Venezuela: venderán acciones de Globovisión

La mayoría accionaria de la televisora Globovisión, la única crítica del gobierno venezolano, será vendida a un empresario después de la elección presidencial, en lo que algunas ONG consideran un nuevo golpe a la libertad de expresión.

Los empleados de la televisora se reunieron con los propietarios del canal y a la salida confirmaron la venta del 80% del paquete. Otro 20% perteneciente a un banquero fue expropiado por el gobierno tres años atrás y aún está en disputa sin que se pueda vender.

El comprador es Juan Domingo Cordero, gerente de la empresa de seguros La Vitalicia, indicaron empleados de Globovisión que asistieron a la cita con los propietarios de 80% del canal, la familia Zuloaga.

Los compradores, según un trabajador que habló con The Associated Press, se han presentado como neutrales, aunque se menciona a Cordero como amigo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Cordero no respondió a los intentos de la AP por solicitarle comentarios, incluyendo una visita a su oficina en Caracas, donde su asistente dijo que estaba en una reunión.

El canal fue creado en 1994 y cuenta con unos 500 trabajadores. Bajo la presión constante del Estado, la televisora recibió sólo negativas a sus pedidos de ampliar el alcance de su señal. Sólo en las ciudades de Caracas y Valencia el canal puede verse en señal abierta, mientras que en el resto del país llega por televisión por suscripción. Su concesión vence en el 2015.

"Somos inviables económicamente, porque nuestros ingresos ya no cubren nuestras necesidades de caja. Ni siquiera podemos subir los sueldos", dijo Guillermo Zuloaga, propietario del mayor paquete accionario, en una carta divulgada por el canal en su página web.

"Somos inviables políticamente, porque estamos en un país totalmente polarizado y del lado contrario de un gobierno todopoderoso que quiere vernos fracasar. Somos inviables jurídicamente porque tenemos una concesión que termina y no hay actitud de renovárnosla", agregó.

Zuloaga confirmó la venta para después de las elecciones del 14 de abril, en las que el presidente encargado Nicolás Maduro _quien como vicepresidente fue designado por el propio Chávez como su sucesor_ es el favorito para salir victorioso. Sin embargo, existe el temor de que los periodistas en el canal podrían ejercer la autocensura, un fenómeno común bajo el mandato chavista.

En las calles del norte de la ciudad, donde está ubicado el canal, algunos capitalinos lamentaron el anuncio de venta.

"Es el único medio de comunicación que hay en el país que nos informa verazmente", dijo Nora Villareal, una corredora de seguros de 53 años, en una plaza del este deáCaracas.

La venta "es muy lamentable...y creo que nos vamos a quedar sin noticias de ningún tipo que sea veraz", agregó.

Por otro lado, los simpatizantes de Chávez se sintieron alentados por la noticia.

"No nos merecemos un canal como Globovisión; ellos mienten, engañan, nunca pueden decir nada bueno de la revolución", dijo Luis Piña, un desempleado de 29 años, que portaba en un bolsillo de su pantalón una pequeña bandera nacional y que comentó que estuvo apoyando a Maduro en las cercanías de la sede del organismo electoral.

"Ojalá esa gente (sus dueños) se vaya y no vuelva más nunca", agregó.

Carlos Lauría, del Comité de Protección a Periodistas, con sede en Nueva York, dijo en diálogo telefónico que en los últimos 14 años "la prensa venezolana ha sido progresivamente debilitada... por una seria de leyes, restricciones, medidas regulatorias y decisiones judiciales que realmente han disminuido la habilidad de los medios privados de reportar las noticias sin la interferencia oficial".

Por su parte José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch, dijo que tras años de "ir tras sus críticos, el gobierno de Venezuela ha creado un ambiente en el que los periodistas miden las consecuencias de lo que van a decir por miedo de sufrir las represalias". Si Globovisión "cambia su línea editorial después de la venta, los venezolanos tendrán información aún más limitada", agregó Vivanco en un correo electrónico.

En 2007, el gobierno no renovó la licencia de operaciones de Radio Caracas Televisión (RCTV), que era el otro canal crítico. Tres años después lo excluyó del servicio de televisión por cable.

El oficial organismo regulador del sector de telecomunicaciones venezolano, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), tiene acumulados ocho procesos contra el canal de noticias por presuntas violaciones a la ley, la mayoría de ellos aún están a la espera de decisión definitiva.

El más reciente de ellos data del 9 de enero. Ese proceso fue abierto por presuntos "ilícitos administrativos" previstos en la ley que regula el sector y que prevé que "los prestadores de radio y televisión no podrán difundir elementos que generen zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, que atenten contra la estabilidad del sistema democrático, elementos que vayan contra las autoridades legítimamente constituidas, o aquellos que generen odio e intolerancia por razones políticas y religiosas".

Conatel ha dicho que el proceso administrativo tiene que ver con una serie de mensajes transmitidos por Globovisión sobre el tema de la toma de posesión del presidente, prevista en la carta magna para el 10 de enero, y en los que según el organismo se omitieron apartes del texto constitucional.

El fallecido presidente Hugo Chávez, quien tuvo dificultades para realizar actos de campaña debido al cáncer que padecía, ganó el 7 de octubre su cuarto mandato, pero nunca pudo tomar posesión públicamente del cargo debido a su enfermedad.

Según el gobierno, Globovisión manipuló la información al no publicar en sus mensajes el texto completo del artículo constitucional sobre la toma de posesión. El medio podría ser sancionado con una multa o 72 horas de cierre.

En junio de 2012, Conatel abrió el que fue entonces el séptimo proceso contra el pequeño canal de noticias, que culminó en la imposición de una multa de 2,2 millones de dólares, por difundir mensajes que supuestamente incitaron a la "zozobra" durante el motín en la cárcel central de El Rodeo que se dio a mediados de 2011.

Globovisión pagó la multa un día después de que el Tribunal ordenó un embargo de activos que representaban casi 5,7 millones de dólares propiedad del canal.

Conatel y otros entes, como el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y la Fiscalía General, han abierto procedimientos contra Globovisión por supuesta evasión de impuestos y la difusión de informaciones relacionadas con protestas, temblores y declaraciones contra Chávez.

El presidente del canal, Guillermo Zuloaga, y su hijo se mantienen fuera del país desde mediados de 2010 luego de que un tribunal local ordenó su captura para procesarlos por el presunto almacenamiento irregular de 24 vehículos en una de sus viviendas.

Zuloaga, quien ha denunciado que es un perseguido del gobierno venezolano, solicitó el año pasado asilo en Estados Unidos.

La orden de captura de Zuloaga coincidió con la intervención del Banco Federal, que era propiedad del banquero Nelson Mezerhane, accionista minoritario de Globovisión, quien atribuyó la acción contra el banco como una represalia por la línea editorial de la televisora. El banco fue expropiado posteriormente.

El gobierno ha rechazado el señalamiento del banquero y ha asegurado que se cometieron irregularidades.

Globovisión se convirtió en 2010 en el único canal opositor a Chávez después de que RCTV fue obligada a retirarse tanto de la televisión por cable como vía satélite.

En el país funcionan además las estaciones privadas Venevisión, Televen, Canal I y La Tele, todas de tendencia neutra, mientras que el gobierno maneja de forma directa otros cuatro canales más la cadena regional de noticias Telesur.

En la prensa escrita, los dos principales diarios nacionales, El Nacional y El Universal, siguen siendo muy críticos del gobierno.

Durante sus 14 años de gobierno, Chávez, que desde junio de 2011 luchaba contra el cáncer y falleció el 5 de marzo, tuvo relaciones con los principales diarios y televisoras del país que se intensificaron luego del fallido golpe de abril del 2002 y el paro general que promovió la oposición entre finales del 2002 e inicios del 2003 al que se sumaron todos los medios.

Luego del paro general algunos diarios y televisoras cambiaron sus líneas editoriales y se volvieron neutros lo que les permitió que les suspendieran algunos procesos administrativos que tenían pendientes.

Los que se mantuvieron críticos al gobierno comenzaron a enfrentar presiones por la vía de la eliminación de las pautas publicitarias de empresa y organismos estatales, además de procesos judiciales y administrativos.

La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó en el 2004 una ley que estableció restricciones para la transmisión de programas con contenidos de sexo y violencia, impuso horarios de transmisión, y multas millonarias por el incumplimiento de los horarios.

En el 2010 un tribunal local prohibió al diario El Nacional publicar informaciones e imágenes con contenidos de "sangre, armas, mensajes de terror, agresión física", y le notificó que podría ser sancionado con una millonaria multa por difundir en aquel año una polémica fotografía donde aparece un grupo de cadáveres apilados en la morgue capitalina.

A la par del proceso de incremento de controles y sanciones contra los medios, el gobierno inició un plan de creación de nuevos diarios, radios y televisoras para ampliar su influencia entre los sectores pobres y los habitantes del interior del país.