España reclama precio "justo" por expropiación de eléctrica en Bolivia

El gobierno español advirtió el miércoles que "vigilará" que Bolivia pague un "justiprecio" por la expropiación de la filial de la española Red Eléctrica de España (REE), que aseguró "estar a disposición" de La Paz para negociar una "compensación adecuada".

"Lo que ha garantizado Bolivia es que se va a compensar a la empresa de los costes invertidos en la red de electricidad, lo cual evidentemente es un elemento que el Gobierno español va a vigilar", afirmó el ministro español de Economía, Luis de Guindos, en Bruselas.

De Guindos buscó lanzar un mensaje de firmeza ante lo que constituye la segunda expropiación a una empresa española en 15 días en América Latina, aunque la envergadura de la iniciativa boliviana no sea comparable a la nacionalización en Argentina del 51% de la petrolera YPF, filial de la española Repsol.

Mientras Repsol calcula en 10.500 millones de dólares su participación en YPF, cuya expropiación parcial empezó a debatirse este miércoles en la Cámara de Diputados argentinos, en el caso boliviano, el impacto financiero es más limitado: los activos brutos de TDE se elevaban a 225 millones de dólares en 2005, según las últimas cifras disponibles.

El aporte de Transportadora de Electricidad (TDE) "a las cifras de negocios del grupo Red Eléctrica Corporación es de un 1,5%", por lo cual "no tiene un efecto relevante en los negocios y cuenta de resultados" del grupo, afirmó la empresa española en un comunicado.

En 2011, REE, de la que el Estado español tiene un 20%, ganó 45,7 millones de euros por su negocio internacional, apenas el 3% del conjunto de la empresa, y la mitad procedió de la actividad en Bolivia.

Ello, no obstante, no ha impedido que sus acciones perdieran este miércoles un 2,23% a 32,15 euros en la Bolsa de Madrid (que cedió un 2,55%).

Poco antes, REE se puso "a disposición del Gobierno de Bolivia para comenzar las negociaciones pertinentes" con el fin de "llegar a un acuerdo para alcanzar una compensación adecuada" recordando que ha invertido más de 88 millones de dólares en su filial boliviana desde que la compró en 2002 por 91 millones de dólares.

La repercusión económica, sin embargo, parece pesar menos en el caso boliviano que el temor por la pérdida de seguridad jurídica en América Latina para las inversiones españolas, tras el percance en Argentina, donde el 16 de abril el gobierno anunció la expropiación de casi toda la participación de Repsol en YPF (que pasará de 57,4% a 6,4% del total).

"Acciones de este tipo envían una señal negativa a los mercados sobre el clima de negocios para invertir en Bolivia. Confiamos en que las autoridades bolivianas cumplan sus compromisos de inversión con España y garanticen una compensación rápida y adecuada", subrayó el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, John Clancy.

"Hemos invertido mucho dinero, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y hemos arreglado muchos problemas económicos de estos países para que ahora nos traten de esta manera", se quejó el vicepresidente de la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Arturo Fernández.

Fernández pidió una respuesta "más contundente" de Madrid porque "luego podrían venir otros países, como Ecuador o Venezuela", con gobiernos que ostentan agendas nacionalistas.

"El gobierno español ya debe tomar nota y realizar una acción mucho más proactiva", recomendó el asesor en relaciones internacionales Francisco Pineda Zamorano a la radio pública; y columnistas de diarios españoles creen que la tibia respuesta española a Argentina ha envalentonado a Morales, que ha usado la expropiación como forma de afianzarse políticamente en un momento difícil.

"Por desgracia, se extiende por América Latina la idea de afianzar regímenes carismáticos a costa expoliar propiedades privadas o de otros países", escribió El País en su editorial.

Morales promulgó la medida en medio de protestas de sindicatos obreros en La Paz y varias ciudades de Bolivia por un incremento salarial superior al 8% y de médicos y paramédicos que rechazan un decreto que sube la jornada laboral de 6 a 8 horas.

"Pienso que no hay por qué alarmarse en general" por la inversión española en América Latina", dijo Pineda, quien no obstante lanzó una advertencia.

"Hay que tener algún elemento de cuidado en relación a lo que significan los procesos electorales que se van a vivir en los próximos meses y años en América Latina, que son propensos a este tipo de acciones por parte de los gobiernos, que van a intentar venderlo como un resfuerzo de su política nacional", indicó.