‘Tasa Justa’ y periodo de gracia: Asamblea presenta proyectos con miras a cambiar las reglas bancaria

Ambas iniciativas buscan abarcar posibles advertencias sobre la necesidad de equilibrar la protección al consumidor con la estabilidad del sistema financiero

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Este jueves, el pleno de la Asamblea Nacional recibió dos iniciativas legislativas que buscan introducir nuevas regulaciones al sistema bancario panameño.

El diputado independiente Carlos Saldaña presentó el anteproyecto de ley denominado “Tasa Justa”, que modifica el Decreto Ley 9 de 1998 —ordenado sistemáticamente mediante el Decreto Ejecutivo 52 de 2008.

Según explicó, la propuesta pretende ajustar la tasa de regulación bancaria para los bancos con licencia general y establecer condiciones excepcionales sobre la facultad de las entidades para variar las tasas de interés en sus productos.

Posible protección

La iniciativa plantea cambios a los artículos 79 y 80, con el fin de proteger a los deudores frente a promociones que, según Saldaña, se alejan de la realidad del mercado y se utilizan como “gancho” para atraer clientes.

En esos casos, los bancos estarían obligados a mantener la tasa ofrecida hasta el final del contrato. “En Panamá la necesidad obliga a las personas a aceptar cláusulas abusivas en los contratos bancarios... Queremos que los bancos ofrezcan tasas reales a las personas”, afirmó el diputado.

El proyecto también impediría que las entidades incrementen la tasa de interés en contratos que restrinjan al deudor acciones como vender, ceder o donar el bien adquirido durante el plazo inicial.

Periodo de gracia

El diputado Ernesto Cedeño, por su parte, anunció la presentación de un anteproyecto de ley que crea un régimen de protección económica atemporal por cesación involuntaria de empleo.

La propuesta, compuesta por 14 artículos, establece un periodo de gracia de hasta tres meses para que trabajadores despedidos de manera injustificada puedan suspender temporalmente el pago de sus obligaciones financieras.

Cedeño explicó que la iniciativa surgió tras conversaciones con el abogado Nilo González, quien le advirtió sobre la falta de flexibilidad de los intermediarios financieros frente a ceses laborales involuntarios.

“Cuando hay causa involuntaria, el trabajador tendrá un periodo de gracia hasta 3 meses para no pagar sus obligaciones. Esto es algo parecido a lo que teníamos en la pandemia”, señaló.

El proyecto también contempla que durante ese periodo no se suspendan servicios básicos como agua y electricidad.

Sin embargo, Cedeño aclaró que el beneficio no aplicará a quienes renuncien voluntariamente, sean despedidos por causas disciplinarias, terminen la relación laboral por mutuo acuerdo, se jubilen voluntariamente o mantengan otra relación laboral simultánea.

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