Bangladesh aumenta la presión a la prensa antes de las elecciones

La aprobación en Bangladesh de una ley que prevé penas de cárcel por publicar "propaganda" contra el Estado y la detención de un fotógrafo acusado de "difamar" al Gobierno han generado inquietud entre los periodistas, que acusan al Ejecutivo de presionarles antes de las elecciones generales previstas este año.

El Parlamento bangladesí aprobó el pasado miércoles la controvertida Ley de Seguridad Digital que regula las infracciones cometidas en internet y tipifica como delitos la emisión de "propaganda negativa" contra el Estado, la guerra de independencia o contra el padre de la nación.

Revelar secretos de Estado podrá castigarse con cadena perpetua y la publicación de informaciones "falsas o distorsionadas" contra el país o la "difusión de rumores" podrá suponer hasta tres años de cárcel.

"La ley debilita la afirmación del Gobierno de que no tiene intención de recortar la libertad de expresión", dijo a Efe la directora de la organización Human Rights Watch (HRW) para el sur de Asia, Meenakshi Ganguly.

"Tiene varias normas que criminalizan formas de expresión vagamente definidas y restringen la práctica del periodismo. Me temo que la ley permitirá suprimir un gran rango de voces críticas", sentenció.

Iqbal Soban Chowdhury, asesor de la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, manifestó a Efe que la Ley de Seguridad Digital ha sido impulsada por el Gobierno para acabar con el "abuso" de la libertad.

"La libertad es esencial, pero al mismo tiempo también hay que controlar el abuso de ésta para protegerla. Por eso era necesaria esta ley", consideró Chowdhury.

Además de la aprobación de la ley, la detención el pasado 5 de agosto del reconocido fotógrafo bangladesí Shahidul Alam, acusado por la Policía de llevar a cabo una campaña difamatoria en las redes sociales durante unas protestas estudiantiles contra la inseguridad vial, también ha causado inquietud en el país.

El profesional gráfico de 63 años fue arrestado en su propia casa a medianoche después de que apareciese en la televisión catarí Al Yazira y permanece en prisión preventiva desde entonces.

"Shahidul es un pensador libre y dice lo que piensa, no era necesario que lo condenasen a prisión preventiva. Mañana por la mañana, yo mismo podría ir a prisión por lo mismo", indicó a Efe el editor jefe del diario local Manabjamin, Matiur Rahman Chowdhury.

Periodistas, activistas y académicos han asegurado que la detención de Alam y el tratamiento que le ha dado la justicia son un mensaje para todas las voces críticas antes de las elecciones generales de Bangladesh, previstas para diciembre de este año.

El arresto del fotógrafo se realizó en el marco de la Ley de Tecnologías de la Información y Comunicación, que entró en vigor en 2006 y ha sido muy criticada por entender que permite realizar una caza de disidentes.

Según datos de HRW, hasta abril de 2018 las fuerzas de seguridad presentaron 1.271 casos ante un tribunal especial de Dacca.

El amplio uso de esta norma ha causado una oleada de autocensura que ha debilitado todavía más a los medios de comunicación bangladesíes, afirmó el editor de Manabjamin.

"La autocensura está en sus niveles más altos ahora mismo. Nadie está llamando para pedir que se escriba o no sobre algo, pero lo hago por mi cuenta. Hay miedo en todas partes, y esto no era así antes", lamentó Chowdhury.

Algunos analistas han achacado la autocensura en los medios a las tácticas de intimidación del Gobierno bangladesí, que recurrió en el pasado a cerrar sitios web y retirar publicidad pública, aunque también han señalado a los ataques contra blogueros, intelectuales y escritores laicos por parte de radicales islámicos.

"No todo lo que está pasando es culpa del Gobierno. Pero si el Gobierno no puede asegurar las libertades individuales, entonces la responsabilidad última es suya", declaró a Efe la profesora de periodismo de la Universidad de Dacca Giti Ara Nasrin.

En opinión de la profesora, el Gobierno bangladesí tiene un "sentimiento de inseguridad" que le ha hecho aprobar una ley que podría ser más represiva que la anterior.

"Si tuviese la confianza de la población, no necesitaría pasar una ley tan represiva", sentenció.