Hijo de Fujimori niega que su padre haya cometido delitos en Perú

El ex presidente peruano Alberto Fujimori no pedirá perdón a Perú porque "no cometió ningún delito", afirmó hoy su hijo, el legislador Kenji Fujimori, y negó los delitos por los que se encuentra preso, condenado a 25 años de prisión.

Fujimori padre fue condenado por la justicia peruana por la masacre de nueve estudiantes universitarios y un catedrático en 1992, además de actos de corrupción durante su gobierno de 1990 a 2000.

Según el legislador, su padre pedirá el indulto presidencial humanitario porque padece de cáncer y su salud se deteriora debido a las recaídas que tiene constantemente por una herida en la lengua.

"Tienen que declarar los médicos tratantes especializados en cuello y cabeza", expresó el hijo del ex mandatario al referirse a la enfermedad que padece su padre.

La petición del indulto, el próximo viernes, ante el presidente Ollanta Humala, ha generado polémica en el seno de la clase política peruana, donde se escuchan posiciones a favor y en contra de esta medida porque consideran que Fujimori debe cumplir su condena.

El hijo de Fujimori precisó que la última decisión para definir esta solicitud se encuentra en manos del actual mandatario, una vez que la familia del ex gobernante presente la petición de esta gracia presidencial.

"No creo que el presidente vaya a jugar con algo tan delicado como la salud de mi padre", subrayó al responder sobre los efectos políticos que podría ocasionar una eventual liberación de su padre en una sociedad polarizada por el tema Fujimori.

El diputado también aseguró que con una eventual liberación de su padre no retornará a la política ni se convertirá en jefe de campaña de su hija, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

La cárcel donde cumple condena el ex mandatario se encuentra dentro de un cuartel policial, donde cuenta con algunas facilidades para pintar, cultivar una huerta y, además, recibe con frecuencia a su familia y a sus seguidores.

Fujimori, además, tiene una deuda con el Estado peruano de alrededor de 10 millones de dólares por concepto de reparación civil por los delitos cometidos durante su administración.