No valió la pena

SAN SALVADOR. A fines de 2008, el presidente de El Salvador, Antonio Saca, ordenó finalizar la presencia militar en Irak. Este era el único país latinoamericano que sostenía ese apoyo. Se trató de una “aventura” militar, afirman críticos de la sociedad civil y sectores religiosos, que reclaman junto a la Procuraduría para la Defensa de los DDHH que Saca brinde un informe sobre lo que hicieron en Irak los soldados salvadoreños.

El último grupo, de 200 soldados, regresa de la ciudad de Al Kut, capital de la provincia de Wasit. El arzobispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, recordó que la Iglesia siempre se opuso al envío de soldados al país asiático, por ser el reflejo de “una política de total sumisión” a los intereses estadounidenses. El Salvador nunca “debió embarcarse en esa aventura; debemos aprender a hacernos respetar aunque seamos un país pequeño”, sostuvo Rosa Chávez. Para él, el retorno de los castrenses está en consonancia con el próximo “retiro” de las tropas estadounidenses.

EEUU inició la invasión a Iraq en marzo de 2003. El entonces presidente salvadoreño Francisco Flores dispuso en agosto de ese año el envío del primer contingente del batallón Cuscatlán. Desde entonces, 11 batallones salvadoreños se relevaron cada seis meses, al principio conformados por 380 soldados cada uno, luego reducidos hasta llegar a 200 efectivos. Al menos cinco uniformados murieron y más de una veintena fueron heridos en ataques de las fuerzas locales.

El gobierno salvadoreño siempre argumentó que la presencia militar en Iraq era en respuesta a un llamado de la comunidad internacional y como muestra de solidaridad a un pueblo hermano que luchaba contra el terrorismo. A fines del año pasado, Saca, tras considerar que la “misión había sido cumplida”, anunció que la retirada del Cuscatlán obedecía a la resolución 1790, adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2007, y que daba por concluida la presencia de la “fuerza multinacional” en ese país el último día de 2008.

Si bien el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha expresado su voluntad de efectuar la retirada de Iraq en 18 meses, ésta depende de un acuerdo con el gobierno de Iraq, que estriba en el grado de “estabilidad” que logre este último país en los próximos meses. Según el saliente ministro de la Defensa de El Salvador, Jorge Alberto Molina, la tropa de este país llevó a cabo al menos 300 proyectos de reconstrucción en más de seis años de presencia en Iraq.

Herminia Ramos, madre de Natividad Méndez, el primer salvadoreño muerto en Iraq, dijo estar contenta por el regreso de los soldados, pero agregó que nunca debieron estar allí porque los militares salvadoreños primero deben proteger a su “propio país”.

“Gracias a Dios que ellos regresarán pronto y estarán junto a sus familias, pero nosotros que perdimos a nuestros hijos nunca lo olvidaremos”, dijo emocionada Ramos. Tras la muerte de su hijo, el 4 de abril de 2004, el ejército prometió ayudarla. Pero únicamente le entregó una indemnización de 500 dólares. Ramos, de 50 años, es analfabeta y cabeza de una familia de seis hijos. “Siempre son familias pobres las que sufren estos dramas”, dijo el obispo Rosa Chávez.

A fines de 2007, una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública sostuvo que 83,4% de los entrevistados desaprobaban la presencia de tropas salvadoreñas en Iraq. El titular de la Procuraduría para la Defensa de los DDHH, Óscar Luna, considera que la población tiene derecho a conocer los resultados concretos de la operación en Iraq. Saca, como comandante de las Fuerzas Armadas y “responsable del envío de las tropas, debería brindar un informe sobre en qué han consistido las tareas de los militares”, reclamó Luna.

El Salvador fue el único país latinoamericano que mantuvo su apoyo material a la ocupación estadounidense, tras la deserción de Nicaragua, República Dominicana y Honduras. Desde un inicio “cuestionamos que, siendo un país pequeño, con pocos recursos y múltiples necesidades” el gobierno decidiera enviar tropas a Iraq, manifestó Abraham Ábrego, coordinador del programa de Derechos Humanos de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho. “Fue muy poco razonable mantener a los soldados en Iraq después que muchos países se retiraron, ya que no era una misión de paz. El ejército pudo dedicarse a labores sociales en nuestro país”, subrayó Ábrego.

Las llamadas a veteranos de guerra sobre las condiciones en que actuaron en Iraq fueron infructuosas. Muchos soldados desisten de hablar en público por temor a represalias del ejército. Mientras, Ramos sigue viviendo en una marginada zona rural en las afueras del municipio de Guaymango, a unos 100 kilómetros al occidente de San Salvador. Para ella, la muerte de su hijo “no valió la pena”.