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07 de Dec de 2019

América

Bukele se olvida de las dolencias de El Salvador por erradicar el nepotismo

El mandatario ha sido criticado porque los despidos y acusaciones se dan a pesar de los señalamientos en su contra de supuesto nepotismo en la alcaldía de San Salvador

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele (c), acompañado por los diputados Serafín Orantes (i) y Norman Quijano (d).

El nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está tan enfrascado en erradicar el nepotismo en las entidades estatales que se le ha olvidado que las violentas pandillas merodean por los territorios más vulnerables y que los pobres esperan conocer las medidas que implementará para sacarlos de su realidad.

Ocho días después del cambio de Gobierno, aún se desconoce cómo Bukele, quien alcanzó la Presidencia bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), abordará los temas cruciales, ya que su primera semana como mandatario la ha centrado en sacar de sus cargos a familiares de miembros del anterior Ejecutivo, especialmente del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

La noche del martes pasado, Bukele, de 37 años, publicó en su cuenta de Twitter : ‘Se le ordena a la ministra de Vivienda (Michelle Sol) que remueva al hijo del expresidente de la República de su plaza en @Fonavipo (Fondo Nacional de Vivienda Popular) y que sus 4,000 dólares de salario pasen a ahorro de la institución'.

El mensaje fue captado de inmediato por la titular del Ministerio de Vivienda, quien a través de su cuenta de Twitter , respondió: ‘Ahorita mismo, presidente'.

El tuit del mandatario fue el primero de muchos que publicó entre la noche del martes y el jueves, en los que acusó a Sánchez Cerén de ‘nepotismo' tras destituir a ocho supuestos familiares, entre hijos y nietos, quienes trabajan en diferentes entidad estatales.

‘Solo en salarios, su grupo familiar (el de Sánchez Cerén) se llevó más de seis millones de dólares en su quinquenio', escribió Bukele, quien también ordenó la destitución de otros familiares de miembros del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido al que perteneció y fue expulsado en el 2017.

Esta acción también ha tocado a exfuncionarios del Gobierno de Sánchez Cerén, como la exviceministra del Exterior Liduvina Magarin y el extitular de Educación Carlos Canjura.

‘Se le ordena a la ministra de Vivienda (Michelle Sol) que remueva al hijo del expresidente de la República de su plaza en @FONAVIPO (Fondo Nacional de Vivienda Popular)...',

NAYIB BUKELE

PRESIDENTE DE EL SALVADOR

La manera de proceder del mandatario ha sido criticada por muchos porque los despidos y acusaciones se dan a pesar de los señalamientos en contra de Bukele de supuesto nepotismo durante su Administración en la Alcaldía de San Salvador (2015 y 2018) y en su actual gabinete.

Un ejemplo de ello es el nombramiento de Miguel Kattán, tío del mandatario, como secretario de Comercio de la Presidencia, un nuevo cargo creado por Bukele.

En medio de toda esta polémica, al mandatario se le ha olvidado que los miembros de las principales pandillas que asedian los territorios más vulnerables de la nación, considerada como una de las más violentas del mundo, siguen siendo la lacra que no permite al país avanzar.

Aún se desconocen las medidas de seguridad que serán implementadas por el Ejecutivo o si se seguirá con los planes dejados por la Administración de Sánchez Cerén, en los se incluyó sacar a los militares a patrullar las calles.

El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, señaló el martes pasado que se mantendrán, por orden de Bukele, a más de 10,400 soldados en las calles, pese a las peticiones de las organizaciones sociales de desmilitarizar la seguridad pública.

Estos soldados se suman a unos 28,000 agentes de la Policía que están desplegados en todo el país centroamericano para erradicar la violencia generada por las estructuras Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.

La designación de Arriaza como jefe de la corporación policial tampoco ha sido bien vista por diferentes sectores, entre ellos representantes de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, quienes vinculan al nuevo director con supuestas violaciones de derechos humanos perpetradas por unidades bajo su mando.

Entre los casos cuestionados a las unidades bajo el mando de Arriaza se encuentra la desaparición y asesinato de la agente Carla Ayala en una ‘fiesta navideña' del Grupo de Reacción Policial (GRP), disuelto en 2018, a manos de uno de sus miembros.