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05 de Jul de 2022

América

Brasil debate la reducción de edad penal a 16 años

Que los adolescentes sean castigados por sus crímenes de la misma forma que los adultos

Brasil debate la reducción de edad penal a 16 años
La presidenta de Brasil , Dilma Rousseff, está en contra de reducir la edad penal de 18 a 16 años.

Con la composición más conservadora de su historia reciente, el Congreso brasileño discute la reducción de la edad penal de 18 a 16 años, una propuesta que avanza a paso firme pese a la resistencia del gobierno, la iglesia católica y grupos de derechos humanos.

Que los adolescentes sean castigados por sus crímenes de la misma forma que los adultos. Es una idea que circula en los corredores del parlamento de Brasil hace 22 años, pero que ha cobrado fuerza en las últimas semanas, después de una serie de crímenes cometidos por menores que tuvieron gran repercusión en la prensa.

En mayo, un médico fue presuntamente asesinado a puñaladas por un adolescente mientras paseaba con su bicicleta en una zona turística de Río de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos-2016.

El mismo mes cuatro jóvenes fueron brutalmente agredidas y violadas por un grupo de muchachos en el interior de Piauí (noreste). Una de ellas falleció.

La iniciativa tiene un amplio respaldo popular: el 87% de los brasileños está de acuerdo, según realizada por la consultora Datafolha en abril.

‘En el Brasil actual, nadie puede pensar que un ciudadano de 16 años que, de acuerdo con la Constitución puede votar y trabajar, no sea capaz de distinguir lo que está bien de lo que está mal, que no sepa la diferencia entre lo que es delito y lo que no es', sostiene el diputado Laerte Bessa, uno de los impulsores de la enmienda constitucional.

La propuesta que se votará en el plenario de la Cámara de Diputados el 30 de junio prevé la reducción de la edad penal para delitos graves, como violación, homicidio, latrocinio (robo seguido de muerte), lesión corporal grave y robo calificado.

La ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Iglesia católica y hasta la propia presidenta Dilma Rousseff claman por soluciones alternativas.