"Los derechos humanos parecen ser un tema tóxico para Peña Nieto"

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, analizó la situación de los derechos humanos en México, Venezuela y Colombia, países en el ojo del huracán de la región latinoamericana, cuyo talón de Aquiles sigue siendo la impunidad.  Vivanco cuestionó la política de derechos humanos del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto,  sobre todo porque, dice, “reaccionó mal y tarde ante la crisis de Iguala”. El experto no prevé soluciones fáciles para remontar la gravísima crisis institucional que enfrenta Venezuela, y se mostró preocupado por los “graves abusos cometidos por las guerrillas y los grupos neo-paramilitares” en Colombia, pese a que la administración Santos y las FARC negocian en La Habana una salida al conflicto armado de medio siglo que ha desgarrado al país.

La forzada desaparición de los 43 estudiantes en Iguala ha terminado por desenmascarar la crisis de los derechos humanos en este país. ¿Es México un Estado fallido?

México hoy está ante la más grave crisis de derechos humanos en el país de los últimos años. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala es una de las peores atrocidades que hemos visto en México en años, pero no se trata de un incidente aislado. Por el contrario, según cifras oficiales, se desconoce el paradero de más de 22,000 personas desaparecidas desde el año 2006, de las cuales no se sabe cuántas son presuntas desapariciones forzadas. El gobierno de México tiene el tremendo desafío por delante de encontrar a las miles de personas desaparecidas y llevar a los responsables de los delitos ante la justicia.

¿Qué tendría que hacer, entonces, el Gobierno mexicano? Pues, según usted, las nuevas medidas del presidente  no hacen más que  “reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio”...

El gobierno mexicano debería tomarse seriamente la grave crisis que enfrenta y priorizar la lucha contra la impunidad generalizada en el país. El problema de fondo es que para  Peña Nieto los asuntos de derechos humanos parecen ser un tema tóxico que hay que abordar con soluciones cosméticas e improvisadas para superar la crisis del momento. Sin duda, en el caso de Iguala, el gobierno federal reaccionó mal y tarde, pero esto parece ser parte de un patrón más amplio y preocupante de no darle la trascendencia que merecen estos temas.

¿Alguna medida acertada de Peña Nieto?

Una de las pocas buenas iniciativas del gobierno de Peña Nieto para abordar la grave crisis de las desapariciones fue la creación de una unidad especial en la Procuraduría General de la República para investigar los casos de desaparición forzada y buscar a personas cuyo paradero se desconocía. Sin embargo, al año de su creación, el gobierno dispuso una reducción drástica de su presupuesto de más del 50 por ciento. No sorprende que los resultados de esta unidad, por más buena voluntad que tengan quienes trabajan allí, dejen mucho que desear.  Si el gobierno mexicano quisiera mejorar su récord, una de las medidas que podría tomar, por ejemplo, es, en vez de debilitar la unidad, dotarla de todos los recursos y el apoyo técnico y político que necesita para mostrar resultados.

Mirando al Sur.  En el Simposio de la Democracia en las Américas se señaló que Venezuela es uno de los cinco países del mundo donde los derechos humanos son inexistentes. ¿Es otro Estado fallido?

El 2014 ha sido uno de los peores años para los derechos humanos en Venezuela. Desde hace más de una década, en este país tiene lugar una concentración cada vez mayor del poder, así como limitaciones a la libertad de expresión y falta de independencia judicial. En el 2014, las fuerzas de seguridad venezolanas respondieron con fuerza bruta a las   protestas mayormente pacíficas. Los manifestantes y transeúntes que fueron detenidos sufrieron rutinariamente gravísimas violaciones a sus derechos al debido proceso. En varios casos, con el apoyo y participación de pandillas armadas partidarias del gobierno. La gran mayoría de las investigaciones penales por estas violaciones siguen sin resolución.

¿Alguna solución al respecto?

No hay soluciones fáciles para remontar la gravísima crisis institucional que enfrenta Venezuela, pero debería comenzar por adoptar medidas para volver a contar, de a poco, con una justicia independiente que pueda poner un freno a los abusos de poder del gobierno. También, es indispensable que sean liberados todos aquellos que están detenidos arbitrariamente, empezando por Leopoldo López.

Es contradictorio que se haya sentado en el Consejo de Seguridad de la ONU y con un unánime apoyo de los países de la región...
La elección de Venezuela al Consejo de Seguridad, y que otros países latinoamericanos la hayan apoyado para llegar allí, es un escándalo.

¿Qué papel jugará?

La conducta de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es muy reveladora para anticipar cuál será la posición del presidente Nicolás Maduro. En el Consejo de Derechos Humanos ha votado constantemente para evitar el escrutinio internacional en aquellos países que registran las más graves violaciones de derechos humanos, pero que son sus aliados estratégicos. Se trata de un excelente ejemplo de un doble rasero descarado. Concretamente, Venezuela votó en contra de resoluciones que condenaban atrocidades en Corea del Norte, Siria, Irán, Sri Lanka, Bielorrusia, y Ucrania. Esta práctica descalifica a Venezuela como un miembro responsable y serio ante una instancia internacional con la responsabilidad de enfrentar conflictos, y con criterio para definir cómo deben penarse las violaciones masivas y manejarse las crisis humanitarias en todo el mundo.

Uno de sus vecinos, Colombia, presenta también una larga trayectoria de violaciones de DDHH y torturas... ¿Cómo está la situación actualmente?

Ha habido algunos avances durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, en Colombia persisten problemas de derechos humanos muy serios. La población civil sigue sufriendo graves abusos cometidos por guerrillas y grupos neo-paramilitares. Estos últimos han mantenido “casas de pique” en el puerto de Buenaventura, donde descuartizan a personas, tal como se documentó en el 2014. Por otro lado, nos preocupa mucho que el gobierno de Santos siga promoviendo proyectos legislativos para ampliar la jurisdicción de la justicia penal militar sobre casos de violaciones de derechos humanos, incluyendo miles de casos de asesinatos de civiles que se conocen en Colombia como “falsos positivos”.

Las negociaciones de paz se encuentran relativamente en una fase avanzada, y parece que el cese al fuego unilateral se está cumpliendo. ¿Cuál es su postura al respecto?

Apoyamos plenamente al proceso de paz. Diría que representa una oportunidad sin precedentes para terminar con el conflicto y reducir las violaciones de derechos humanos en el país.

¿Cree que la impunidad va a ser el precio que se pagará para una solución política al conflicto?

Tenemos serias objeciones frente a una reforma constitucional que el gobierno aprobó. Ésta permitiría la impunidad generalizada de atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en caso de que se firme la paz en La Habana. La reforma limitaría el juzgamiento de atrocidades a quienes se identifique como los “máximos responsables” y ofrecería inmunidad legal a todos los demás implicados. Además, la reforma ofrece “penas alternativas” a estos “máximos responsables”. Por ejemplo, el Fiscal General propuso que una pena alternativa para los más altos mandos de las FARC podría ser el trabajo comunitario, en vez de ir a la prisión, lo cual sería una burla para las víctimas.

En el caso colombiano, ¿usted aceptaría hasta cierto margen de impunidad sólo por poner fin a este conflicto de medio siglo?

Se pueden reducir penas de prisión, pero ya no estamos en los años 80 y 90, cuando los amnistías e indultos eran parte de los procesos de paz. Felizmente, durante las últimas décadas, el derecho internacional ha evolucionado para proteger los derechos de las víctimas. La Corte Penal Internacional ha estado muy pendiente de las negociaciones en Colombia, y en varias oportunidades ha advertido que podría abrir una investigación en el país si no hay un castigo genuino para los responsables de crímenes de lesa humanidad.

EEUU Y CUBA

"Una bocanada de aire fresco"

En cuanto a la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tras medio siglo de hostilidades, el director de HRW para las Américas señaló que el giro radical en la política exterior del presidente Barack Obama hacia Cuba es “una bocanada de aire fresco”, que ofrece la posibilidad de lograr avances genuinos en materia de derechos humanos, si el gobierno de EEUU actúa inteligentemente. Para Vivanco, la mejor alternativa para promover los derechos humanos, la independencia judicial, las elecciones libres, los sindicatos independientes y la libertad de expresión en Cuba es que el gobierno estadounidense entienda que hay que “trabajar multilateralmente”.“Si se involucra a las principales democracias de la región en la relación con Cuba, es mucho más probable que esto obligue al gobierno cubano a mejorar su récord en derechos humanos”, explica. “Da la impresión que Obama así lo entiende”, añade. El experto recuerda, no obstante, que no hay que ser ilusos y creer que la situación va a mejorar de la noche a la mañana, sino que será “un proceso largo y  frustrante”.