CIDH señala responsabilidad de Paraguay en caso de torturas a activistas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló este jueves en una audiencia ante la Corte Interamericana que el Estado de Paraguay es responsable por la supuesta desaparición y torturas de dos activistas de izquierda en el año 2002.

Según la demanda presentada por la CIDH a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), los activistas del grupo izquierdista Patria Libre, Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, fueron desaparecidos temporalmente entre el 17 y el 30 de enero de 2002 y sufrieron torturas.

Arrom y Martí denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales, quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los presionaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

La representante de la CIDH, Silvia Serrano, dijo al inicio de la audiencia de este jueves que está comprobado con dictámenes médicos que los dos denunciantes fueron torturados y que el caso "se mantiene en la impunidad".

"Se cometieron actos de torturas y privación de libertad con la participación o aquiescencia de agentes del Estado. Esto basado en múltiples fuentes", aseguró Serrano.

La representante de la CIDH señaló que la investigación judicial paraguaya por este caso no fue de oficio y careció de garantías como la debida diligencia, la imparcialidad; trasladó la carga de la prueba a los denunciantes y "estigmatizó a las víctimas".

En la audiencia rindió testimonio vía vídeo conferencia Arrom Suhurt, refugiado en Brasil, quien relató que fue torturado con el fin de que se inculpara del secuestro y también a otros movimientos de izquierda y de oposición.

Arrom aseguró que en el tiempo que estuvo retenido identificó a un agente policial y conversó con ministros paraguayos, y que posteriormente a su liberación logró identificar a otros supuestos captores.

Arrom dijo que él y Martí fueron encontrados por familiares en la casa en donde estuvieron capturados y que a partir de entonces no contaron con las garantías judiciales para buscar justicia por su caso.

En diciembre de 2003 Arrom y Martí obtuvieron el estatus de refugiados en Brasil.

Arrom afirmó que han sido víctimas de "persecución" por parte de altos funcionarios del Gobierno que los califican de criminales, que han solicitado a Brasil revocar el refugio y que incluso ofrecieron una recompensa de 100.000 dólares por su captura.

El pasado lunes, el procurador general de Paraguay, Sergio Coscia, dijo en una entrevista a EFE que la versión de Arrom y Martí es "falsa" y que así fue determinado por la justicia paraguaya.

Coscia atribuyó la demanda ante la Corte Interamericana a un interés económico de los demandantes por obtener una indemnización y evadir los cargos por el secuestro de María Edith Bordón.

Para más tarde está previsto la intervención de dos testigos del Estado y al final de la sesión los alegatos finales de la CIDH, de los representantes de las presuntas víctimas y de la representación del Estado.

En la audiencia está presente el presidente de Paraguay, Mario Abdo Martínez, en calidad de "observador".