Se agudiza crisis política

TEGUCIGALPA. Tambalea la institucionalidad en Honduras tras la destitución de la jefatura de las Fuerzas Armadas por negarse a cumplir la orden del presidente Manuel Zelaya de custodiar la realización este domingo de una consulta popular, cuya legalidad es discutida por juristas.

El gobierno convocó a la ciudadanía a responder si están a favor o en contra de instalar una Asamblea Constituyente para reformar la ley fundamental. En caso de ser aprobada la propuesta, su conformación se votaría en urna aparte junto a las utilizadas para las elecciones nacionales de noviembre.

En rueda de prensa, el presidente Manuel Zelaya, acompañado de líderes sociales y políticos de izquierda que lo apoyan, anunció la noche del miércoles la cesantía como jefe del Estado Mayor Conjunto de las tres fuerzas del general Romeo Vásquez Velásquez y la aceptación de la renuncia de Edmundo Orellana de su cargo de ministro de la Defensa.

Fuentes castrenses dijeron a Inter Press Service (IPS) que la reunión de la víspera entre Zelaya y los mandos militares fue tensa y que estos últimos le dijeron que no podían cumplir la orden de acompañarle en la custodia de las cajas receptoras de la consulta, porque a su entender violentaba la Constitución y existía una prohibición judicial.

“El presidente, entonces, lo destituyó (a Vásquez Velásquez), y en solidaridad con el comandante renunciaron los otros miembros de la cúpula castrense, y el ministro de la Defensa”, acotó la fuente que pidió el anonimato.

No obstante, Zelaya en su anuncio oficial no dijo nada de la renuncia del resto de los jefes militares, los comandantes Javier Prince, de la fuerza aérea, Juan Rodríguez, de la armada, y Miguel García Padgeth, del ejército.

Vásquez Velásquez dijo a IPS que “fue difícil para nosotros comunicarle al presidente, como máximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no le podíamos acompañar en esa orden porque, además de violentar la Constitución hay una prohibición judicial expresa por considerar que ese proceso es ilegal”.

“Lamentablemente, el presidente Zelaya no entiende de legalidades y de razones”, apuntó.

Seguido el anuncio, La Corte Suprema de Honduras pidió ayer restituir al general Romeo Vásquez en el cargo de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al considerar “ilegal” la decisión del presidente Manuel Zelaya de destituirlo.

El pleno de la Sala de lo Constitucional aceptó por unanimidad dos recursos de amparo en defensa del general, presentados por el abogado Manuel Rodrigo Mazariegos, a título personal, y la Fiscalía General del Estado, al considerar que se violaron las garantías constitucionales de Vásquez.

“La intención de inmiscuir a las Fuerzas Armadas en un acto administrativo de naturaleza meramente político, conduce a claras acciones que violentan la Carta Fundamental”, señala la resolución de la Sala de lo Constitucional.

El fallo señala que el despido “ha sido declarado ilegal por el órgano jurisdiccional del país, porque incurre en un incumplimiento de la ley”, y que Vásquez “ha actuado apegado a derecho al no atender la instrucción jurídicamente improcedente”.

La mayoría de los diputados del Parlamento hondureño también rechazó ayer la decisión de Zelaya y expresaron que el alto jefe militar debe ser restituido.

Poco después de conocerse la decisión de la Corte Suprema, Zelaya salió al exterior de la casa presidencial, donde había convocado a sus seguidores, para asegurarles que la consulta se realizará a pesar del desacuerdo de los militares, la oposición y sectores de su partido.

“Yo no creo que las fuerzas armadas enteras estén desobedeciendo al comandante en jefe de las fuerzas armadas (al presidente). Son los grupos fácticos de poder manipulando los poderes del Estado”, dijo Zelaya ante cientos de simpatizantes congregados en la residencia presidencial.

El presidente Zelaya se trasladó después a la sede de la Fuerza Aérea, en Tegucigalpa, a “recoger” el material, incluidas urnas y papeletas, para llevar a cabo una “consulta popular”.

Los militares salieron a las calles para evitar eventuales hechos violentos, según una fuente castrense.