Mercado de Valores de Panamá impulsa reforma legal y abre la puerta a regular activos digitales

La Superintendencia del Mercado de Valores espera tener lista su propuesta de actualización de la Ley de Mercado de Valores al inicio del primer trimestre 2026 para que el MEF pueda presentar el proyecto de modificación a la Asamblea. La institución también plantea la necesidad de regular los servicios digitales y activos virtuales de cara a la evaluación del GAFI

La modernización del mercado de capitales panameño requiere una actualización urgente de su marco legal para alinearse con los cambios globales. Así lo señaló la superintendente del Mercado de Valores de Panamá, Maruquel Murgas de González, al referirse al proyecto que impulsan desde la institución que dirige como aporte a la modificación de la Ley de Mercado de Valores, vigente desde hace más de dos décadas.

“La protección al inversionista es el principio que guía nuestras decisiones y reafirma nuestro compromiso con la confianza y la integridad del mercado. Es por ello que la Superintendencia desarrolla un proceso integral de modernización de la ley de Mercado de Valores con el fin de actualizar el marco regulatorio a las mejores prácticas internacionales y responder a las nuevas dinámicas del sistema financiero global”, destacó la superintendente del Mercado de Valores.

Precisó que esta revisión busca contar con una normativa flexible, clara y eficiente que facilite la innovación, fortalezca la competitividad y brinde mayores niveles de protección a los inversionistas.

Indicó que como parte de este proceso se hizo un análisis exhaustivo en la legislación vigente y se avanzó a una fase clave de consulta pública en la que participaron diferentes actores del sector.

“Nosotros ya hicimos una consulta pública, ya recibimos todos los comentarios del mercado y estamos trabajando internamente para integrar todos esos comentarios y después realizar mesas de trabajo. Y tocará al inicio del primer trimestre del próximo año ya tener el proyecto listo”, adelantó.

Murgas de González aclaró que la Superintendencia no tiene iniciativa legislativa, sino que actúa como facilitador del proceso junto con los actores del mercado. “Es importante aclarar que la Superintendencia no tiene iniciativa legislativa. Simplemente estamos siendo un canal para poder, en conjunto con el mercado, llevar una propuesta a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que son quienes tendrán esa iniciativa y la presentarán” a la Asamblea, expresó.

Regulación de servicios digitales

En paralelo, subrayó la necesidad de regular los servicios digitales, ante la existencia de activos virtuales que actualmente operan sin un marco normativo específico.

“Hoy en día existen activos virtuales que no están regulados, pero tampoco están prohibidos. Y, como no existe una prohibición legal sobre el uso de activos virtuales, ni tampoco hay una autoridad designada para supervisar a quienes ofrecen estos servicios, se negocian abiertamente en el país y se genera un entorno propicio para estafas y prácticas abusivas, porque no hay nada que lo impida ni tampoco que los regule ni que los supervise”, subrayó Murgas de González.

Añadió que esta situación plantea desafíos en materia de supervisión y cumplimiento de estándares internacionales, de cara a la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para 2027.

“Eso (regulación de los servicios digitales) obviamente implica la necesidad de recibir una supervisión y una regulación adecuada, y en la Superintendencia tenemos las puertas abiertas a que eso se dé; porque sí es necesario tener algún tipo de supervisión y regulación, ya que eso también lo exige el GAFI”.

En ese contexto, enfatizó la importancia de analizar y debatir la necesidad de establecer mecanismos claros de control y regulación para los proveedores de servicios de activos virtuales en Panamá.

“Este análisis responde tanto a la evaluación que el país recibirá en 2027 por parte del GAFI, como a la necesidad de mantener la competitividad del sistema financiero y fortalecer la seguridad jurídica”, recalcó la superintendente.

En ese sentido, añadió que “se debe contar con una zona de evaluación y asegurar que se está trabajando adecuadamente con los clientes, como superintendencia de los servicios digitales”.

En esa línea, indicó que la superintendencia ha identificado distintos modelos regulatorios aplicados en otros países, pero recalcó que Panamá debe desarrollar un marco propio.

“Consideramos que Panamá debe contar con un marco legal adaptado a las particularidades de su sistema financiero, donde los mercados de valores, seguros, banca e instituciones financieras están claramente segmentados, cada uno bajo la supervisión de sus respectivos reguladores”, afirmó.

Sobre los productos que podrían quedar incluidos dentro de la regulación de los servicios digitales, mencionó las monedas virtuales. “Tenemos distintos tipos de activos virtuales; algunos, en cuanto a valores o instrumentos que se asemejan a valores, básicamente podrían considerarse valores, aunque eso es una recomendación. Pero me estoy refiriendo principalmente al tema de las monedas virtuales, como los criptoactivos”, dijo.

Murgas de González también se refirió a la propuesta de ley sobre criptoactivos y precisó la postura institucional frente a esta iniciativa. Indicó que “la Superintendencia está abierta a participar en el tema, siempre que se trate de un enfoque de inversión”.

Finalmente, aclaró que el tema forma parte de una iniciativa legislativa distinta que ya se encuentra en proceso. “Eso también es parte de otro proyecto... hay una iniciativa que ya existe. Nosotros estamos abiertos a conversar y a presentar nuestros comentarios sobre la iniciativa que ya está en curso”, concluyó.

Puntos claves
La Superintendencia del Mercado de Valores y actores del sector están impulsando reformas a la ley para:
Atraer más inversionistas, simplificar procesos (como el registro de valores extranjeros), incluir la regulación de criptoactivos, y alinearse con estándares internacionales (GAFI), buscando mayor competitividad y transparencia, mediante discusiones, acuerdos regulatorios (como el I-Link de Euroclear) y anteproyectos de ley para una actualización integral del marco normativo, incluyendo la Ley 67 y la Ley 23 de 2015.
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