Polémica ley en Argentina

Con fuertes críticas de la oposición y de propietarios de medios, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner avanzó en la Asamblea legislativa de Argentina con el proyecto de Ley que regula el mercado de papel y declara como ‘interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios’, al tiempo que delega en el Poder Ejecutivo la elaboración del marco regulatorio de la actividad.

La medida se inscribe en un fuerte enfrentamiento que el kirchnerismo mantiene desde hace tres años con el multimedios Clarín, propietario, junto al periódico La Nación y el Estado, de la empresa que tiene el monopolio de la comercialización del papel para diarios y revistas en Argentina. De esta manera, el oficialismo propició un nuevo revés al sector tras la aprobación de la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual, que dos años atrás estableció una nueva regulación en el mercado de medios.

Inmediatamente, entidades patronales de prensa alzaron la voz de alerta: ven en la medida un intento de control por parte del Gobierno y, en consecuencia, un grave avance sobre la libertad de expresión. Tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –que reúne a diarios de todo el continente– y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), se mostraron preocupadas por la situación.

El oficialismo defiende la regulación a capa y espada, con el argumento de que el dominio de los dos principales periódicos de Argentina —Clarín y La Nación— sobre la empresa Papel Prensa genera una desigualdad que hay que subsanar: ‘Utilizan el 71% para cubrir sus necesidades y el 29% restante se distribuye entre 168 medios que deben pagar un precio 15% mayor e importar para abastecerse’, acusó el legislador electo y ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante la sesión que convirtió en ley la iniciativa.

Denuncian, además, que las acciones fueron cedidas por la Junta Militar de manera ilegal, entre agosto de 1976 y marzo de 1977, en plena dictadura en el país.

LO QUE DICE LA LEY

La ley estipula cómo debe funcionar la empresa Papel Prensa, única productora de pasta celulosa y papel para periódicos del país, que pertenece mayoritariamente a los dos principales diarios.

Declara de ‘interés público’ la producción, distribución e importación del papel de diario, y exige que Papel Prensa, la única productora del insumo, opere a pleno y garantice el abastecimiento de todo el mercado interno.

LOS CUESTIONAMIENTOS

Tanto Clarín como La Nación, los principales afectados y los más leídos en el país, batallaron contra la medida en sus páginas.

Argumentan que es inconstitucional, ya que viola el artículo 32 de la Constitución Nacional, que dice: ‘El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal’.

La campaña tuvo entre los actores principales a las entidades mencionadas —SIP y Adepa—, la Red Mundial de Editores, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y WAN-IFRA, que representa a 18,000 periódicos en 120 países.

Todas denuncian una ‘campaña gubernamental’ y un ‘intento de presión’ a la prensa independiente.

LA DEFENSA

Constitucionalistas que mantienen una posición equidistante, defienden la obligación del Estado por asegurar que haya una prensa diversa, que se pueda desarrollar, con criterios de igualdad y equidad.

Así lo expresó el especialista en libertad de expresión, el abogado Miguel Rodríguez Villafañe, que agregó que el Estado debe velar por la presencia de emprendimientos periodísticos diversos y que no se den, de hecho o de derecho, monopolios u oligopolios que afecten el derecho a saber, garantizado en la Constitución.