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21 de Jan de 2020

América

El gobernador de Guerrero deja el cargo por críticas

Ángel Aguirre solicitó su licencia para ‘favorecer un clima’ que permita resolver la emergencia cuanto antes.

El gobernador del estado mexicano de Guerrero (sur), Ángel Aguirre, anunció el jueves p que se separa del cargo tras el aumento de las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes y la muerte de seis personas a manos de los policías y narcotraficantes del cártel ‘Los Guerreros Unidos’ hace casi un mes.

En un mensaje a los medios en Chilpancingo, capital de Guerrero, el político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que presentaba al Congreso estatal su solicitud de licencia para ‘favorecer a un clima político que permita resolver la emergencia’.

‘La prioridad debe de ser continuar con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y garantizar que los responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos sean castigados’, declaró Aguirre.

Ahora, explicó, el Congreso deberá elegir responsablemente a la persona que continuará al frente del Gobierno de Guerrero hasta que concluya su mandato en 2015.

Su salida del poder era una de las principales demandas de los familiares de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala y de sus compañeros, que han protagonizado numerosas protestas para exigir el regreso a casa de los jóvenes.

En los tres últimos días las movilizaciones, en las que también participan miles de maestros, se han radicalizado con ataques a las oficinas del Gobierno estatal, del Congreso, de las instalaciones del PRD y de las alcaldías de Chilpancingo e Iguala.

‘Esta es una decisión responsable para seguir sirviendo al pueblo y al estado que me vio nacer, al pueblo al que me debo y al que le he dedicado gran parte de mi vida’, aseveró el político del PRD, el mismo partido del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, considerado uno de los autores intelectuales de los hechos del 26 de septiembre.

Aguirre dijo haber trabajado ‘incansablemente hasta el día de hoy’ para castigar a los responsables y localizar a los jóvenes desaparecidos.

Aseguró que tomó medidas inmediatas para detener a los policías directamente implicados y a otros señalados partícipes de estos hechos, así como para localizar a los jóvenes y brindar la atención a todas las víctimas.

Además, ‘convencido de que las características de estos hechos obligaban a una intervención del Gobierno federal, de inmediato informamos a las instancias competentes y solicitamos su colaboración’, indicó Aguirre, quien también aseguró haber informado sobre ‘los antecedentes de estos hechos a las fuerzas federales’.

El político también presentará un informe detallado de todas sus actuaciones para atender la tragedia al Congreso del estado, al Legislativo federal y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ONU PIDE CELERIDAD

Por su parte, El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó ayer a las autoridades mexicanas que incrementen sus esfuerzos para poder encontrar a los jóvenes. ‘Lamentamos que hasta el momento estos mecanismos (establecidos por las autoridades) no hayan sido exitosos para encontrar a los estudiantes, y urgimos a las autoridades a incrementar sus esfuerzos para encontrarlos’, señaló en rueda de prensa Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado.

Asimismo, Shamdasani dijo que la oficina del Alto Comisionado también está preocupada por ‘el hecho de que varias fosas colectivas -nueve de acuerdo a las cifras oficiales- hayan sido encontradas en las afueras de Iguala’. ‘Exhortamos a las autoridades mexicanas a conducir investigaciones efectivas, prontas e imparciales para identificar a las personas cuyos cuerpos estaban en las fosas colectivas y llevar a la Justicia a los responsables’.

La portavoz pidió también al Gobierno mexicano que reconozca la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de parte de víctimas, ‘de acuerdo con el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas’.