Procuraduría de la Administración presenta proyectos de ley para modernizar la gestión pública en Panamá

La Procuraduría de la Administración formalizó este lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional la presentación de dos proyectos de ley orientados a modernizar la gestión pública y fortalecer la seguridad jurídica en la relación entre el Estado y los ciudadanos.

La procuradora de la administración, Grettel Villalaz, explicó que los proyectos responden al ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere la Constitución y son el resultado de un trabajo técnico iniciado en mayo de 2025.

Las propuestas incluyen un proyecto de ley que aprueba el estatuto orgánico de la Procuraduría de la Administración y deroga el Libro Primero de la Ley 38 de 2000, así como un segundo proyecto que regula el procedimiento administrativo general y subroga disposiciones del Libro Segundo de esa misma norma.

Según detalló ante el pleno, la actual Ley 38 presenta deficiencias como lagunas legales, obsolescencia tecnológica, rigidez normativa y una excesiva burocratización de la función administrativa, lo que ha generado confusión en la aplicación del debido proceso y distorsiones en el rol constitucional de la Procuraduría.

El proyecto de estatuto orgánico redefine con mayor claridad las funciones de la institución como ente asesor y defensor del Estado, encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad y de orientar jurídicamente a los funcionarios con mando y jurisdicción.

Villalaz señaló que la propuesta busca evitar la dualidad de interpretaciones que, en la práctica, ha llevado a exigirle a la Procuraduría actuaciones que la colocan como “juez y parte”.

En paralelo, el proyecto de ley del procedimiento administrativo general, plantea una reingeniería integral de la relación jurídico-administrativa entre el Estado y la ciudadanía. La iniciativa incorpora principios como transparencia activa, celeridad tecnológica, informalismo a favor del administrado y seguridad jurídica.

Entre los principales cambios, la propuesta reconoce el expediente electrónico, regula de forma expresa las notificaciones por correo electrónico, refuerza el régimen de pruebas con medios tecnológicos y permite el uso de videoconferencias en trámites administrativos, con el objetivo de facilitar el acceso a ciudadanos en zonas remotas.

La procuradora destacó que el proyecto también introduce el principio de control de convencionalidad en la actuación administrativa, alineando la normativa interna con los estándares internacionales de derechos humanos y las mejores prácticas iberoamericanas en materia de gobierno abierto y transformación digital.

Ambas iniciativas ya habían sido presentadas previamente como borradores ante autoridades y especialistas del sector jurídico, y ahora inician su trámite formal en la Asamblea Nacional, donde deberán ser analizadas y debatidas por los diputados.