Prohibido disentir

PANAMÁ. Entre 1937 y 1938, Josef Stalin llevó a cabo en la Unión Soviética lo que pasó a la historia como “La Gran Purga”, una campaña de represión que incluyó la purga del partido comunista soviético y la persecución de opositores, y que estuvo caracterizada por una paranoia general, encarcelamientos y asesinatos. La campaña represiva es ampliamente considerada como el momento consolidatorio del poder de Stalin, que gobernó el país despiadadamente —se estima que hasta 50 millones de personas murieron bajo su régimen— hasta su muerte en 1953.

La megalomanía de Stalin ha sido imitada por innumerables personajes, cada uno a su manera, en casi todos los países del mundo. De hecho, y si la historia sirve de algo, podríamos observar que el cuento del líder populista, abanderado de las masas, que proclama el “socialismo” y que termina enredado en sus propios laberintos paranoicos es una novela de pésimo gusto que se ha repetido ya demasiadas veces.

GUERRA CONTRA LA SOCIEDAD

En Nicaragua, sin embargo, un Daniel Ortega ávido de repetir la historia ya ha empezado su particular guerra contra la sociedad civil. Hace 10 días, fiscales del Ministerio Público y varias patrullas policiales irrumpieron en las sedes de dos ONG y confiscaron libros contables y documentos, alegando que buscaban pruebas de lavado de dinero. Las ONG en cuestión son el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) —grupo feminista combativo contra la ilegalización del aborto terapéutico, decidida por Ortega con el apoyo de la Iglesia Católica— y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) —dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro y un reconocido crítico del actual gobierno Sandinista—.

El particular acoso contra el periodista comenzó en junio, después de que este publicara una investigación periodística demostrando una millonaria extorsión extrajudicial. Una campaña denigrante en los medios oficiales, controlados por Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, y sus hijos, dio paso a la actuación de la Fiscalía.

VACÍO POLÍTICO

El problema nicaragüense va más allá de la intolerancia de su presidente ante el criticismo. El Gobierno de Ortega, gracias al pacto sellado en 1999 con el Partido Liberal del ex presidente derechista Arnoldo Alemán, ha logrado crear un vacío de oposición política y entre ambos han conseguido el control absoluto del Poder Judicial. El Consejo Electoral, controlado al 50% por el Frente Sandinista y el Partido Liberal, ilegalizó, unos meses antes de las elecciones municipales del próximo 9 de noviembre, a dos formaciones opositoras, el Partido Conservador y el Movimiento Renovador Sandinista. El vacío provocado está siendo llenado por —irónicamente— los ex sandinistas, la prensa y los movimientos sociales, que han pasado a ser las nuevas víctimas de la represión de Ortega. Antes de CINCO y MAM fue el poeta Ernesto Cardenal o los cantantes Carlos y Luis Mejía Godoy los perseguidos. Hoy, otras 39 personalidades están sujetas a procesos judiciales, y el Gobierno, por simple intimidación, ha silenciado al comentarista Edgar Tijerino —famoso cronista deportivo que ha anunciado que no hablará más de política— y al programa El 2 en la Nación, del periodista Jaime Arellano, que fue recientemente citado a la Fiscalía por “delitos electorales”.

MIEDO Y PROTESTA

En el país crece la preocupación. “La gente se está llenando de miedo” dijo a El País el periodista nicaragüense Álvaro Cruz, refiriéndose al resurgimiento de la violencia contra la oposición, como ocurrió recientemente en León, cuando hace un mes organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de la oposición no pudieron realizar una marcha que habían programado y se enfrentaron con los seguidores armados de Ortega, dejando un saldo de cinco heridos.

Sin embargo, dentro y fuera de Nicaragua se empiezan a levantar voces pidiendo justicia. A nivel internacional, se han llevado a cabo manifestaciones contra el presidente nicaragüense en Paraguay, Honduras y El Salvador. También se preparaban protestas para las sesiones de la Asamblea General de la ONU de septiembre, a las que debía asistir Ortega, que finalmente canceló su viaje. El mismo Chamorro, en una carta publicada por El País, escribió que “ante la sentencia que ya tienen redactada, prefiero la cárcel antes que aceptar convertirme en otro rehén de la política de chantaje que tiene sometida al país”.