumento del arancel global refleja la continuidad de una política comercial más restrictiva en Estados Unidos. Aunque el fallo de la Corte Suprema limitó una herramienta jurídica específica, no frena la política arancelaria en sí.
Para Panamá, la señal es clara: el entorno externo será más exigente.
La industria, que aporta un efecto multiplicador de 1.91 dólares por cada dólar invertido, según el SIP, depende de reformas internas y de una política económica que refuerce su competitividad para enfrentar un escenario global menos predecible.
El reto, en palabras de l presidente del SIP, no es solo mitigar el impacto del nuevo arancel, sino convertir la coyuntura en un incentivo para modernizar procesos, diversificar exportaciones y fortalecer la posición del país en las cadenas regionales y globales de valor.