La educación como base del desarrollo económico y social

Según el Banco Mundial, en la investigación ¿Por qué la educación es importante para el desarrollo económico? de Harry A. Patrinos, “un año adicional de escolarización puede aumentar los ingresos en un 10 % al año. Esto es típicamente superior a cualquier otra inversión que un individuo pueda hacer, como Letras del Tesoro (1,4 %), Bonos del Tesoro (5,3 %), Cuenta de Ahorros (4,7 %), Vivienda (3,8 %) y Activos Físicos (7,4 %)”. Siendo esto así, se esperaría que los alumnos permanecieran el mayor tiempo posible en las escuelas, preferiblemente hasta la culminación de por lo menos la escuela secundaria alta.

A pesar de lo antes mencionado, al ver los resultados de una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de las Naciones Unidas, en una muestra de nueve países, se puede observar que, en Panamá, en la escuela secundaria alta, el 71,4 % de los estudiantes con origen afrodescendiente tendían a completar la escuela secundaria alta, en lo cual ocupamos el tercer lugar de la muestra. Sin embargo, apenas el 38,6 % de los estudiantes indígenas en Panamá terminaban la escuela secundaria alta, en lo cual ocupábamos la última posición. En tanto, los estudiantes ni afrodescendientes ni indígenas tendían a completar la escuela secundaria alta en un 70,7 %, ocupando Panamá la séptima posición de nueve países. Los resultados vistos, especialmente en el caso de los estudiantes indígenas, contribuyen a explicar a qué se deben los altos índices de pobreza en las comarcas de nuestro país.

Otra estadística muy importante cuando se analiza el desempeño de un sistema educativo en su totalidad lo representa la proporción de estudiantes en el nivel más bajo de desempeño (nivel 1), por nivel de ingresos (primer y quinto quintiles), según el ERCE de 2019, en porcentajes en dieciséis países de América Latina. En este indicador, en el caso de Panamá, se puede observar que el 94 % de los estudiantes ubicados en el quintil 1 de ingresos (nivel más bajo de ingresos) registraban el nivel más bajo de desempeño en este indicador, ocupando nuestro país el último lugar de la muestra de dieciséis países. En tanto que el 41 % de los estudiantes ubicados en el quintil V de ingresos (nivel más alto de ingresos) tenían el nivel más bajo de desempeño en la prueba ERCE, ocupando la décima primera posición de esta prueba entre dieciséis países de América Latina. En el caso de Panamá, estos resultados reflejan el alto nivel de desigualdad en nuestro país, en el cual los estudiantes con mayores niveles de ingresos, a pesar de estar en la mitad de la tabla en América Latina, muestran resultados superiores a los de los estudiantes con ingresos más bajos.

Usualmente se diría que se podrían revertir estos indicadores negativos en el área educativa en Panamá —principalmente el alto nivel de deserción en las comarcas indígenas o el muy mal desempeño en las pruebas ERCE por parte de los estudiantes de menor ingreso— a través de la asignación de una mayor cantidad de recursos económicos. Sin embargo, en nuestro país existe la paradoja en la cual las autoridades educativas, a pesar de contar con una asignación presupuestaria igual al 7,0 % del PIB, se quejan porque “les asignaron una cantidad demasiado grande de recursos que ellos no pidieron”, ocasionando, por una parte, que se permita la exacción de 300 millones de su presupuesto hacia otras instituciones y que, del resto del presupuesto asignado, solo se ejecute un exiguo 7 %. Se podría pensar que, como dicen estas autoridades, no se necesitarían esta gran cantidad de recursos si ya se contara con todas las necesidades del sector satisfechas, como, por ejemplo, que no existiera ninguna escuela rancho en Panamá, que las infraestructuras educativas no se encontraran en la situación paupérrima como están en la actualidad o que ningún estudiante en las comarcas perdiera la vida, como lo han hecho once estudiantes en los dos últimos años, tratando de cruzar ríos crecidos con fuertes corrientes, por no contar por lo menos con zarzos para cruzarlos.

Cuando se habla de que el Estado debe asignar el 7 % del Producto Interno Bruto a la educación, se está hablando de que en el presente año se debió destinar la suma de $6.482.3 millones y que para el 2026 se deberá destinar un total aproximado de 6.806.4 millones de dólares. A pesar de que la educación debió recibir un incremento de $324.1 millones, se puede observar que el presupuesto del Ministerio de Educación estimado para el 2026 muestra una disminución de 209.9 millones de dólares con respecto al presupuesto ley del 2025 y el conjunto de las universidades estatales registran en conjunto una disminución de $156.1 millones, sobresaliendo las disminuciones de 77.8 millones para la Universidad de Panamá, $53.9 millones para la Universidad Tecnológica y $17.7 millones para la Universidad de las Américas. Siendo que, a excepción de la Universidad Autónoma de Chiriquí, tanto el Ministerio de Educación como las universidades reflejan disminuciones importantes en sus presupuestos propuestos para este año, la pregunta es, ¿Dónde se puede ver el incremento que se estima debe recibir el sector educativo el próximo año? Esta importante disminución de los recursos asignados a la educación superior en nuestro país se presenta en momentos en los cuales se incrementa precisamente aquello de que “en Panamá no se cuenta con la mano de obra calificada que se requiere en nuestra economía” y se tiende, en muchos casos, a contratar en las posiciones mejor remuneradas a extranjeros, “que supuestamente están mejor calificados”, sin recordar que Panamá es lo que es hoy en día gracias a los panameños supuestamente sin calificación, quedando como Juan Albañil, que ahora no puede entrar al edificio que construyó. Por supuesto que siempre existen oportunidades de mejora en el sector técnico y profesional de Panamá; sin embargo, estas necesidades de mejoría no se resolverán de ninguna manera asignando menos recursos a la educación panameña.

Por último, y adicional al contrasentido de las autoridades educativas no solo de quejarse de la gran cantidad de recursos que se le asignan, sino de no tener la capacidad de ejecutarlos, se pretende desconocer la convención a nivel internacional que establece que los recursos destinados a la educación se comparan contra el Producto Interno Bruto. Es un despropósito rechazar este tipo de comparación que busca destinar mayores recursos al sector educativo, precisamente para no hacerlo en nuestro país. Cuando se analiza el gasto público en educación, ya sea por entidades como el Banco Mundial, la Cepal, la OCDE, Unesco o cualquier entidad seria de análisis, este gasto en educación se compara contra la riqueza que genera un país, ya que refleja lo que se debiera estar invirtiendo en este sector y no contra los ingresos corrientes del año precedente que están grandemente disminuidos por los niveles de evasión fiscal en un país. Pretender desconocer esta métrica de medición nos dejaría hablando solos a nivel internacional porque no podríamos compararnos con nadie, de manera que nunca sabremos si estamos proporcionalmente bien o mal.

Indudablemente, una verdad de Perogrullo es que solo en la medida que todos los ciudadanos de un país tengan acceso por igual a oportunidades educativas técnicas y/o liberales, este podrá alcanzar niveles superiores de desarrollo y mejora de calidad de vida que los incluya a todos y no solo en términos de crecimiento meramente numéricos como a través del PIB, de la Inversión Extranjera Directa, etc., mientras que, a lo interno, los niveles de desempleo y de riesgo social son elevados y en general la calidad de vida es deprimente.

El autor es economista, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá y forma parte del Foro de Economistas de Panamá.