Sin aval para juzgar violaciones de DDHH

MONTEVIDEO. Por segunda vez en 20 años los uruguayos ratificaron la vigencia de la ley que evitó juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-85), en clara señal de querer dar vuelta una de sus páginas más oscuras, según analistas.

“Evidentemente en la ciudadanía uruguaya no hay voluntad de sacar la ley 20 años después”, subrayó a la AFP Jaime Yaffé, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la República.

El domingo junto a los comicios presidenciales y legislativos que llevaron a segunda vuelta el 29 de noviembre al ex guerrillero José Mujica y al liberal Luis Lacalle, se realizó un plebiscito para anular la denominada Ley de Caducidad. Según cifras oficiales de la Corte Electoral la iniciativa apoyada por la izquierda recibió una adhesión del 47.36% de los votos, cuando necesitaba más del 50% para su aprobación.

“Jugó en contra que en este período de gobierno hubo procesamientos y en los días previos (al plebiscito) hubo un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo cual le quitaron la necesidad de anularla”, consideró Yaffé.

Durante el actual gobierno de Tabaré Vázquez y en el marco de dicha norma, fueron condenados 10 ex militares y policías —entre ellos el ex dictador Gregorio Álvarez (1981-85) — a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los DDHH, y procesado el ex dictador Juan María Bordaberry (1973-76).

La ley, que obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no, fue votada por el Parlamento en diciembre de 1986, y ratificada en un primer plebiscito celebrado en abril de 1989.

“En 1989 había temor. Ahora no es el caso (...) y no es que estén encantados con la ley, pero la gente quiere dar vuelta la página y (pensó que) parecía innecesaria su anulación”, dijo el analista y director de la consultora Interconsult, Juan Carlos Doyenart.

De su lado el escritor y analista Alfonso Lessa, aseveró que “es un tema ya laudado” y opinó que “no hubo una campaña entusiasta de la izquierda para la anulación, porque quizás a un segundo gobierno del Frente Amplio lo podía complicar”.

La dificultad observada por Lessa atañe a “eventuales liberaciones (de uniformados encarcelados), el inicio de juicios nuevos, o el hecho de que un alto número de militares tuviera que ir a declarar ante la Justicia, lo que podría traer un estado de inquietud y abrirle un nuevo flanco al gobierno”.