Las 100 tareas pendientes de Panamá

Panamá reúne condiciones únicas para ser la primera nación de América Latina en alcanzar el desarrollo. Su alto ingreso per cápita, la posición geográfica más estratégica del hemisferio, su estabilidad monetaria y sus ventajas logísticas lo sitúan en una posición verdaderamente ventajosa.

Sin embargo, lo que somos no corresponde con lo que podríamos ser. Existe una brecha profunda entre el potencial que poseemos y la realidad que enfrentamos. Esa brecha es producto de tareas postergadas, decisiones no tomadas y prioridades desordenadas.

Las tareas pendientes de Panamá aparecen de forma recurrente en diagnósticos nacionales e internacionales, en mesas de diálogo, en visiones de país, planes de gobierno, informes académicos y en las demandas persistentes de la ciudadanía.

Los déficits fiscales que Panamá arrastra desde hace años no son simples cifras contables. Representan un modelo de gasto público que está hipotecando el futuro. Cada préstamo destinado a cubrir planilla, en lugar de financiar infraestructuras productivas, y cada presupuesto aprobado sin respaldo en ingresos reales es una factura que pagarán las próximas generaciones.

Urge una regla fiscal creíble, avanzar hacia esquemas presupuestarios plurianuales, consolidar una planificación orientada a resultados y fortalecer la rendición de cuentas. El sistema de compras públicas debe ser reformado para eliminar la discrecionalidad, blindarse contra la corrupción y garantizar que cada centavo invertido impacte directamente en el bienestar ciudadano.

La presión tributaria de Panamá, la más baja de América Latina con 6,6 % del PIB, revela la fragilidad estructural del Estado. La evasión, la elusión y un entramado de incentivos fiscales dispersos y sin evaluación técnica rigurosa erosionan la base sobre la cual debe sustentarse la acción pública. Una reforma fiscal integral es impostergable. Esta debe ser progresiva y equitativa, fortalecer la administración tributaria, modernizar los sistemas de fiscalización mediante herramientas de inteligencia artificial, revisar minuciosamente los incentivos fiscales y asegurar que quienes obtienen mayores utilidades contribuyan en proporción a su capacidad económica. La presión tributaria es tan baja que existe margen para aumentar los ingresos fiscales sin asfixiar la actividad económica.

En lo económico, Panamá debe continuar diversificándose. Aunque el Canal, el centro financiero, la logística y el comercio exterior son fortalezas consolidadas, es necesario impulsar el agro, la agroindustria, la manufactura ligera, el turismo sostenible, la economía naranja y la economía digital. Diversificar es una estrategia de resiliencia frente a los ciclos económicos globales.

Las pequeñas y medianas empresas, que representan el grueso del tejido productivo nacional, enfrentan obstáculos estructurales como el limitado acceso al crédito, los trámites burocráticos y la baja digitalización. La creación de una banca de desarrollo ágil y eficiente en costo financiero es una pieza clave para liberar su capacidad de generación de empleo y valor agregado.

En Panamá, el 49,3 % de la fuerza laboral (771.603 personas) trabaja en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni derechos laborales básicos. A la par, el desempleo alcanza al 9,5 % de la población económicamente activa (202.609personas), golpeando con fuerza a jóvenes, mujeres y comunidades rurales e indígenas. Se requiere una política laboral que responda a la dinámica del mercado y fomente la formalidad. Es fundamental fortalecer los programas de primer empleo, priorizando el desarrollo de habilidades digitales, competencias blandas y oficios técnicos de alta demanda laboral.

La educación opera bajo la sombra de un presupuesto imaginario. Aunque la ley le asigna el 7,0 % del PIB, la recaudación tributaria apenas sumó 6,6 % en 2024. Esta incongruencia no anula las urgencias del sistema educativo, marcado por desigualdades, rezagos estructurales y una desconexión con las demandas del siglo XXI. Es prioritario invertir en la atención de la primera infancia, modernizar la infraestructura escolar, garantizar conectividad digital, fortalecer la formación docente y actualizar los contenidos curriculares. La educación técnica y superior deben responder a la dinámica del mercado, la innovación y el desarrollo productivo.

El sistema público de salud requiere una reingeniería profunda. La escasez de medicamentos, el deterioro de las instalaciones, las demoras en la atención y la falta de personal especializado evidencian las limitaciones de un modelo que ha sido superado por la realidad. Fortalecer la atención primaria, ampliar la cobertura, modernizar la infraestructura y digitalizar procesos son la prioridad.

El acceso al agua potable y al saneamiento adecuado continúa siendo una deuda con miles de panameños. No puede hablarse de desarrollo cuando familias enteras aún cargan agua en baldes. Se impone una inversión decidida en plantas potabilizadoras, acueductos rurales, sistemas de alcantarillado y esquemas de gestión comunitaria del recurso hídrico.

Un amplio segmento de la población vive bajo condiciones de pobreza multidimensional, con carencias simultáneas en educación, salud, vivienda y empleo. Las transferencias monetarias no bastan. Es crucial dinamizar la economía local, extender los servicios públicos a todo el país y diseñar políticas públicas con enfoque territorial e intercultural.

El desarrollo no puede concentrarse en la ciudad capital. Hay que avanzar haciauna nación geográficamente más equilibrada, donde las regiones cuenten conoportunidades reales. Esto exige invertir en carreteras rurales, puertoscomunitarios, conectividad digital, transporte público moderno y servicios públicosdescentralizados, a través de una planificación territorial efectiva.

Exige también una arquitectura de descentralización institucional sólida, donde las transferencias de recursos se manejen de forma transparente y con gobiernos locales fortalecidos técnica y financieramente.

Las comarcas indígenas y zonas rurales han sido marginadas del modelo de desarrollo económico. Esta exclusión perpetúa la pobreza, genera desigualdades territorial y migraciones hacia los centros urbanos. Superar este rezago implica repensar el enfoque del desarrollo con una lógica territorial diferenciada. La deuda histórica con estas regiones no se salda con programas asistenciales. Se necesita una nueva arquitectura institucional que garantice la gobernanza intercultural, el respeto a la autonomía de los pueblos originarios y la promoción de modelos productivos que generen oportunidades sin comprometer sus territorios.

La confianza se quiebra cuando la ley no es igual para todos. Se necesita una reforma institucional que garantice la independencia del Órgano Judicial, fortalezca el Ministerio Público y devuelva a la justicia su papel como garante del pacto social.

El Estado panameño debe transformarse en una institución digital, simple, ágil, transparente y centrada en el ciudadano y el desarrollo productivo empresarial. La digitalización de los trámites y la interoperabilidad entre entidades deben ser objetivos de corto plazo.

La ciencia, la tecnología y la innovación deben ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional. No es posible construir una economía competitiva sin invertir en investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y formación científica. Cada escuela, cada hogar, cada institución pública debe estar conectada. La brecha digital es también una brecha de oportunidades.

El arte, la música, la plástica, el cine, la danza y el patrimonio cultural son herramientas de transformación social. El deporte, además de salud, es inclusión y disciplina. Panamá debe construir una política cultural y deportiva sólida, con presupuestos adecuados, programas comunitarios y formación de talentos desde la infancia.

Somos uno de los países más biodiversos del planeta, pero también vulnerables al cambio climático. El Canal es un ejemplo. Proteger nuestros ecosistemas, ordenar el uso del suelo, reducir emisiones, promover la economía circular y educar ambientalmente desde la escuela son tareas necesarias.

En política exterior, la diplomacia debe contribuir a abrir los mercados, atraer la inversión y proyectar al país como un socio confiable, respetuoso del derecho internacional y promotor del multilateralismo.

Cada tarea cumplida es una oportunidad para acercarnos al país que debemos ser: una economía que impulse el bienestar de todos, una educación de calidad presente en todo el territorio y un sistema de salud que cuide con equidad y sin exclusiones. Un país donde el mérito supere al padrinazgo, donde la justicia no responda a influencias ni linajes, y donde el progreso no sea un privilegio de las urbes, sino una realidad de cada rincón.