Productores llaman a huelga

BUENOS AIRES. Las patronales agrarias volverán el viernes al cese por una semana de la comercialización de granos y carnes, luego del veto presidencial a una ley que suspendía tributos a las ventas externas en zonas afectadas por la sequía en Argentina, exportador mundial de alimentos.

“Interpretando el malestar de los productores y la crítica situación del interior del país, convocamos al cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación y de ganado vacuno en pie”, dijo en rueda de prensa el dirigente agrario Carlos Garetto.

El “lock out”, resuelto por las cuatro entidades agrarias, se extenderá desde “la cero hora del viernes 28 de agosto hasta las 24 horas del 4 de setiembre”, renovando las protestas de 2008.

Los productores calificaron de “gota que rebalsó el vaso” el veto de la presidenta a un artículo de la Ley de Emergencia Agropecuaria, aprobada la semana pasada por unanimidad en el Congreso.

El artículo vetado preveía suspender por 180 días pagos de derechos de exportación en 37 distritos de la provincia de Buenos Aires (centro-este), el corazón productivo de la soja en esta potencia agrícola.

Los bloques oficialistas del Congreso argumentaron haber aprobado el artículo por error, ya que la emergencia debía excluír los tributos.

El veto presidencial fue calificado de "actitud autoritaria y casi monárquica" por Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina y uno de los líderes de la protesta rural en 2008.

El año pasado, las patronales agrarias pusieron en jaque al gobierno con una huelga de cuatro meses, que incluyó ceses de comercialización de granos y cortes de ruta que provocaron desabastecimiento en las grandes ciudades, en rechazo a la política fiscal para el sector.

El ministro de Economía, Amado Boudou, dijo en cambio que “lo correcto es que una zona que entra en desastre tenga un tratamiento diferencial en materia de impuestos a la producción y no a la exportación”.

Las patronales agrarias vienen reclamando una reducción de la tasa de exportación de la soja de 35% a por lo menos 20% o 15%, a la vez que demandan eliminar las alícuotas de trigo, maíz y girasol, de 23% en promedio.

Pero el gobierno necesita los impuestos que aporta el agro, que contribuye en 14% a los ingresos fiscales, que están en caída a raíz de la crisis económica mundial.

Estimaciones bursátiles indican que este año habrá una abrupta caída de 9,500 millones de dólares a 6,000 millones de dólares en los ingresos fiscales por impuestos a las exportaciones de granos y derivados, lo que obligaría al gobierno a al menos mantener la política fiscal.