La corrupción persigue a dos expresidentes y al titular

Un magistrado de la Suprema Corte de Brasil autorizó a la Fiscalía a analizar de forma preliminar la denuncia realizada por uno de los acusados en la trama de corrupción en Petrobras, quien implicó al presidente Michel Temer en el caso.

El diario O Globo indicó que el magistrado Teori Zavascki, del Supremo Tribunal Federal (STF), envió el caso al fiscal general de la República, Rodrigo Janot, quien deberá decidir si existen razones para abrir una investigación contra Temer.

El jefe de estado brasileño fue incriminado por una declaración realizada ante la justicia por Sergio Machado, expresidente de Transpetro, una subsidiaria de la petrolera Petrobras, e implicado en el escándalo de corrupción de la compañía.

Según Machado, Temer le solicitó ayuda financiera para la campaña electoral de un candidato del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en 2012, cuando era vicepresidente del país en el Gobierno de la ahora exmandataria Dilma Rousseff y presidía esa formación.

Machado, quien también ocupó un escaño de senador por el PMDB, dijo que Temer lo buscó con la intención de obtener financiación para la campaña de Gabriel Chalita para la Alcaldía de Sao Paulo y que fue acordada una aportación de 1.5 millones de reales (hoy unos $465,500).

Tras la delación, que salió a la luz el pasado junio, Temer calificó de ‘irresponsable, mentirosa y criminal' la declaración de Machado, quien confesó a cambio de una reducción de pena. Machado implicó a una veintena de dirigentes de cinco formaciones, incluido el Partido de los Trabajadores, al que pertenecen Rousseff y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, pero sobre todo a influyentes líderes del PMDB, entre ellos los senadores Renan Calheiros, presidente de la Cámara alta, y Romero Jucá, así como al expresidente José Sarney.

La acusación realizada por el expresidente de Transpetro contra los caciques del PMDB será analizada por la Fiscalía junto con la de Temer. En total serán estudiadas cuatro piezas con pedazos de la delación ofrecida por Machado contra políticos con fuero privilegiado y una de ellas también incluye la realizada contra el senador Aecio Neves, excandidato presidencial por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

La acusación de Machado provocó un torbellino dentro del PMBD y tres ministros de Temer, entre ellos Jucá, se vieron obligados a renunciar en medio de las presiones del partido.

Temer llegó al poder de manera interina en mayo, pero desde el pasado agosto sustituye de manera definitiva a la presidenta Dilma Rousseff, quien fue destituida por el Senado por unas irregularidades en las cuentas públicas.

Por otra parte, El juez responsable de las investigaciones sobre corrupción en la estatal brasileña Petrobras ordenó investigar el archivo personal de Luiz Inácio Lula da Silva para verificar si el exmandatario tiene en su poder objetos que pertenecen a la Presidencia.

El archivo, que comprende documentos, cartas y objetos del expresidente, quien fue denunciado por corrupción, fue decomisado por la Justicia en el marco de las investigaciones del escándalo de Petrobras.

El juez Sergio Moro, de la ciudad de Curitiba, aceptó el pedido de la Fiscalía y solicitó a la Presidencia que analice el patrimonio personal de Lula y verifique si alguno de los objetos debe ser reincorporado al archivo presidencial.

Moro basó su solicitud en una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que estableció que 4.500 ítems del patrimonio público se encuentran desaparecidos.

La defensa del expresidente, por su parte, subrayó que Moro no tiene jurisdicción sobre el patrimonio personal de Lula y enfatizó que la decisión del magistrado supone "otro de los excesos" cometidos por el juez.

"El archivo contiene, fundamentalmente, cartas, documentos y presentes recibidos por Lula en Brasil y en el exterior a lo largo de ocho años de sus dos mandatos presidenciales. No hay, por lo tanto, ninguna relación con Curitiba, con Petrobras o con Lava Jato", señala un comunicado firmado por el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins.

Moro aceptó la pasada semana la denuncia presentada contra Lula por corrupción y lavado de dinero y abrió un proceso judicial contra el ex jefe de Estado.

De acuerdo con la Fiscalía, Lula recibió favores de la constructora OAS, ya condenada por los desvíos en la estatal, a cambio de contratos en obras de la petrolera estatal.

Lula ha acusado a Moro de "imparcialidad" y ha apelado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para denunciar un "abuso de poder" y una "persecución judicial" por parte del magistrado de Curitiba.