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- 23/09/2008 02:00
- 23/09/2008 02:00
LA PAZ. El cuarto día de negociaciones entre el presidente, Evo Morales, y cinco prefectos opositores para superar la crisis política que atraviesa Bolivia concluyó sin señales de haber logrado un acuerdo.
Mientras el gobierno insistía en la necesidad de firmar un primer acuerdo antes de finalizar la jornada, los opositores indicaban que se debe cumplir con el plazo de 30 días acordado inicialmente.
“Mi gran deseo es terminar ese diálogo, sobre todo con acuerdos generales que permitan garantizar la autonomía y la nueva Constitución”, dijo el mandatario en rueda de prensa. El presidente buscaba lograr acuerdos antes de viajar a Nueva York para participar en la asamblea de Naciones Unidas, en la que pedirá la solidaridad internacional, pero esto no fue posible.
Por su parte, el líder opositor Mario Cossío, prefecto de Tarija, señaló que “hay un plazo de 30 días para discutir los temas del diálogo (...) y no creemos que estemos en condiciones para firmar algo que signifique la aprobación a ciegas de un texto constitucional”. Un preacuerdo, firmado el jueves pasado entre ambas partes, estableció la suspensión por un mes de la convocatoria al referendo de aprobación de la Constitución Política del Estado que promueve Morales.
CERCO A SANTA CRUZ
En respuesta a la postura de la oposición, sectores sociales afines al gobierno “amenazaron, en rueda de prensa, que si no hay un acuerdo al final de la jornada, radicalizarían el bloqueo a la ciudad de Santa Cruz”, dice la colaboradora de BBC Mundo en La Paz, Mery Vaca.
Aunque, aclara la corresponsal, “Santa Cruz está prácticamente cercada”.
Morales busca un consenso para someter a referendo una nueva Constitución socialista, con la que pretende profundizar la nacionalización de la economía, dar más poder a la mayoría indígena y entregar propiedades de los terratenientes a campesinos pobres.
Pero, la oposición de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde se concentra la mayor riqueza de Bolivia, exige mayor autonomía, distribución de un impuesto petrolero y se resiste a una reforma agraria que perjudique a sus terratenientes.
Los enfrentamientos entre opositores y seguidores del presidente dejaron al menos 30 muertos, según cifras oficiales, la mayoría en Pando. En esa prefectura, el gobierno decretó el estado de sitio y el ejército detuvo al gobernador Leopoldo Fernández, quien supuestamente ordenó una matanza de campesinos oficialistas.