México, aún sin respuesta

A yer se cumplieron seis meses de las desapariciones de 43 estudiantes en Iguala. Nada se sabe de estas atrocidades que le cambiaron la cara a México en la escena mundial. Lo grave es que todo sigue abierto: las heridas de los padres que buscan a sus hijos, las omisiones perpetuas del gobierno de Peña Nieto respecto al curso de las investigaciones, las heroicas marchas que denuncian asesinatos y violaciones a los Derechos Humanos en México y, en paralelo, el negocio de la droga que crece a nivel mundial con los carteles mexicanos a la cabeza.

Nada que no supiéramos. Las desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa constituyó un hecho que marcó un antes y un después en México. Emergió a la escena internacional ese otro país que, en paralelo al gobierno oficial, en especial en el estado de Guerrero, actúa como autoridad secreta, ilegal y claramente delictiva, que vive bajo el amparo de una impunidad tolerada en extremos durante décadas.

Seis meses después del caso, la gran incógnita es por qué no hay respuestas claras sobre la participación alambicada de funcionarios, policías y militares junto al crimen organizado en el caso de los estudiantes desaparecidos. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han venido sosteniendo los matices que ha usado la Procuraduría General mexicana para explicar los lentos avances en las investigaciones, en particular sobre las implicaciones de funcionarios de alto nivel del estado de Guerrero y sus posibles réplicas en otros estados. Se han dado detenciones contra el crimen organizado que producen grandes titulares en los diarios, pero no generan ningún cambio sustancial, pues el crimen organizado sigue actuando de manera sistemática en las entrañas de muchos estados mexicanos.

La ironía del caso de las desapariciones de Iguala radica en las declaraciones al diario El Financiero (México), del ex procurador de la República Ignacio Morales Lechuga, quien aseguró que, en Guerrero, existe, desde el 2005, una Ley contra las desapariciones forzadas que hubiera permitido resolver el caso. Se trata de una Ley única en todo el país que no fue usada. Otra deliberada omisión en el dramático caso de Iguala.