Productores de maíz reclaman pago de casi $10 millones adeudados

Los productores de maíz de Panamá reclamaron el pago inmediato de una deuda cercana a los $10 millones correspondiente a la comercialización del año agrícola 2024-2025, al advertir que la falta de cumplimiento por parte del Gobierno Nacional está afectando gravemente la liquidez del sector y comprometiendo la sostenibilidad de la producción nacional.

De acuerdo con cifras divulgadas por los maiceros, la deuda pendiente asciende a $9,974,678.07, de los cuales el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha desembolsado $525,302.30, equivalente a aproximadamente el 5 % del total adeudado.

“A la fecha, la deuda pendiente con los productores de maíz por concepto de comercialización asciende a casi $10 millones, de los cuales solo se ha pagado alrededor de $525 mil, una situación que afecta gravemente la liquidez del sector y pone en riesgo la continuidad de muchos productores”, indicaron en un comunicado.

La compensación adeudada es por el quintal de maíz rojo —el preferido para la elaboración de tortillas, empanadas, bollos y otros en Panamá—. En febrero de 2025, el titular del MIDA, Roberto Linares, se comprometió en buscar los $5 de compensación del precio por quintal, aunque fuese solo por un año. No obstante, en el momento, reconoció que ese “apoyo económico” no estaba contemplado por la administración.

La compensación se deriva de la venta del quintal a un máximo de $18, que sumado a los $5 del MIDA quedó en $23, no de $24 como aspiraban, perdiendo $1 con respecto al año agrícola anterior.

Valentín Domínguez, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo, indicó que están a la espera del pago. “Estamos a la espera de que el dinero se desembolse por Contraloría, para poder hacerle frente a los compromisos que tenemos, y no hay plata en los bolsillos”.

Los productores explicaron que el dinero adeudado es clave para sostener la operación agrícola, ya que los costos de producción superan los $2,200 por hectárea. Sin el pago oportuno —advirtieron— muchos maiceros quedan en imposibilidad de honrar sus deudas o de planificar la siguiente siembra.

Además del pago, los maiceros indicaron que se mantienen a la espera de una resolución del MIDA que autorice una extensión del plazo de comercialización y de entrega de documentación hasta el 31 de octubre de 2025. Esta solicitud, según explicaron, se fundamenta en los problemas registrados durante la colocación del maíz nacional en el mercado en el pasado año agrícola.

La Ley 107 de 2013 otorga a los productores de maíz un incentivo de $2 por quintal producido con rendimientos por hectárea iguales o superiores a: 97 quintales, mecanizado en secano; 120 quintales, con riego; y, 75 quintales, chuzo con tecnología. Además, un bono de $1,000 por hectárea cultivada adicional mecanizado con riego y $500 en secano.

Consultado sobre la deuda pendiente y el estado de los pagos de $5 por quintal de maíz rojo y los $2 de la Ley 107, el MIDA aclaró que “los pagos continuarán una vez inicie el año fiscal”.

El 99 % de la producción nacional de maíz se concentra en la península de Azuero, una actividad que genera un impacto económico estimado en unos $50 millones anuales y que sostiene miles de empleos rurales. Los productores advirtieron que la falta de pagos oportunos podría acelerar el abandono del cultivo, con efectos directos sobre la economía regional y la seguridad alimentaria del país.

La falta de pagos ocurre, además, en medio de un proceso de apertura comercial que ha reducido las protecciones al maíz nacional, una actividad ya afectada por la disminución de la superficie sembrada y por la apertura total del mercado al maíz importado desde Estados Unidos, tras la entrada en vigor del arancel de 0 % en enero de 2026, en el marco del Tratado de Promoción Comercial (TPC).

Los maiceros se suman a las preocupaciones expresadas por otros rubros agrícolas ante el avance del calendario de desgravación arancelaria del TPC. Desde 2026, productos como el maíz ingresan al mercado panameño sin pagar aranceles, lo que incrementa la presión competitiva sobre la producción local, que no cuenta con subsidios ni apoyos comparables a los de otros países.

Ante esta situación, el gremio de productores hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para:

1. Revisar de manera integral la Ley 107 de Productividad, ajustándola a la realidad actual del sector agropecuario.

2. Revisar los parámetros de importación de maíz, tanto del grano destinado a la industrialización como de los productos terminados derivados del maíz.

3. Implementar mecanismos de financiamiento blando e incentivos reales, que fortalezcan y promuevan la producción nacional.

Los productores reiteraron su disposición al diálogo con las autoridades, pero insistieron en que el pago de la deuda es una condición indispensable para garantizar la continuidad del cultivo y evitar una mayor contracción de la producción nacional en los próximos ciclos agrícolas.