El Congreso remueve a contralor de Perú

La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este lunes la vacancia del contralor general de la República, Édgar Alarcón, por irregularidades en su gestión y tras la controversia por la difusión de audios de sus reuniones con varios ministros de Estado.

La vacancia de Alarcón fue aprobada por 22 votos a favor y una abstención, después de escucharlo defenderse con el argumento de que ha sido blanco de ataques por haber dado un informe negativo a un proyecto impulsado por el Gobierno.

‘Todo se hubiera evitado si se daba información favorable al aeropuerto de Chinchero', declaró Alarcón en alusión al suspendido proyecto de construcción del nuevo aeropuerto en Cuzco.

Alarcón denunció que varios ministros de Estado se reunieron con él para presuntamente presionarlo para que diera un informe favorable al proyecto de Chinchero y los audios de esos encuentros fueron difundidos por los medios locales.

A raíz de esos audios, el Congreso retiró la confianza al exministro de Economía Alfredo Thorne y también provocó la renuncia del extitular de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra.

‘Yo no grabo, no es mi costumbre. Si hoy me remueven, el próximo a nombrar no garantiza la lucha contra la corrupción', afirmó Alarcón a los integrantes de la Comisión Permanente antes de que votaran por su vacancia.

Una comisión legislativa, presidida por el legislador izquierdista Marco Arana, pidió remover al contralor por falta de solvencia e idoneidad moral, por supuestamente haber incurrido en cuatro faltas graves.

Estas fueron el ‘sometimiento ante un subalterno, en este caso ante el auditor Walter Grados', para evitar que se denunciara un hecho irregular, ‘hacer un negocio' con un proveedor de la misma Contraloría, la omisión de información relevante en sus declaraciones juradas y pagar beneficios sociales indebidos a una extrabajadora del organismo, quien es madre de sus hijos.

Alarcón ya se había presentado ante la comisión del Congreso para responder por las acusaciones que le imputan la presunta comisión del delito de lavado de activos por haberse dedicado a la compraventa de vehículos de lujo, una actividad que tenía prohibida por ser funcionario.