Proveedores reclaman pago de crédito al MEF

Los proveedores acreedores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR) divulgaron ayer una carta dirigida al ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, pidiendo que ‘interponga sus buenos oficios’ para gestionar un créditos extraordinario por diez millones de dólares para la liquidación de la cooperativa. Alegan que este fue solicitado en mayo del año pasado a través de la Comisión Liquidadora de COOSEMUPAR R.L.

El documento, fechado el 12 de junio de 2014, acusa a la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de emitir las cartas de traspaso de los bienes y activos de la cooperativa para que sean transferidos al ministerio. Califican esta acción de ‘injusta’ e ‘ilegal’ ya que ‘deja en insolvencia a la Comisión Liquidadora sin cumplir con el pago a los proveedores lo cual es violatorio a la ley cooperativa’.

Otro argumento que esgrime la carta es que el sindicato de SITRACHILCO aportó más de medio millón de dólares de las cuotas sindicales de sus trabajadores y que ‘no es justo’ que se traspasen esos activos al estado sin que se le devuelva antes el dinero a la organización.

ANTECEDENTES

Han pasado varios años desde que se diera la orden de liquidar a la cooperativa chiricana. Los proveedores agradecen a la administración del presidente Ricardo Martinelli por asumir los gastos y deudas de la cooperativa ‘porque las mismas se generaron durante los años en que habían sido nombrados gerentes interventores por el IPACOOP (Instituto Panameño Autónomo Cooperativo) y por consiguiente el Estado es responsable solidario de todas esas obligaciones y deudas adquiridas por los estos funcionarios negligentes’.

El Banco Nacional de Panamá (BNP), por su parte, recibió la suma de diecinueve millones de dólares para liberar las tierras del fideicomiso.

CONSECUENCIAS

Aunque la misiva dirigida al titular del MEF asegura ser de carácter conciliador, la misma también revela una posible amenaza para el futuro. ‘El no pago de los proveedores implicaría dejar abierto el camino para futuras demandas’, señala.