Conflicto por tierra indígena sigue causando violencia y muerte en Costa Rica

El segundo asesinato de un dirigente indígena en el marco de un conflicto por territorios ancestrales en Costa Rica en menos de un año vuelve a demostrar la urgencia de una solución que el país no ha podido encontrar, pese a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Jehry Rivera murió la noche del lunes cuando otro hombre le disparó en varias ocasiones en medio de una riña en la que participaron unas 20 personas, entre indígenas y no indígenas, en el marco del conflicto por la recuperación de tierras en el pueblo Térraba (sur).

Allí, grupos de indígenas suelen recuperar terrenos ancestrales por su propia cuenta, pues dicen que se cansaron de esperar a que el Gobierno lo haga.

Esto ocasiona hechos violentos con las personas no indígenas, e incluso algunos indígenas, que dicen ser propietarios legales de los terrenos.

RIVERA, EL SEGUNDO MUERTO EN MENOS DE UN AÑO

Jehry Rivera, un defensor de las tierras y las fuentes de agua en las comunidades indígenas, es la segunda víctima mortal de este conflicto que se ha extendido por años en las comunidades del sur de Costa Rica.

Las autoridades informaron que un hombre, al parecer también indígena, se entregó voluntariamente y confesó ser el autor del crimen, aunque alega legítima defensa.

La asesinato de Rivera ocurrió casi un año después del de Sergio Rojas, otro líder de las comunidades indígenas del sur del país.

Rojas falleció tras ser atacado a balazos en marzo de 2019, sin que hasta ahora las autoridades hayan identificado a los responsables.

Las organizaciones indígenas del país ha señalado que el Gobierno es responsable de la muerte de los dirigentes por no haber recuperado y devuelto las tierras a las comunidades, mientras que la Defensoría de los Habitantes notificó lo ocurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

UN COMPLEJO CASO CON MEDIDAS CAUTELARES INTERAMERICANAS

La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, envió esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la situación de las comunidades indígenas de Costa Rica.

"Hacemos un llamado al Estado para que realmente lidere de manera inmediata y efectiva acciones que permitan atender el conflicto por tierras. Los espacios generados por el Gobierno para un efectivo diálogo no han sido suficientes para lograr resultados concretos", declaró Crespo.

En el año 2015 la CIDH dictó medidas cautelares en favor de las comunidades indígenas de Salitre (etnia bribri) y Térraba (etnia teribe), ubicadas en el sur del país, en la provincia de Puntarenas, y que han sido escenario de disputas violentas por tierras entre indígenas y no indígenas.

Con estas medidas el Gobierno está en la obligación de garantizar la seguridad de las personas de la zona y de trabajar por solucionar el problema.

El Gobierno asegura que en los últimos años ha recuperado algunos terrenos y los ha entregado a la Asociación de Desarrollo Integral de las comunidades, pero los indígenas consideran que esto no ha sido suficiente.

La CIDH realizó una visita a la zona en junio de 2019 y emitió un informe en el que reconoció lo complejo de la situación y "la voluntad del Estado para cumplir con las medidas cautelares".

Además, instó al Estado a "redoblar sus esfuerzos para dar efectividad a los planes y medidas para garantizar los derechos de los pueblos Bribri y Teribe e investigar los eventos de riesgo en su contra, con el fin de evitar que queden en una situación de impunidad".

La Ley Indígena de 1977 establece que los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades, pero los finqueros no indígenas afirman que las tierras les fueron vendidas por los mismos aborígenes y en muchos casos antes del año en que se aprobó la ley.

LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL

El Gobierno ha informado que el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola Madrigal, logró establecer en los últimos días una serie de espacios de diálogo con los actores involucrados en el ordenamiento de tierras, y que además informó a la CIDH de las acciones llevadas a cabo en los últimos meses.

“En estos espacios hemos logrado establecer un diálogo honesto y transparente para fortalecer las acciones que el Gobierno realiza en los territorios desde el 2018, además de coordinar y priorizar acciones que permitan generar un ambiente de paz entre las partes“, declaró Otárola.

El Gobierno asegura que tiene en marcha un Plan de Recuperación de Territorios Indígenas y que ha llevado a cabo acciones para fortalecer la seguridad en la zona.