Panamá frente al reto de la transparencia: acciones al portador y sustancia económica

En un movimiento estratégico que busca blindar el sistema financiero y legal de Panamá, el Gobierno Nacional ha iniciado un proceso de modernización normativa. La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, confirmó que el país se prepara para una modificación histórica a la Ley 32 de 1927, centrada exclusivamente en la prohibición expresa de la emisión de acciones al portador.

Esta medida, junto con el avance del Proyecto de Ley de Sustancia Económica, representa la piedra angular de la hoja de ruta diseñada para consolidar la salida de Panamá de las listas internacionales y fortalecer la seguridad jurídica del sector servicios.

La Ley 32 de 1927 ha sido, durante casi un siglo, el pilar sobre el cual se edificó el centro de servicios legales y corporativos de Panamá. Sin embargo, la evolución de los estándares globales en materia de prevención de blanqueo de capitales ha puesto bajo la lupa estructuras que faciliten el anonimato. Aunque en la práctica operativa de Panamá, las acciones al portador ya habían caído en desuso debido a regulaciones previas que exigían su custodia, la viceministra señaló que es imperativo llevar esta realidad al plano legal de manera taxativa.

Sáiz subrayó que esta adecuación responde de forma directa a las actualizaciones de la Recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Dicha recomendación refuerza los requerimientos sobre la identificación transparente y el acceso inmediato a la información de los beneficiarios finales de las personas jurídicas.

“Se trata de consolidar legalmente una realidad operativa existente, aportar claridad jurídica y evitar observaciones en futuras evaluaciones internacionales”, afirmó la viceministra, asegurando que la medida no representa un impacto disruptivo para el sector privado panameño, ya que la industria se ha adaptado previamente a estos estándares.

Uno de los puntos más relevantes de la agenda económica actual es el Proyecto de Ley de Sustancia Económica. Este concepto, impulsado principalmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea, exige que las empresas registradas en una jurisdicción demuestren que cuentan con recursos humanos, físicos y actividades económicas reales proporcionales a los ingresos que declaran.

Panamá busca evitar que el país sea utilizado únicamente para la creación de “sociedades de papel” o entidades sin presencia real que puedan ser empleadas para la erosión de la base imponible en otros países.

La viceministra indicó que el texto ha sido “ampliamente discutido con la sociedad civil”, y que se está procesando el feedback recibido de los diversos sectores de interés. Las observaciones, dijo, presentadas por gremios de abogados y especialistas en tributación están siendo consideradas para asegurar que la ley sea efectiva sin restar competitividad al país.

De forma complementaria, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), avanza en ajustes a las Leyes 51 y 52 de 2016. Estas leyes regulan el intercambio de información tributaria y la obligación de mantener registros contables para las personas jurídicas que no realizan operaciones dentro de Panamá (sociedades offshore).

Sáiz explicó que la intención es alinear la redacción técnica de estas normas con los estándares del Foro Global de la OCDE. El objetivo central es eliminar la “discrecionalidad administrativa”, es decir, reducir los espacios para interpretaciones ambiguas por parte de los funcionarios o de los contribuyentes. “En la medida que te acercas al lenguaje OCDE, limitas cualquier discrecionalidad y generas transparencia”, puntualizó.

Los cambios darán al país mayor claridad a la tipología de los registros contables y a la forma en que deben ser custodiados, reduciendo así el riesgo de litigios y sanciones internacionales.

El Gobierno ha trazado un calendario para estas reformas. Se espera que el paquete de modificaciones sea presentado ante la Asamblea Nacional entre finales de febrero y marzo de 2026. Este periodo es crítico, ya que Panamá busca demostrar cumplimiento técnico antes de las próximas revisiones de los organismos multilaterales.

La visión del Ejecutivo es que estas reformas no solo sirven para “salir de listas”, sino para atraer inversión extranjera de calidad. Al ofrecer un marco legal transparente y alineado con las mejores prácticas globales, Panamá se posiciona como un hub financiero moderno, donde la seguridad jurídica y el cumplimiento normativo son vistos como ventajas competitivas y no como obstáculos burocráticos.