Juicio Odebrecht: Solicitudes de absolución y el inicio de los alegatos de la defensa

El Ministerio Público concluyó este miércoles 25 de febrero con sus alegatos en el juicio Odebrecht. Para la mayoría de los más de 20 imputados, solicitó una condena por blanqueo de capitales. Sin embargo, pidió la absolución de cinco personas.

Se trata de la expareja sentimental del expresidente Martinelli, Aurora Muradás; la abogada de la firma Rosas & Rosas, Rosa Mari Molino; el empresario Navin Bhakta; la hija de Jaime Lasso y beneficiaria de sociedades vinculadas al caso, Michelle Lasso; y el abogado de Andorra, Francesc Pérez Giménez.

El abogado querellante Carlos Antúnez, en representación del Ministerio de Seguridad, también pidió la absolución de varios imputados, aunque su lista fue un poco diferente. La parte querellante pidió a la jueza Baloisa Marquínez que absolviera al banquero Juan Antonio Niño Pulgar, al abogado Jaume Pamies Dolades, así como a Aurora Muradás, Navin Bhakta, Michelle Lasso y Rosa Mari Molino.

Será la jueza Baloisa Marquínez quien decidirá quiénes serán absueltos de los cargos de blanqueo de capital y quiénes condenados.

Entre los imputados por los que el Ministerio Público busca condena se encuentra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli; el excandidato presidencial José Domingo Arias; los exministros Frank De Lima y Federico Suárez; junto con otros altos funcionarios durante el gobierno de Martinelli, figuras de partidos políticos vinculadas con campañas presidenciales, abogados de la firma Rosas & Rosas, y personas vinculadas a sociedades que habrían sido usadas dentro del esquema de sobornos y triangulación de dinero de Odebrecht.

La sesión de este miércoles comenzó con el Ministerio Público presentando sus alegatos contra Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona, accionistas de sociedades utilizadas para presuntamente triangular dineros de la Caja 2 de Odebrecht.

De acuerdo a la documentación presentada por la Fiscalía, entre las sociedades dónde Monteverde y Carmona estaban registrados como firmantes, accionistas y beneficiarios finales destacan Deltora Enterprises, que recibió 3,3 millones de dólares de Kleinfeld Services (sociedad utilizada por Odebrecht para canalizar fondos); Construmaq S.A.C., que recibió 4,5 millones de dólares entre 2009 y 2011, y 13,1 millones de dólares entre 2009 y 2014 de cuentas a nombre de Constructora del Sur; y Isagon, que recibió 4,4 millones de dólares de Kleinfeld y transfirió ese mismo monto a Shelbill Finance, una empresa vinculada al consultor político, Joao Santana.

De acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Público, Montever y Carmona jugaron un rol activo en el esquema de blanqueo de capitales, dando instrucciones para las transferencias y facilitando la triangulación de los fondos. La Fiscalía afirmó que Isagon fue una sociedad fachada, utilizada para recibir fondos ilícitos que finalmente serían destinados a una campaña política.

El último nombre en la lista del Ministerio Público fue el excandidato presidencial de Cambio Democrático, José Domingo Arias.

Para ello, citaron declaraciones de Mónica Moura, Joao Santana, Rodrigo Tacla, Stanley Motta, Luiz Mameri, entre otros. Múltiples declaraciones señalaron que Arias no tenía conocimiento de los acuerdos que se estaban haciendo, afirmando que las negociaciones se hacían directamente con Ricardo Martinelli. Sin embargo, la Fiscalía afirmó que Arias tenía conocimiento de la finalidad de los montos transferidos y de que se trataba de algo ilegal.

Las declaraciones de ejecutivos de Odebrecht y la pareja de publicistas de Mónica Moura y Joao Santana, describieron como se aprobó la transferencia de millones de dólares a través de distintas sociedades para beneficiar a los publicistas encargados de la campaña y a la misma campaña presidencial. Moura y Santana habrían recibido más de 10 millones de dólares.

También se citaron declaraciones de Rodrigo Tacla, que detalló la lista de los beneficiarios de los pagos no solo en Panamá, sino en varios países latinoamericanos. Mencionó la participación de entidades bancarias en Suiza y Panamá que dieron el visto bueno a las transferencias. Los fondos para pagar los servicios de publicidad de Moura y Santana fueron transferidos a la sociedad Polis América, creada explícitamente para ese fin.

El esquema habría funcionado de la siguiente manera: Shelbill Finance Corp en Suiza transfirió 11 millones de dólares a la sociedad Cine & Art de Santana y Moura en República Dominicana, que luego transfirieron 4,4 millones a Polis América en Panamá (también de ellos) para finalmente beneficiar a José Domingo Arias a través de la sociedad Allure Consulting and Services dónde José Porta actuaría como testaferro.

De acuerdo a las fiscales, se violó el Código Electoral y Arias estaba consciente.

“El señor José Domingo Arias sabía las prohibiciones del Código Electoral, sabía que no podía recibir en cuentas en el extranjero ni podía recibir de empresas que no tuviesen una actividad en Panamá y tenía ya previsto la constitución de dos cuentas bancarias para recibir los fondos lícitos por su participación como candidato a la Presidencia”, detalló el Ministerio Público.

Luego de terminar sus alegatos, fue el turno de los abogados defensores.

El primero en presentarse fue precisamente el abogado de Arias, Fernando Morales. Morales hizo un llamado a la jueza a que evaluara el caso por los hechos y no por la persona encausada.

”No me gustaría pensar que la suerte jurídica del señor José Domingo Arias se vea inexorablemente ligada al señor Ricardo Martinelli solo por el hecho de ser candidato presidencial por cuyos intereses se inclinaba el señor Martinelli, y que su condena se sustente bajo un silogismo de que porque él era el candidato, él sabía. Eso sería trágico, sería la muerte del Derecho Penal”, concluyó Morales.