Familiares de fallecidos en protestas del sur de Perú piden justicia en Lima

Los familiares de los fallecidos en las protestas antigubernamentales en el sur de Perú pidieron este jueves en Lima "justicia" y "garantías de no repetición" ante los hechos ocurridos el 9 de enero pasado en la ciudad de Juliaca, donde murieron 18 manifestantes en una sola jornada de enfrentamientos con la Policía.

"Queremos justicia, que los culpables paguen por todos estos hechos, y pedimos que nunca más vuelvan a suceder, que nunca más pongan de luto a una población entera", declaró en una conferencia Raúl Samillán, cuyo hermano Marco era médico internista y fue "ejecutado extrajudicialmente", según su versión, mientras intentaba salvar a heridos de las movilizaciones.

Sobre el anuncio del Gobierno de entregar 13.000 dólares a los parientes de las víctimas, Samillán aseveró que "ningún dinero va a devolver" las pérdidas del 9 de enero, cuando Juliaca (ubicada en el departamento de Puno, fronterizo con Bolivia) fue escenario de la jornada más sangrienta de las protestas en Perú, que en dos meses se han cobrado la vida de 70 personas, según diversas fuentes.

"Pido justicia", clamó en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) Demetrio Aroquipa, padre de una menor de 17 años fallecida en Juliaca.

Puno, una región andina ubicada a unos 1.400 kilómetros al sur de Lima, fue el epicentro de las protestas antigubernamentales desde que se retomaron en enero tras una tregua navideña y, actualmente, la región es la única en la que persisten las protestas.

"En Puno ha sucedido una masacre, han asesinado a personas civiles con armas de fuego. El Estado (...) no tiene derecho a matar", sostuvo Wilmer Quiroz, abogado de las víctimas.

DENUNCIAN CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Los familiares de los fallecidos en Juliaca llegaron a Lima para que "se sepa la verdad" y para "exigir justicia", insistió el abogado de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, Armando Halire Mamani.

El letrado denunció que existe una criminalización de los manifestantes, quienes fueron acusados por algunas autoridades y sectores de la sociedad peruana de "terroristas y comunistas" y vinculados a supuestos grupos criminales.

"Esto no va a acabar", advirtió Mamani, tras recordar que las protestas en el sur estallaron para "reclamar justicia" ante la falta de "servicios básicos" y las precarias condiciones de vida de la población.

"PUNO NO ES AJENO A PERÚ"

Los familiares de las víctimas criticaron, además, unas declaraciones de la presidenta, Dina Boluarte, quien en enero pasado afirmó que "Puno no es el Perú" al tratar de explicar que el país andino se extiende más allá de esa región.

"Somos parte de este país (...) somos de Puno y Puno no es algo ajeno a Perú", sentenció Samillán, quien preside la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero - Juliaca.

En otro momento, el abogado Quiroz lamentó que, hasta la fecha, la Fiscalía no haya citado "a ninguno de los agraviados" y la falta de "pericias importantes", así como de las declaraciones de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas.

Exhortó, en esa línea, al Ministerio Público a crear un grupo fiscalía especializada en Derechos Humanos en su región en aras de poder "sancionar a los responsables y que estos hechos no se vuelvan a repetir".

"Esta masacre no puede quedar impune. Se supone que somos un país civilizado", reiteró otro de los abogados, César Quispe.