Efectos de la ley de costas en la inversión

PANAMÁ. Quienes buscan la titulación de tierra por derechos posesorios en islas y costas preparan una movilización para mañana hacia el Ministerio de Economía y Finanzas y también a la Asamblea Nacional.

El objetivo principal es mostrar la insatisfacción a la Ley 80, que regula la titulación de terrenos en zonas insulares y costeras de la cual no han visto resultados tras seis meses de su aprobación.

La actividad es promovida por el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Programa Nacional de Tierras (PRONAT), donde se han agrupado desde campesinos que tienen derechos posesorios y que no han podido titular, así como inversionistas que han comprado derechos y que todavía no han encontrado la forma de echar a andar sus proyectos.

El secretario general del Consejo Consultivo, Ralph Smith, pone como ejemplo el proyecto Red Frog Beach en Bocas del Toro, cuyos dueños solo han logrado la titulación de 5 hectáreas de terreno debido a que los precios para pagar por la tierra son excesivos.

De acuerdo con lo establecido con la Ley 80 de diciembre de 2009, para comprar terrenos de 30 hectáreas o más en esta provincia, el precio oscila entre 15 mil y hasta 700 mil dólares. Un pago que, según relata Smith, ‘no muchos tienen el capital’ para hacerlo. Aunque el secretario general del Consejo Consultivo comenta que es difícil cuantificar el daño que ha provocado la Ley 80 a las inversiones, explica que muchos no han podido desarrollar los proyectos. Se trata de un grupo que se une a la protesta de mañana, a la que se espera la llegada de al menos 800 personas para además proponer la creación de la Autoridad Nacional de Tierra (ANATI), una nueva entidad que ayudaría al avance en la titulación masiva de terrenos.

No obstante, la posición oficial en la voz del director de Catastro y Bienes Patrimoniales, Publio Cortés, es que el fondo del asunto no es la creación de una institución, sino llevar a cabo un proceso de agilización de expedientes o solicitudes que no dependen únicamente de las autoridades, sino de quienes tienen derechos posesorios.

‘No es presentar la solicitud y desconectarse’, expresó Cortés en una explicación ofrecida a este medio.

Los inversionistas y demás dueños de derechos posesorios que se consideran afectados por la aprobación de precios de tierra de la Ley 80 visitarán la Asamblea Nacional luego de una reunión prevista para mañana en el Ministerio de Economía y Finanzas.

La intención es que los diputados revisen la ley e incluso la devuelvan a un debate para modificarla ‘radicalmente’ debido a que solo se permite la titulación gratuita de 5 hectáreas de terreno. +2C