Uruguay y la marihuana

Con la legalización de la producción y venta de marihuana, Uruguay se ha convertido en un pionero. El país que preside José Mujica ya pe...

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Con la legalización de la producción y venta de marihuana, Uruguay se ha convertido en un pionero. El país que preside José Mujica ya permitía el consumo de marihuana, y en adelante será una nueva entidad estatal la que controle la producción y emita licencias para la venta de esta sustancia psicotrópica.

Según las encuestas, dos tercios de los uruguayos rechazan la legalización. Por eso el propio Mujica ha dicho que la ley ‘no es bonita’, pero que es la consecuencia del fracaso contra la represión como fórmula para impedir la producción ilegal, el tráfico y el consumo. Las autoridades uruguayas son perfectamente conscientes de que la marihuana es una sustancia adictiva y si han impulsado su legalización es porque en el último medio siglo, ni ese país ni ningún otro, han sido capaces, a través de las políticas prohibicionistas, de erradicar el narcotráfico, y toda la organización criminal que se mueve en torno al mismo.

El debate sobre la legalización de ciertas drogas ha cobrado vigor en la región en los últimos años, porque países como Colombia o Guatemala son partidarios de la misma. En Europa, Holanda permite desde 1976 el consumo de marihuana en los coffe shops, y en los EEUU, Washington y Colorado han legalizado el consumo del cannabis con fines terapéuticos. Sin embargo, el debate es muy intenso entre los partidarios de la legalización y los que creen que esta incentivaría el consumo y sería gravemente perjudicial para la salud de la ciudadanía, sin que ello terminase con la economía criminal del narcotráfico. En el mundo la mayoría de los países y gobiernos desarrollan políticas represivas contra el narcotráfico, y también contra la autoproducción, al mismo tiempo que impulsan campañas preventivas para desincentivar el consumo de drogas. En este sentido, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Onudc) condenó la nueva legislación uruguaya y acusó al país de vulnerar la Convención sobre Narcóticos de 1961, señalando que la ley es un paso atrás.

El Frente Amplio, partido impulsor de la legislación uruguaya, ha reconocido que está impulsando un experimento que puede salir mal, e incluso ha dicho que si tuviese efectos perversos o negativos, estarían dispuestos a dar marcha a atrás. Dado que el debate está abierto y que no se va a resolver en poco tiempo, será necesario hacer seguimiento y estudio de las consecuencias de la novedosa legislación uruguaya para ver si la valentía de su Gobierno tiene recompensa o termina en estrepitoso fracaso.

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