Pérez y Baldetti ante la justicia por nuevo caso

El exsecretario privado de la vicepresidencia de Guatemala, Juan Carlos Monzón, relató este lunes ante un juez la trama que culminó en la adjudicación supuestamente ilícita de un proyecto portuario que involucra al expresidente Otto Pérez y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, encarcelados por corrupción.

‘Ese usufructo oneroso... si se llegó a realizar fue por mí, yo hice que ese contrato oneroso se llevara a cabo', declaró el exfuncionario por medio de un audio grabado con antelación tras constituirse como testigo protegido de la Fiscalía.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, buscan que la declaración de Monzón sirva para que el juez Miguel Ángel Gálvez ordene investigar a Pérez y Baldetti por su participación en la suscripción de un millonario proyecto portuario con una empresa española.

El caso fue revelado el pasado 15 de abril y este lunes inició una audiencia de primera declaración de una decena de detenidos y, al terminar el proceso que puede llevar varios días, el juzgador decidirá si los exgobernantes deben cargos por nuevos delitos.

Baldetti y Pérez se encuentran en prisión preventiva desde el año pasado por su presunta participación en una estafa al sistema nacional de aduanas que les obligó a renunciar a sus cargos en mayo y setiembre, respectivamente.

En relación con el nuevo caso, Monzón indicó que Pérez y Baldetti le encomendaron despejar el camino para concretar el contrato que dio a la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) la administración de Puerto Quetzal (Pacífico) por un plazo de 25 años prorrogables y ‘cobrar, cobrar y cobrar' los sobornos.

‘El usufructo tenía unas comisiones..., unos montos específicos de comisión, o sea dinero porque saliera eso', agregó Monzón, quien agregó que se fijó una tabla para repartir el dinero, parte del cual era para los exgobernantes.

El contrato, que se firmó el 4 de abril de 2012 en medio de señalamientos de irregularidades, incluía una comisión de $30 millones para los gestores nacionales e internacionales, según la investigación.

La exvicepresidenta también es investigada desde marzo por la adjudicación anómala de un contrato por $18 millones a una empresa israelí para descontaminar el Lago de Amatilán, con la aplicación de un químico.