El diputado Eduardo Gaitán, ha asumido una postura firme frente a lo que considera una “lección que no debe repetirse”.
- 26/02/2026 00:00
El sector lácteo panameño enfrentó en 2025 una presión estructural derivada del crecimiento de importaciones, el bajo consumo interno y el avance del calendario de desgravación arancelaria bajo el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos.
La presidenta de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (Anaprole), Natzare Bermúdez, afirmó que el año pasado, la industria mantuvo la compra de leche nacional pese a la contracción del mercado.
“Las industrias compramos toda la leche producida en fincas panameñas. Sí hubo una reducción cercana al 9 % en los volúmenes procesados, pero no porque la industria decidiera comprar menos, sino porque el mercado del producto terminado se contrajo”, explicó la representante de las procesadoras Nestlé, Prolacsa, Vitanova Holding/Queso Chela, Estrella Azul, Productos Nevada y Lavery.
Según Bermúdez, el entorno competitivo se intensifica cada año. “La desgravación avanza. Desde 2026 entran sin arancel la leche fluida, el yogur y la mantequilla. En 2027 y 2028 seguirán otros productos”, señaló.
Añadió que las importaciones y los sucedáneos ya superan los cien millones de dólares anuales. “La expansión de importaciones y sucedáneos incrementa la competencia externa en nuestros propios anaqueles”, afirmó.
A la postura de Bermúdez se sumó el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, quien reconoció que la industria panameña además de disminuir en el procesamiento enfrenta una etapa crítica de desgravación arancelaria. Señaló que la leche, junto con otros rubros sensibles como la carne bovina, la carne de cerdo y el tomate, comenzarán a registrar aranceles de 0 % a partir de este año. Esta apertura total representa un desafío directo para la producción nacional, que ahora debe competir sin protecciones frente a las importaciones estadounidenses.
Jurado advirtió que el cronograma de liberación comercial no se detiene aquí, pues para el año 2030 el último rubro protegido, el pollo, también quedará totalmente liberado bajo el marco del TPC. Ante este escenario, el presidente del SIP subrayó que el sector industrial debe “resistir” el impacto en estos rubros específicos, los cuales son pilares de la economía rural y la seguridad alimentaria del país.
Para mitigar los efectos de esta competencia internacional, el dirigente empresarial enfatizó la necesidad de una hoja de ruta centrada en la eficiencia. Propuso que, ante la inminente apertura de mercados, la industria debe apostar con agresividad a la mejora tecnológica, el entrenamiento especializado del talento humano y una mayor inserción en mercados externos. Asimismo, hizo un llamado para que el Estado actúe como un facilitador real que permita a la producción panameña destacarse en el extranjero frente a estos desafíos arancelarios.
Desde la perspectiva del productor, Samuel Vernaza indicó que la capacidad productiva no es el problema.
“La oferta existe. El país produce alrededor de 162 millones de litros al año. El reto está en colocar el producto final”, sostuvo.
Vernaza detalló que el grado C, que agrupa a cerca de 2,400 productores, es el segmento más sensible. “Esta leche se transforma principalmente en queso. Cuando aumenta la importación de mozzarella, se acumula inventario y las plantas pequeñas reducen compras”, explicó.
Bermúdez también alertó sobre la caída del consumo per cápita. “Panamá consume entre 90 y 110 litros por persona al año. La recomendación internacional de FAO es 180 litros. Tenemos un amplio margen para crecer”, indicó.
En los países vecinos como Costa Rica y Colombia el consumo oscila entre 180 y 220 litros por persona al año.
Para el gremio, recuperar consumo interno permitiría fortalecer simultáneamente nutrición, producción nacional y actividad económica rural.
“La industria no se ha detenido. Invertimos, exportamos, innovamos y promovemos campañas de consumo. Lo que necesitamos es un entorno equilibrado”, afirmó.
El sector plantea activar mecanismos previstos en el propio tratado comercial, fortalecer la competitividad en finca mediante genética y tecnología, y garantizar transparencia en el etiquetado para que el consumidor distinga entre leche y sucedáneos.
“Ofrecemos compromiso. Lo que pedimos es competencia justa para seguir invirtiendo y generando empleo en Panamá”, concluyó Bermúdez.