El Constitucional italiano niega un referéndum para legalizar el cannabis

El Tribunal Constitucional italiano declaró este miércoles "inadmisible" la posibilidad de celebrar un referéndum para permitir el cultivo y el consumo del cannabis, según anunció el recién elegido presidente de la Corte, Giuliano Amato.

La consulta, promovida por organizaciones como la Asociación Luca Coscioni, quería proponer la despenalización del cultivo del cannabis para consumo propio siempre que no se destinara al tráfico clandestino, cancelando el actual delito de posesión y cultivo.

Amato, elegido presidente del Constitucional el 29 de enero y que ha decidido comparecer en una inédita rueda de prensa, dijo que la despenalización también iría en contra de acuerdos internacionales que "limitan indiscutiblemente" los referéndum.

Sobre todo porque la propuesta entregada a los jueces, dijo, alude también a otra sustancias estupefacientes, "hace referencia" a la coca o al opio.

Esta era una de las dos consultas propuestas por la Asociación Luca Coscioni, llevadas al Constitucional mediante la recogida de firmas.

La otra quería aprobar una forma de eutanasia en Italia pero fue asimismo declarada "inadmisible" por los jueces al "no garantizar la tutela mínima constitucionalmente necesaria de la vida humana".

El Tribunal debía valorar un total de ocho propuestas de referéndum, de las que al final rechazó tres: la de la eutanasia, la del cannabis y otra que pretendía favorecer la responsabilidad civil de los magistrados italianos en caso de condena errónea, actualmente asumida por el Estado.

Por contra se permitirán cinco referéndum que tienen que ver con el poder judicial, propuestos por la ultraderechista Liga de Matteo Salvini o por el Partido Radical, entre otros entes.

El primero quiere acabar con las corrientes políticas entre los jueces, eliminando la necesidad de que cada uno de los que se presentan a las elecciones para entrar al Consejo Superior de la Magistratura deban hacerlo con un número de firmas de "padrinos".

El segundo referéndum preguntará a los ciudadanos si quieren prohibir la posibilidad que un juez pase a ser fiscal y viceversa, un paso que actualmente se permite hasta en cuatro ocasiones.

El tercero, con el apoyo del Partido Radical, quiere limitar la posibilidad de mantener en custodia preventiva a un imputado.

En concreto, en caso de ser aprobado por los italianos, limitaría el artículo 247 del Código Penal y permitiría imponer una custodia cautelar de un acusado solo ante peligro de fuga, eliminado los otros dos supuestos: la posibilidad de que pueda contaminar pruebas o por que pueda reincidir.

El cuarto referéndum preguntará si se quiere derogar gran parte de la conocida como Ley Severino, aprobada durante el Gobierno tecnócrata de Mario Monti (2011-2013) y que impide la candidatura política de condenados a más de dos años de prisión.

La medida impide la candidatura a cargos italianos y europeos en un determinado abanico de delitos pero en el caso de alcaldes y concejales la suspensión se aplica ya a partir de la sentencia en primer grado, y esto es lo que se pretende eliminar.

El quinto referéndum tiene que ver con las elecciones internas en el Consejo Superior de la Magistratura.

Estas consultas, que suscitan un encendido debate en Italia, según la ley en vigor, deberán celebrarse entre el 15 de abril y el 15 de junio, por lo que podían unirse a las elecciones municipales que implicarán a miles de ayuntamientos y 25 capitales de provincia, desde Verona (norte) a Palermo (sur).

De este modo se podría animar la participación, porque para que los resultados del referéndum sean considerados válidos debe votar la mitad del censo electoral.