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Administración Trump busca que indocumentados paguen más del triple por estudiar en la universidad
- 01/09/2026 10:06
Las demandas contra 21 estados amenazan las matrículas reducidas de miles de jóvenes migrantes, quienes podrían enfrentar costos superiores a $44,000 anuales
La Administración del presidente Donald Trump amplió su batalla judicial contra las políticas que facilitan el acceso de estudiantes indocumentados a universidades públicas de Estados Unidos.
Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington se convirtieron en los cuatro nuevos estados demandados por el Gobierno federal debido a que permiten que ciertos alumnos sin estatus migratorio legal paguen las mismas tarifas de matrícula que los residentes. Con estas acciones, ya son 21 los territorios llevados ante los tribunales por mantener programas similares.
Las demandas forman parte de la política migratoria impulsada por Trump, cuyo Gobierno sostiene que los extranjeros indocumentados reciben beneficios públicos que no siempre están disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses.
La disputa podría definir el futuro académico de miles de jóvenes, especialmente de los llamados dreamers, quienes llegaron a Estados Unidos durante su infancia, cursaron la escuela secundaria en el país y consideran esas comunidades como su hogar, aunque no cuenten con documentos migratorios.
Una diferencia de más de $31,000
El resultado del conflicto tendrá un impacto directo en el costo de la educación superior. En Estados Unidos, las universidades públicas aplican tarifas considerablemente más bajas a quienes califican como residentes del estado.
La demanda federal señala que, durante el año académico 2026-2027, un residente de Washington pagaría $13,406 en la Universidad de Washington. En cambio, un estudiante procedente de otro estado tendría que desembolsar $44,460.
La diferencia supera los $31,000 y puede determinar si un alumno logra iniciar o continuar una carrera universitaria.
Esta brecha resulta todavía más difícil de afrontar para las familias indocumentadas, cuyos integrantes suelen desempeñar trabajos con salarios bajos y tienen acceso limitado a becas, préstamos y programas de asistencia financiera.
Las normas cuestionadas permiten que los alumnos sin residencia legal accedan a la tarifa estatal si cumplen una serie de requisitos. Generalmente, deben haber estudiado y recibido su diploma de secundaria en el territorio correspondiente, residido allí durante un periodo determinado y comprometerse a solicitar la residencia permanente cuando sean elegibles.
Estados rechazan intromisión federal
Gobernadores, fiscales generales y representantes estatales denunciaron que la Administración de Trump intenta intervenir en una materia que corresponde a las autoridades locales.
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, aseguró que su administración no cambiará la manera en que ofrece oportunidades educativas a los jóvenes y anticipó que defenderá la política ante los tribunales.
“No permitiremos que se presione al Estado de Washington para que cambie la forma en que brindamos oportunidades a los jóvenes de nuestro Estado. Nos veremos en los tribunales, y esperamos ganar”, afirmó.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, también prometió enfrentar la demanda. Argumentó que el conflicto no solo involucra los derechos de los estudiantes, sino la facultad de cada estado para establecer sus propias normas educativas.
En Arizona, la Proposición 308 —aprobada por los votantes— determina la elegibilidad para las tarifas reducidas según el lugar donde el alumno asistió a la escuela y se graduó, en vez de basarse exclusivamente en su condición migratoria.
Mayes subrayó que el Gobierno federal pretende impedir que los dreamers puedan costear sus estudios en colegios comunitarios y universidades, pese a que muchos completaron toda su formación escolar en territorio estadounidense.
El argumento de la Administración Trump
El Departamento de Justicia fundamenta sus demandas en una ley federal aprobada en 1996. La normativa establece que, si un estado ofrece matrículas para residentes a extranjeros indocumentados basándose en su lugar de residencia, debe extender el mismo beneficio a todos los ciudadanos de Estados Unidos, independientemente de dónde vivan.
La Administración republicana considera que las políticas estatales colocan a los extranjeros por encima de los ciudadanos estadounidenses.
“Hasta la fecha, hemos demandado a 21 Estados que, según alegamos, estaban contraviniendo la clara prohibición del Congreso de anteponer a los extranjeros a los ciudadanos”, declaró Stanley E. Woodward Jr., fiscal general adjunto asociado.
El funcionario aseguró que las acciones continuarán hasta cumplir la promesa de Trump de impedir que los migrantes indocumentados reciban beneficios rechazados a ciudadanos estadounidenses.
Los estados cuestionan esa interpretación. Sus autoridades sostienen que las matrículas reducidas no se conceden únicamente por vivir en un territorio, sino por haber cursado allí la educación secundaria, obtener un diploma local y satisfacer otros criterios académicos.
Fallos distintos en los tribunales
Desde 2001, cerca de la mitad de los estados, además del Distrito de Columbia, han adoptado alguna política de igualdad en las matrículas universitarias. Algunos también permiten que estudiantes indocumentados accedan a programas de ayuda financiera.
Sin embargo, la situación varía considerablemente dentro del país. Georgia y Carolina del Sur impiden que quienes no sean ciudadanos o residentes permanentes ingresen a determinadas instituciones públicas de educación superior.
Nebraska, Oklahoma, Texas e Illinois eliminaron sus políticas después de recibir fallos judiciales desfavorables. En Kentucky, un juez respaldó el argumento del Gobierno federal, pero el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación, conocido como Maldef, apeló la decisión.
El panorama fue diferente en Minnesota, donde un juez federal desestimó en marzo una demanda similar. El Departamento de Justicia busca revertir esa resolución mediante una apelación.
Connecticut, Nueva York, Vermont, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Colorado y Maryland figuran entre los demás estados demandados por la Administración de Trump.
Organizaciones alertan sobre el futuro de los dreamers
United We Dream, organización que defiende a los jóvenes inmigrantes, denunció que las demandas amenazan conquistas obtenidas después de años de movilizaciones.
El grupo considera que eliminar las matrículas estatales mantendría a los alumnos indocumentados alejados de los títulos universitarios y de empleos mejor remunerados. También aumentaría su endeudamiento y profundizaría la desigualdad económica.
Mientras el Gobierno federal presenta sus demandas como una defensa de los ciudadanos estadounidenses, los estados afectados sostienen que excluir a jóvenes formados en sus escuelas constituye una medida discriminatoria.
La batalla judicial determinará si las autoridades locales pueden continuar estableciendo sus propios criterios para conceder matrículas reducidas o si deberán aplicar las restricciones migratorias defendidas por la Casa Blanca.
¿Por qué Trump demandó a 21 estados por las matrículas de estudiantes indocumentados?
El Gobierno sostiene que las tarifas reducidas conceden beneficios indebidos, mientras los estados afirman que dependen de la escolaridad y no del estatus migratorio.
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