¿Deuda o desarrollo? la inversión pública que deja atrás a los más pobres

¿El presupuesto estatal está respondiendo a las necesidades más urgentes de la población o al peso creciente de los compromisos financieros del país? La distribución de los recursos públicos deja pocas dudas.

Mientras más del 75% de las personas que viven en pobreza permanece fuera de los programas de asistencia social, el pago de la deuda continúa absorbiendo una porción cada vez mayor de los recursos públicos, consolidándose como uno de los principales destinos del gasto estatal.

De acuerdo a datos del Portal de Gestión Transparente Panamá del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta mayo de este año, el gobierno ha ejecutado $1,801 millones para atender los compromisos de deuda. Esto equivale a un 24% del presupuesto general del Estado, fijado en $34,900.8 millones para este 2026.

En contraste, áreas como salud, educación y desarrollo comunal —fundamentales para reducir la pobreza multidimensional— avanzan a un ritmo mucho menor.

Esta realidad resulta especialmente significativa en territorios como Bocas del Toro, Darién y las comarcas Emberá Wounaan, Guna Yala y Ngäbe Buglé, donde más del 35% de la población enfrenta carencias esenciales como educación, vivienda, servicios básicos y acceso a oportunidades, de acuerdo a Informe del Índice de Pobreza Multidimensional de 2018 del MEF.

Sin embargo, hasta el mes pasado, el gobierno invirtió apenas unos $210 millones en educación, lo que equivale a un 4% de los recursos disponibles para este sector.

El rubro de salud cuenta con solo $228 millones ejecutados durante los primeros cinco meses del año, lo que representa cerca del 5% del presupuesto destinado a esta área.

Ambos sectores figuran entre los de mayor asignación dentro del presupuesto estatal, aunque su nivel de ejecución se mantiene considerablemente por debajo del registrado en deuda pública.

Para el desarrollo comunal la situación es aún peor, pues hasta mayo únicamente había ejecutado $14,4 millones, equivalente a poco más del 3% de los fondos asignados al sector.

Durante 2025, la tendencia fue similar. La deuda pública cerró el año con una ejecución de $5,496 millones y en contraste, educación ejecutó $3,317 millones, mientras que salud desembolsó $3.962 millones y vivienda y desarrollo comunal registró una ejecución de $290 millones.

Por su parte, el investigador social y responsable de la bases de datos estadística del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) de la Universidad de Panamá (UP), Euclides Méndez, señaló a La Estrella de Panamá que la pobreza nace cuando no existe una relación efectiva entre la inversión pública y el número de personas que se benefician de ella.

“La pobreza es un indicador del fracaso de la organización social de una nación [...] esto también implica fallas en la gestión del desarrollo social, cohesión nacional y el incumplimiento de la responsabilidad pública”, explicó el experto.

Pero mientras las prioridades presupuestarias del gobierno están puestas en la deuda, un reciente informe del Banco Mundial, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) revela que la cobertura de programas sociales sigue siendo insuficiente para llegar a la mayoría de las personas en pobreza extrema.

El estudio señala que solo entre el 6% y el 23% de la población más pobre recibe apoyo de programas como 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián, dejando fuera a más del 75% de quienes no cuentan con ingresos suficientes para cubrir siquiera la Canasta Básica Familiar, así lo reveló La Decana en el reportaje ‘Millonario gasto social sin impacto: 75% de los más pobres están excluidos de los programas del Mides’, publicado este lunes.

Aunque el Mides ha desembolsado $55 millones este año en los programas sociales antes mencionados, el informe concluye que el principal problema no es la falta de recursos, sino las fallas en la focalización de las ayudas.

Asimismo, los organismos internacionales advierten que las transferencias monetarias, por sí solas, no son suficientes para reducir la pobreza de manera sostenida y deben complementarse con inversiones en salud, educación, agua potable, desarrollo infantil y generación de empleo.

El estudio también alerta sobre las profundas brechas territoriales que persisten en las comarcas y zonas rurales, donde se concentran los peores indicadores de pobreza, y cuestiona la falta de estadísticas socioeconómicas actualizadas para diseñar políticas públicas más efectivas.

Méndez acotó que la necesidad de medidas más efectivas contra la pobreza se hace aparente ya que en vez de reducirse este fenómeno se ha ampliado, “lo que indica que el Estado aún no ha logrado mayores niveles de efectividad en el combate de este flagelo”.

El experto menciona que la principal debilidad del gobierno para el combate de la pobreza está en no haber podido promover la concentración de la población para poder brindar en espacios más reducidos los servicios públicos y la dinámica económica que se requiere para enfrentar la pobreza.

“Si el Estado define áreas de desarrollo económico de tal manera que se formen núcleos poblacionales importantes a los que sea más fácil servirles con políticas públicas, sin duda harían más efectiva la inversión”, concluyó el investigador.