América Latina, donde defender la Tierra se paga con la muerte

Otilia Martínez Cruz, una mujer indígena rarámuris de 60 años, y su hijo de 20 años, Gregorio Chaparro Cruz, estaban juntos cuando un grupo de hombres armados se presentó frente a su casa. Los dos luchaban contra la tala ilegal dentro de los territorios ancestrales del pueblo rarámuri, en el estado de Chihuaha, al nordeste de México.

Las amenazas de este tipo no eran algo nuevo para ellos. Un año antes un familiar, Julián Carrillo, murió a tiros por oponerse a las concesiones mineras en su comunidad. Otros cinco miembros de su familia habían sido asesinados en circunstancias similares.

La mañana del 1 de mayo de 2019, los cuerpos de Otilia y de su hijo fueron encontrados acribillados a balazos; un crimen que permanece impune un año después.

Así Otilia se convirtió en una de las 212 personas asesinadas el año pasado en todo el mundo, solo por tratar de frenar la destrucción de la naturaleza y defender sus territorios, según el último reporte publicado este martes por la organización Global Witness.

El informe anual titulado “Defender el mañana”, es una investigación que registra los asesinatos y desapariciones de ambientalistas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, además de amenazas y criminalización que estos enfrentan por su lucha.

Para la oenegé las cifras de 2019 son alarmantes no solo por darse el mayor récord de muertes en un solo año, sino porque la mitad de esas muertes tuvo lugar en América Latina.

La lista mundial es encabezada por Colombia con 64 asesinados, luego está Filipinas con 43 asesinatos. A partir del país asiático, sigue Brasil (24), México (18), Honduras (14), Venezuela (8); más abajo en la lista están Nicaragua (5), Perú, Bolivia y Costa Rica, con un asesinado cada uno. Unos números conservadores, dado que la organización considera que podría haber un subregistro.

La situación colombiana es particularmente dramática cuando se suman los ambientalistas fallecidos, con el resto de líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados.

De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde que se firmó la “paz” entre la antigua guerrilla de las FARC –hoy desmovilizada y convertida en partido político– y el Estado en 2016, han sido asesinados más de mil activistas comunitarios, dirigentes sociales y defensores de la Tierra; incluso exguerrilleros que habrían dejado las armas con la promesa de superar el conflicto por medio de vías pacíficas, han terminado muertos.

El incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado, en particular con el uribismo en la presidencia de Iván Duque, y la aparición de la pandemia por el SARS-CoV-2, han hecho cada vez más inviable los acuerdos de La Habana. Además, un reciente informe de la ONU indicó que las medidas de cuarentena están siendo aprovechadas por bandas paramilitares para acabar con líderes sociales, mientras están encerrados en sus casas.

En el documento, Globlal Witness encontró que, en el mundo, la actividad minera mantiene una relación directa con los defensores asesinados; por encima del 50% de las muertes en América Latina estaban vinculadas a este sector, que no en pocas ocasiones ocupan ilegalmente territorios afectando la vida de las comunidades.

Los datos recabados por la organización apuntan a que la industria minera es “uno de los mayores detonantes de la violencia contra las personas defensoras de la Tierra y del medio ambiente”. Aún peor, menos de la mitad de las empresas encuestadas no tenían ningún compromiso público con las consultas comunitarias ni los derechos humanos.

“La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la Tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono”, dijo a la agencia EFE Rachel Cox, encargada de campañas de la oenegé.

Frente a esto, la organización pidió a los gobiernos atender con urgencia los problemas sociales estructurales –pobreza, injusticia, derecho a la tierra, seguridad–, como también evitar las industrias extractivas que dan espacio para posibles violaciones a los derechos humanos con autorización del Estado. Son los casos de gobiernos como los de Honduras, México, Estados Unidos, Canadá, recientemente Bolivia o Brasil, que han propiciado políticas que van a contramano de la sostenibilidad social y ambiental.

Esta suerte de “carta blanca” oficial se ha convertido en una amenaza para áreas protegidas y sus habitantes. Un ejemplo que ilustra esto ha sido la gestión del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que abiertamente llamó a la explotación comercial de la Amazonía.

La laxitud del mandatario de extrema derecha ha permitido un avance de las grandes compañías de capital estadounidense ligadas a la agroindustria –especialmente la producción de soja– como Archer Daniels Midland, Bunge Limited o Cargill, señaladas no solo de deforestar y contaminar vastas regiones en la Amazonía, sino también de trabajar con proveedores locales acusados de violar derechos humanos.

El informe destaca, además, que en algunos países de la región, la difamación y criminalización de los activistas desde el gobierno –incluso en los medios– facilita la vulnerabilidad de los defensores ambientales.

Si se es mujer, el riesgo es doble para las activistas; enfrentadas no solo a la amenaza a sus vidas, sino también bajo agresiones de tinte sexista, llegando a incluir violencia sexual como táctica para acallar a la luchadoras ambientales.