Polémica por ley de comunicación

ECUADOR. El Congreso de Ecuador votará hoy un proyecto de ley de comunicación que prevé reducir el espacio del sector privado con una nueva repartición de frecuencias y que la oposición tilda de ‘mordaza’.

‘Hoy votaremos, en la Asamblea Nacional la Ley de Comunicación, artículo por artículo’, expresó por Twitter el presidente del unicameral Parlamento, Fernando Cordero, del movimiento Alianza País (AP), el partido del mandatario socialista Rafael Correa.

Cordero convocó al Legislativo a la reanudación de la sesión del 11 de abril último. Ese día fue suspendida una hora y media después de iniciada, para dar a la comisión el tiempo necesario para dialogar con diferentes actores. El principal bloque parlamentario cuenta con 53 escaños y necesita 63 votos para que se apruebe el texto que impulsa hace 4 años.

Los legisladores dispondrán de 5 minutos cada uno para pronunciarse en el plenario antes de votar.

REPARTOS Y CRÍTICAS

El sector privado actualmente controla el 85,5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas, de acuerdo con la estatal Superintendencia de Telecomunicaciones. Esa es la excusa del presidente Correa para promover una redistribución equitativa de las frecuencias de la radio y la televisión, lo que para él reducirá considerablemente el poder que tienen los medios privados sobre el espectro radioeléctrico y garantizará una mayor participación.

Sectores de oposición y algunos medios de comunicación consideran que el proyecto es una amenaza para la libertad de prensa. Apuntan sobre todo a la creación de un Consejo de Regulación con un delegado del gobierno y potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones.

La ONG ecuatoriana Fundamedios sostiene que debería ser archivado porque su intención es el ‘control y castigo al ejercicio del periodismo’, así como ‘evitar la crítica sobre funcionarios públicos’ y la ‘imposición de una ética desde el Estado’.

¿FIN DE LA LIBERTAD?

Correa mantiene una tensa relación con medios y el observatorio, al que acusa de hacer activismo a favor de los grandes medios y de ser informante de EEUU.

‘Exigimos que la ley sea garantista de derecho y observe lo que determina la Constitución e instrumentos internacionales sobre libertad de expresión’, dijo el presidente de la Unión Nacional de Periodistas.

La norma ‘busca poner la prensa al servicio del poder, establecer un consejo afín al gobierno que juzgará a los periodistas, viola los principios de libertad’.