Ordenan libertad de 46 policías presos por huelga de 13 días en Brasil

Un juez brasileño ordenó este lunes la liberación de 46 agentes de la Policía Militarizada que estaban presos por haber participado en la huelga que concluyó el domingo en el estado de Ceará (nordeste) tras 13 días de una paralización en los que se registraron 241 homicidios.

La orden para liberar a los agentes detenidos, acusados de amotinamiento o de deserción, fue dictada por el juez 17 penal de Ceará, Roberto Soares Coutinho, el mismo día en que los policías normalizaron sus labores y desocuparon los cuarteles en que se habían amotinado tras llegar a un acuerdo con las autoridades regionales y poner fin a la huelga.

El juez alegó que la detención preventiva de los amotinados había sido ordenada con el fin de "resguardar el orden público y la jerarquía y la disciplina" durante la paralización y que perdió su razón de ser una vez finalizada la huelga.

El juez alegó igualmente que el acuerdo que puso fin a la paralización establece que los agentes implicados en la huelga, pese a ser una medida prohibida para policías, tendrán derecho a un "proceso legal sin persecución, con amplio derecho a la defensa y con el seguimiento de las instituciones".

Los agentes habían sido arrestados por no haberse presentado a sus puestos de trabajo durante la huelga o porque fueron sorprendidos cuando pinchaban los neumáticos de las patrullas en uno de los cuarteles de la Policía Militarizada.

El acuerdo, sin embargo, negó la amnistía general para los huelguistas, que era la principal reivindicación de los policías.

Las negociaciones concluyeron con éxito en la noche del domingo y permitieron que los policías volvieran a sus puestos de trabajo en la mañana de este lunes.

El Ministerio Público, uno de los articuladores de las negociaciones, informó que, tras la normalización de las actividades de la Policía, le solicitará al Gobierno federal de Brasil la "gradual desmovilización" de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Nacional de Seguridad enviados a Ceará para garantizar el orden público durante la huelga.

La movilización de los militares fue autorizada el 20 de febrero pasado por el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y rige inicialmente hasta el próximo viernes.

La presencia de las Fuerzas Armadas fue solicitada por el gobierno regional de Ceará debido al fuerte aumento de los homicidios y de otros indicadores criminales durante la huelga.

Según la secretaría regional de Seguridad Pública y Defensa Social, el estado de Ceará registró 241 homicidios entre el 19 y el 27 de febrero, con un promedio de 26,7 muertes por día. Antes de la paralización, entre el 1 y el 18 de febrero, la región registró 164 asesinatos, con un promedio de 9 por día.

Además de prometer una mejoría salarial, que era la reivindicación inicial de los huelguistas, la Gobernación de Ceará se comprometió a que los policías que "se amotinaron" sólo serán sancionados después de ser sometidos a procesos en los que se les ofrecerán todas las garantías.

Pese a que la huelga de policías es prohibida por ley, Bolsonaro, que cuenta con el fuerte apoyo de los sectores defensores de una mayor represión policial al crimen, se abstuvo de criticar a los amotinados.

Su ministro de Justicia, el exjuez federal Sergio Moro, reconoció la ilegalidad del movimiento pero afirmó que los policías no pueden ser tratados como criminales y defendió que las autoridades llegaran a un acuerdo con los amotinados.

La mayoría de los policías en huelga permanecieron amotinados los 13 días en un cuartel de Fortaleza, la capital regional, y otros encapuchados, que se identificaban como supuestos agentes, lo hicieron escuelas públicas del estado.

Uno de los momentos de mayor tensión a causa de la huelga se produjo cuando el senador laborista Cid Gomes recibió dos disparos en el pecho en la ciudad de Sobral, en el interior del estado, cuando intentó dispersar a los huelguistas a bordo de una pala mecánica.

El parlamentario, del Partido Democrático Laborista (PDT) y hermano del candidato presidencial Ciro Gomes, tuvo que ser hospitalizado pero ya fue dado de alta.

Tanto Bolsonaro como Moro criticaron a los hermanos Gomes, que se turnaron en la gobernación de Ceará, por radicalizar los ánimos durante la huelga.