Absuelto en Italia un activista que acompañó a un enfermo a morir a Suiza

Un tribunal de Milán (norte de Italia) absolvió hoy al activista italiano a favor de la muerte digna Marco Cappato del cargo de ayuda al suicidio al que se enfrentaba por haber acompañado a morir en 2017 a un hombre a una clínica suiza.

El caso había retornado a la corte milanesa después de que el Tribunal Constitucional italiano, en una histórica sentencia, dictaminara el pasado septiembre que no siempre es punible el suicidio asistido a un enfermo con una patología irreversible.

Cappato acompañó en febrero de 2017 a una clínica suiza a Fabiano Antoniani, de 40 años y conocido como Dj Fabo, que quedó tetrapléjico y ciego tras un accidente de tráfico y deseaba quitarse la vida.

La sentencia del Constitucional abrió el debate sobre la eutanasia en Italia, donde existe un vacío legal al respecto.

"A la luz de las conclusiones del Tribunal Constitucional, Marco Cappato debe ser absuelto porque el hecho no existe. Solicitamos la absolución...Dj Fabo era libre de elegir morir con dignidad", dijo a la sala la fiscal adjunta, Tiziana Siciliano.

Unas palabras que fueron seguidas de un gran aplauso de los asistentes.

La prometida del Dj Antoniani, Valeria Imbrogno, expresó su satisfacción por la sentencia: "Fabiano me hubiera pedido que lo celebrara, hemos conseguido la victoria para él: siempre luchó, estoy feliz. La batalla continúa para todos los demás, porque cuando comenzó, realmente quería que fuera una batalla de libertad para todos y hoy lo ha conseguido", señaló.

Según el tribunal, el hombre fallecido, Dj Fabo, cumplía las condiciones identificadas por el Constitucional para excluir que el acompañamiento a una persona enferma a morir se considere un delito.

Ello porque Antoniani padecía "una patología irreversible que le causó" un grave sufrimiento físico y psicológico", dependía de las máquinas que lo mantenían con vida y tomó una decisión libre y consciente de morir.

Marco Cappato, antiguo eurodiputado y miembro del Partido Radical, era juzgado acusado de violar el artículo 580 del Código Penal italiano, que sanciona con penas de prisión de entre uno y doce años a "quien determine el suicidio o alimente el propósito de suicidio de otra persona".

El caso llegó al Constitucional después de que el Tribunal Penal de Milán decidiera en febrero de 2018 consultarle la constitucionalidad de dicho artículo antes de emitir una sentencia.

El fallo consideró que no es punible la ayuda a morir en casos de "pacientes mantenidos vivos mediante tratamientos de soporte vital y que sufren de una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que considera intolerable, pero que es totalmente capaz de tomar decisiones libres y conscientes".