OEA y el reclamo de Costa Rica

Durante la crisis de Costa Rica, presentada inicialmente ante el Consejo Permanente el 3 de noviembre pasado, la Organización ha logrado algo no visto en mucho tiempo: acabar con el mito del consenso. Ese instrumento ha servido para que algunos países ejerzan una especie de veto en la OEA, porque donde no se da el consenso no se logra tomar una decisión, como ha sido el caso de Honduras. Esa inacción es una de las grandes críticas que a diario se reciben de todas partes del continente.

Costa Rica, a través de su Canciller René Castro, pero particularmente de su Representante Permanente ante la OEA, Embajador José Enrique Castillo, desde el primer momento presentó el problema en la perspectiva que era: un asunto de soberanía, al haber ingresado en su territorio tropas nicaragüenses. Nicaragua, sin éxito alguno, trató de desviar el asunto en tres vertientes: la primera, que ellos estaban en todo el derecho de dragar el Río San Juan, derecho que nadie le disputa. Segundo, que se trataba de un asunto de límites, algo que por primera vez Costa Rica escuchaba y, finalmente, que ellos estaban combatiendo a narcotraficantes y el crimen organizado en el área en conflicto, algo fuera de la discusión que se planteaba.

Ese primer día, por consenso, se aprobó que el Secretario General visitara los dos países, consultara a sus presidentes, visitara las áreas conflictivas y, como siempre hace, rindiera un informe ante el Consejo Permanente. Insulza hizo algo más: puso a los dos presidentes a conversar telefónicamente. Ello motivó que llegara a pensar que el conflicto se resolvería a su regreso, ya que ambas partes accedían a retirar del área en disputa todas las fuerzas armadas y de seguridad. Ello fue plasmado en el Informe que el Secretario General presentó en el Consejo Permanente del 9 de noviembre.

Ese día Nicaragua volvió a repetir los mismos argumentos de la primera ocasión. Luego de una larga sesión, precedida de innumerables reuniones privadas para lograr el consenso, ello no se logró. Se fue a la votación del Informe Insulza: 22 a favor (incluyendo a Panamá), 2 en contra (Nicaragua y Venezuela), 3 abstenciones (Ecuador, Dominica y Guyana) y un híbrido de ‘no voto’ emitido por Bolivia. De acuerdo a esta resolución, Nicaragua debía desocupar de militares el área disputada, como precondición para iniciar conversaciones bilaterales con Costa Rica, lo que Nicaragua negó haría, amenazando con retirarse de la OEA, algo que no hará por todo lo que perdería de ir de las palabras a los hechos. La misma votación se dio cuando el Consejo Permanente aprobó convocar a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, instancia superior al Consejo Permanente, para que el 7 de diciembre trate de buscar una solución a la crisis.

La lección de todo lo ocurrido es que se acabó el mito del consenso, herramienta como algunos países han estado entorpeciendo el desarrollo de la OEA. Puede que este instrumento viejo en existencia pero que no se ponía en práctica, como lo son las votaciones, permita agilizar las a veces lentas tomas de decisiones de la organización hemisférica.