Lugo se enfrenta con funcionarios

ASUNCIÓN. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se enfrenta con la protesta de unos 240,000 trabajadores y una posible huelga general del sector luego de que vetara el jueves una ley aprobada por el Congreso que restablece la jornada laboral de seis horas para los funcionarios públicos.

Los empleados amenazan ahora con medidas de fuerza y acciones judiciales para plantear la inconstitucionalidad de la decisión de Lugo.

Las presiones de los trabajadores convergen con la férrea oposición en el Congreso de la mayoría de los partidos políticos. Todo esto ha intensificado el ambiente de crispación y tensiones en el país.

FRENTE A FRENTE

El veto a la ley que reconoce el derecho adquirido por los funcionarios públicos a una jornada laboral de seis horas diarias pone, por primera vez en dos años, frente a frente al gobierno con sus empleados.

La argumentación del decreto firmado por Lugo sostiene que los trabajadores ‘mantienen un régimen de privilegio’ con respecto a los empleados del sector privado y que una necesaria modernización del Estado requiere turnos de ocho horas.

Apenas conocido el veto, la Secretaría de la Función Pública afirmó en un comunicado que ‘la instauración de un esquema de privilegios no contribuye a la construcción de una sociedad justa’ y aseguró que el país ‘ha sufrido funestas consecuencias derivadas de la ausencia de igualdad ante la ley’.

En Paraguay, los empleados estatales hicieron turnos de seis horas desde la primera mitad del siglo pasado hasta 2009, año en que el gobierno de Lugo comenzó a obligarlos a cumplir ocho horas diarias.

‘La jornada de seis horas es un derecho adquirido por los trabajadores del Estado, figura contemplada y garantizada por la Constitución Nacional y el Código Laboral, lo que convierte al presidente en violador de la Carta Magna y las leyes laborales’, le dijo a BBC Mundo Julio López, secretario ejecutivo de la Mesa Coordinadora Sindical.

López amenazó con una huelga general si el Congreso no se ratifica en el proyecto de ley impugnado por Lugo.

PROTESTAS Y PAROS

Unos 30,000 docentes, agrupados en la Federación de Educadores del Paraguay, iniciaron un paro el martes en reclamo de un reajuste salarial de entre el 6% y 12% y del pago del sueldo a 2,500 maestros que trabajan ad honórem.

Sin embargo, al día siguiente levantaron la medida de fuerza.

Por su parte, el gremio de conductores del transporte público de pasajeros comenzó una huelga de dos días, pero la suspendió para negociar con el gobierno y le dio plazo hasta el 11 de junio, como fecha límite, para que se le otorgue un reajuste salarial del 15%.

NEGOCIACIÓN CON LA OPOSICIÓN

Lugo inició una serie de visitas a los partidos políticos, tanto oficialistas como opositores, para intentar que depongan actitudes hostiles y reducir al mínimo las tensiones.

Sin embargo, tanto en su encuentro con el oficialista Partido Liberal Radical Auténtico, como en los efectuados con los opositores partidos Colorado y Unión Nacional de Ciudadanos Éticos sólo recibió críticas y reclamos.

Por el momento, el único sector que apoya incondicionalmente al mandatario es el Frente Guasú (Frente Grande, en guaraní), un conglomerado de agrupaciones de izquierda socialdemócrata y organizaciones sociales fundamentalmente campesinas.

No obstante, los principales dirigentes del Frente Guasú invitaron a Lugo al Congreso Campesino que se realizará el 10 de junio, en el que le volverán a insistir en la necesidad de impulsar la reforma agraria, recuperar tierras presuntamente apropiadas de manera fraudulenta por personas de gobiernos anteriores y aplicar impuestos a la soja, el trigo y el girasol.