Bachelet documenta torturas y arbitrariedades en Venezuela

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a acabar con las graves vulneraciones de derechos sociales, políticos, económicos y civiles que existen en ese país.

La información se desprende de un informe que se publica después de la visita a Caracas de la alta comisionada. Los resultados serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra.

El documento advierte de que si la situación en el país sudamericano no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados, una migración que supera los cuatro millones de personas.

El informe está basado en 558 entrevistas con víctimas y otras fuentes, incluyendo abogados, profesionales de la salud, de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, exmilitares y oficiales de seguridad.

Para la evaluación de la situación en el país sudamericano, también se contempló numerosos documentos que recopiló la alta comisionada de las Naciones Unidas.

En el informe, Bachelet pide a las autoridades la liberación de todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales; también señala al Ministerio Público de haber incumplido su obligación de investigar y enjuiciar a responsables.

En la última década, especialmente desde 2016, el régimen venezolano ha encabezado una estrategia dirigida a ‘neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes adversan la gestión, añade el informe.

El documento de la alta comisionada por los Derechos Humanos detalla que entre 2014 y 2019 se registraron 135 casos de personas aprehendidas (23 mujeres y 112 hombres). Algunos de estos casos han sido calificados como ‘desapariciones forzosas' hasta que los cuerpos de seguridad del Estado han revelado la ubicación de la víctima, luego de varios días de captura.

En el trabajo, se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

La crisis económica y social en Venezuela se agudizó entre 2018 y 2019, a medida que la economía del país sudamericano iba contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo.

A pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta que no se puede considerar un salario de subsistencia.

El sistema hospitalario agoniza. La infraestructura lleva años deteriorándose y se caracteriza por el éxodo de doctores y personal de enfermería. Así mismo, se presentan graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos.

‘La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos', denuncia la también expresidenta de Chile.

Bachelet así mismo denuncia en su informe que el ‘Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria'.

La corrupción

El desvío de los recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho de un nivel de vida adecuado debido al deterioro de servicios básicos como transporte público, acceso a electricidad, agua y gas natural, apunta.

En cuanto a la libertad de expresión, el documento señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido. Se han prohibido y clausurado medios y han sido detenidos periodistas independientes.

‘En los últimos años, el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes', indica el informe de la alta comisionada.

Los pueblos indígenas, en riesgo

DERECHOS

Los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos, según un informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

A Bachelet le preocupa especialmente los informes de amenazas y actos de violencia contra las autoridades y dirigentes indígenas. El documento denuncia ‘la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria de la población indígena' y cómo pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre estas la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados: ‘La extracción de minerales, en los estados Amazonas y Bolívar, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra'.